ADUANAS

El nuevo carné por puntos trae más seguridad y una sangría económica para los conductores

Xavier Gil Pecharromán

El próximo 1 de julio entrará en vigor en España el carné por puntos, que convertirá a España en el país de la Unión Europea con la legislación más dura de su entorno para reducir las cifras de mortalidad en carretera que en nuestro país se sitúan en una media de diez muertos diarios.

Esta entrada en vigor responde a la política establecida por el director general de Tráfico, Pere Navarro, que aseguraba que <i>los mejores resultados en seguridad vial se dan con sistemas de autoridad</i>, postura que ha dividido las opiniones entre muchos juristas de prestigio y representantes de asociaciones de conductores.

El próximo 1 de julio entrará en vigor en España el carné por puntos, que convertirá a España en el país de la Unión Europea con la legislación más dura de su entorno para reducir las cifras de mortalidad en carretera que en nuestro país se sitúan en una media de diez muertos diarios.<br /><br />
Esta entrada en vigor responde a la política establecida por el director general de Tráfico, Pere Navarro, que aseguraba que <i>los mejores resultados en seguridad vial se dan con sistemas de autoridad</i>, postura que ha dividido las opiniones entre muchos juristas de prestigio y representantes de asociaciones de conductores.

El debate tiene dos vertientes fundamentales. De un lado, jurídica, ya que la retirada de los puntos, no se considera una sanción administrativa, como ocurre en Francia, sino una pérdida de los requisitos para poder conducir y, por tanto, cuando sea firme, no se podrá recurrir ni por la vía penal ni por la administrativa, ya que la pérdida de puntos no va ligada a la sanción administrativa y, además, existirá una diferencia entre nacionales y extranjeros, puesto que no se podrán retirar puntos a quienes conduzcan con carnés expedidos fuera de España, ya que cada país es soberano para establecer los requisitos que habilitan para la conducción.

La segunda vertiente del carné por puntos es sancionadora, puesto que las nuevas medidas, a parte de las multas administrativas impuestas, supondrán un incremento de 18 millones de euros por pago de las tasas de los cursos para que cerca de 9.000 conductores recuperen anualmente el carné en todo el país y más de 90 millones de euros en los cursos para recuperar los puntos perdidos, según cálculos de Automovilistas Europeos.

Que esta dimensión económica es importante lo demuestran las estadísticas francesas, modelo que nuestras autoridades han copiado de manera más o menos literal, han aumentado los que circulan con el permiso retirado, sin asistir a los cursos, aunque esta infracción esté tipificada como delito.

El endurecimiento de radares ha supuesto un fuerte incremento de las multas y será el instrumento por excelencia de la retirada de los puntos. Así las cosas, se hace necesario una nueva cobertura en los seguros del vehículo que cubra la prohibición de conducir.

Las compañías han empezado a plantear pólizas pagar la asistencia a los cursos para recuperar puntos o el permiso, incluyendo, además, la opción de contratar el subsidio por 'privación temporal del permiso de conducir', que suscriben principalmente autónomos y personas que necesitan el coche como herramienta de trabajo, lo que supondrá un subsidio por cada día sin el permiso.

Finalmente, se plantea otro problema jurídico-económico para las empresas, ya que tanto el Estado, como las administraciones autonómicas con competencias de tráfico y los ayuntamientos, preparan sus reglamentos para obligar a las empresas a que revelen el nombre del conductor sancionado al volante de un vehículo a nombre de la sociedad.
Se trata de que las multas que se impongan no queden en el anonimato y que no las abone la empresa sin la correspondiente sanción por puntos al conductor. En el caso de que la empresa no desvele el nombre del conductor, se iniciará un proceso jurídico sancionador contra la misma.

En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el consistorio ha creado un censo de empresas con las que mantiene un convenio de colaboración que permite agilizar las tareas de identificación de los conductores de sus vehículos en caso de infracciones, lo que evita burocracia para todos.

Por cierto, que en el tristemente famoso puente de mayo, la Dirección General de Tributos informaba de que 4 de cada 5 fallecidos en las carreteras murieron en carreteras secundarias. Las conclusiones de Tráfico muestran que el descenso de las tasas de accidentes está directamente relacionado con el aumento de la inversión en infraestructuras, así como con las medidas de seguridad pasivas de los automóviles. La pelota queda en el "alero" de las Administraciones Públicas.