Monitor de la Construcción
Iniciativas contra la accidentabilidad
La accidentalidad es una de las peores lacras de nuestra época y afecta especialmente a los ámbitos de la carretera y de la actividad laboral, sobre todo en sectores como la industria, la construcción o los servicios. Junto al drama humano y familiar que suponen, tiene un coste inasumible socialmente, desmesurado en términos económicos y, en muchos casos, sus víctimas se concentran en la franja demográfica de personas más activas, con mayor perspectiva de trabajo y de actividad prolongada.
Por tanto la lucha contra esta lacra es una prioridad incontestable y los esfuerzos por alcanzar la siniestralidad cero son, como se ha dicho a menudo en los últimos tiempos, "una utopía, pero una utopía que hay que perseguir incansablemente".
En la construcción, donde existe riesgo objetivo de accidentalidad a causa de las peculiaridades de los trabajos que en ella se llevan a cabo, este es un problema acuciante ante el que se vienen tomando medidas que, más allá de la inevitable confrontación de declaraciones más o menos explosivas entre los intervinientes en la actividad, están siendo consensuadas y puestas en marcha con el beneplácito de administraciones, sindicatos y empresarios. Una de ellas, recientemente iniciada, es la emisión de la llamada Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), cuyo objetivo principal e inmediato es certificar y acreditar que los trabajadores de la construcción que dispongan de ella han cursado al menos la formación mínima exigible en materia de prevención de riesgos laborales. Reflejará también los períodos de ocupación de su poseedor en las distintas empresas en las que haya ejercido actividad laboral.
No es sin embargo una idea nueva, sino que es un instrumento cuya utilidad está suficientemente testada y comprobada. Ya hace más de diez años la primera tarjeta profesional de este tipo se instauró para los trabajadores de la construcción en el Reino Unido, país pionero en muchas iniciativas de utilidad y beneficio para el sector de la construcción, entre otras la invención y puesta en marcha también hace ya lustros de los instrumentos fundamentales de financiación privada y de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras, como es el caso del peaje en sombra, que actualmente son de uso habitual en prácticamente todos los países desarrollados para poder acometer los enormes costes de este tipo de inversiones ante las dificultades para hacerles frente solo con los recursos públicos.
Con el largo período de tiempo transcurrido, se sabe ya que la implantación de la tarjeta profesional en el reino Unido ha sido un rotundo éxito. Hay más de un millón de estas tarjetas emitidas en ese país y es un instrumento habitual tanto para que el trabajador pueda acreditar su preparación y conocimientos en los ámbitos profesional y de prevención, como para que las empresas puedan optar en la contratación por los mejor cualificados; y sobre todo, para que empresas y trabajadores sepan que sin la acreditación mínima que exige la normativa vigente en materia de formación preventiva, es más difícil contratar trabajadores o encontrar empleo. A diferencia del proyecto español y después de largos debates, en el Reino Unido no es obligatoria mientras que en España se prevé que lo sea a partir de 2011.
La TPC nace como consecuencia de lo previsto en la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y de lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011, y de las nuevas exigencias en materia de prevención y salud laboral que establecen. En ambos documentos se confiere a la Fundación Laboral de la Construcción la misión de diseñar, emitir y validar esta tarjeta que ya se ha comenzado a emitir, inicialmente con carácter voluntario hasta que dentro de cuatro años comience su período de obligatoriedad para todos los trabajadores en activo en este sector.
Cada TPC almacenará electrónicamente la información que acredite que el titular ha recibido la formación mínima exigible en prevención, así como cualquier otro tipo de formación relacionada con su calificación o labor que desempeña en el sector. Incluirá también la categoría profesional y experiencia en el sector y acreditará que el trabajador ha sido sometido a los reconocimientos médicos estipulados en el Convenio General del Sector, con una vigencia de cinco años, período al cabo del cual caducará la TPC y habrá que renovarla acreditando la puesta al día de la formación exigible en prevención. A partir de 2011 será obligatoria, de modo que no se podrá acceder a trabajar en la construcción sin este requisito. La posesión de la TPC da derecho al trabajador a estar eximido del período de prueba en los contratos fijos de obra u otra modalidad de contrato para trabajos acordes con su categoría profesional.
Esta iniciativa del sector apunta claramente a dar preeminencia a la formación y a la prevención en la lucha contra la accidentalidad que se produce en los tajos y centros de trabajo de la construcción. Los análisis más exhaustivos realizados por SEOPAN de los datos contenidos en los partes de accidentes del sistema Delt@ -Ministerio de Trabajo- muestran que aunque los accidentes en obra representan solo en torno a las tres cuartas partes del total de accidentes imputados al sector -descontando los ocurridos in itínere y los ocurridos fuera del ámbito de actuación de las empresas constructoras- son sobre los que hay que actuar prioritariamente. La TPC busca incidir sobre ese 75% imputable directamente a la actividad por medio de una medida que permitirá a los trabajadores acreditar su calificación en prevención y a la empresas priorizar la contratación de estos trabajadores hasta la entrada en vigor de su obligatoriedad, y después saber que sólo se podrá contratar a trabajadores que dispongan de la formación en prevención exigible para desempeñar sus tareas sin riesgos debidos a falta de conocimientos preventivos.