La inseguridad jurídica se adueña de nuevo de la tributación empresarial en Guipúzcoa
Menudo espectáculo político-fiscal se está dando estos días en Guipúzcoa, un año más, en torno al Impuesto sobre Sociedades. Como es habitual, las diputaciones forales han intentado aprobar tipos para el impuesto por debajo de los aprobados en el resto del Estado, lo que motivará nuevamente la puesta en marcha de toda la maquinaria judicial como consecuencia de las denuncias de las comunidades limítrofes, fundamentalmente de La Rioja.
Sin embargo, el espectáculo que el PNV y Eusko Alkartasuna han montado en Guipúzcoa merece un capítulo aparte por la cantidad de despropósitos que en tan poco tiempo se han cometido. De entrada, el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco apoya al Diputado General, Olano, para que pueda elaborar un decreto que rebaje el tipo al 28%, después de que los tribunales declarasen ilegal la rebaja prevista para este año y forzasen a cobrar un 32,6%. Se quiere que esta medida se apruebe antes de terminar el año y que sea aplicable al ejercicio actual, es decir, a 2007.
La medida no solo es de dudosa eficacia, sino que políticamente ha dividido a los socios del Gobierno vasco. El Departamento de Hacienda de la Diputación guipuzcoana, que está controlado por Eusko Alkartasuna defiende que la medida es claramente inconstitucional.
La situación que se ha generado amenaza con convertirse en un nuevo foco de inseguridad jurídica, que puede complicar nuevamente la actividad empresarial una vez más, pues buena tradición tienen ya las empresas de tributar sobre sus beneficios con la esperanza de que por una vez los tribunales, fundamentalmente los comunitarios, no les obliguen a pagar finalmente por un tipo más elevado, tras haberse fallado la ilegalidad de los tipos incluidos en la normativa del impuesto foral.
No hay más que recordar el asunto de las vacaciones fiscales. Tras la resolución de la CE, las empresas deben devolver ahora esas ayudas.
La discusión sobre el decreto propuesto por el PNV se centra en la sentencia 182/1997, dictada por el Tribunal Constitucional en el año 1997, que ya falló contra un decreto ley dictado por el Gobierno central en materia fiscal. El Constitucional, en esa sentencia, estableció ya la doctrina de que las materias tributarias esenciales no pueden regularse por la vía del decreto, figura reservada tan sólo a situaciones excepcionales y urgentes.
Además, en el mismo texto jurídico se establece una clara oposición del Alto Tribunal a que se puedan fijar por decreto aspectos tan sustantivos de un impuesto como los tipos de gravamen, situación que ahora pretende afrontar el diputado general.
Además, si las Juntas Generales no aprobasen la convalidación del decreto, implicaría que en 2007 se tributaría conforme al decreto y que a partir de 2008 se volvería a la situación anterior, el 32,6%, salvo que hubiera una actuación judicial que procediera a la nulidad de pleno derecho de ese decreto, que parece más que segura.
Las connotaciones políticas le dan, de nuevo, una connotación muy especial a este conflicto, pues la patronal guipuzcoana ADEGUI ha recibido encantada el anuncio de la operación del PNV y no ha dicho nada sobre la inseguridad que, una vez más, se va a crear en la tributación empresarial. Verlo para creerlo si lo que se trata es de que las empresas se instalen en el territorio foral.