PSOE y PP han dejado importantes proyectos de ley y acuerdos de financiación sin concluir

X. Gil Pecharromán.– Zapatero ha disuelto las Cortes y convocado a elecciones generales para el 9 de marzo, lo que supone el inicio de  la carrera electoral, con la economía como uno de los principales ejes tanto del partido en el Gobierno como para el de la oposición. En esta legislatura se han aprobado un total de 167 leyes, lo que da idea de la movilidad de que disfruta la sociedad española, embarcada en un constante cambio, en múltiples ocasiones provocado por la globalización económica y la influencia de las nuevas tecnologías.

Algunas tan importantes como la de dependencia, contra la violencia de género, la de Igualdad entre hombres y mujeres, el estatuto del autónomo, el estatuto básico del empleado público, la reforma laboral, la de la Seguridad Social, de sociedades profesionales,  la del cine, la reforma fiscal de 2007, la regulación de conflictos de intereses, de propiedad intelectual, la de devolución de los "archivos de Salamanca", de defensa nacional, de educación, de Opas, impulso de la TDT, carné por puntos, antitabaco, de matrimonio homosexual, reproducción asistida, divorcio express, de la abogacía y un larguísimo etc...

En el capítulo de qué se quedó en el tintero, destacan algunas de las más interesantes iniciativas del Gobierno, como por ejemplo la reforma del Código Penal, aprobada por el Consejo de Ministros hace un año y que trata de reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia económica y dar mas protección a las víctimas. Un asunto que junto al de la conducción temeraria (aprobado por la vía de urgencia), centra cada vez más el subconsciente general de la sociedad española,  superada por la violencia de las nuevas formas de delincuencia y por su profesionalidad. Las divergencias entre los distintos grupos impidieron que se convocase la Ponencia para su estudio.

La norma que debe regular un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que persigue establecer las condiciones de utilización de dicho fondo, se ha quedado en fase de enmiendas.  Con este texto se busca la reforma del régimen de inversiones, de forma que pueda invertir no sólo en deuda pública, como hasta ahora, sino también en renta variable. El límite será del 30% del patrimonio total del fondo, que en la actualidad asciende a 40.334 millones. La gestión de esa cartera será externa al propio fondo y se adjudicará, con concurso público, a un grupo de entidades financieras. Esas participaciones no conllevarán el ejercicio de derechos políticos.

Este proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, estaba previsto que se tramitase por el procedimiento de urgencia, pero el rechazo del PP y del PNV, que anunciaron enmiendas de totalidad, llevó al Gobierno a aparcar su tramitación.

La Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares o de régimen económico, por el cual se reforma el sistema que regula el Código Civil, que establece el orden de preferencia de los acreedores que pretenden hacer efectivo el cobro de sus deudas. Este proyecto de ley contempla las medidas que se aplicarán cuando concurren dos o más acreedores en una misma ejecución singular, judicial o no judicial, sin necesidad de que el deudor esté declarado en concurso.

También se ha quedado pendiente de aprobación una Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se trata con ella de reformar el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal. El proyecto une en un solo texto las reformas de veintiuna leyes procesales y las modificaciones en el recurso de casación y doble instancia penal, con el fin de iniciar su tramitación parlamentaria y facilitar la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial.

La reforma legislativa afecta a la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, y a las Leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Procedimiento Laboral, de Jurisdicción Contencioso Administrativa, del Tribunal del Jurado, de Régimen Electoral General, de Asistencia Jurídica Gratuita, o la de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

Igualmente, se reforman distintos aspectos de otras normas como son las Leyes Hipotecaria, Reguladora del Derecho de Rectificación, de Hipoteca Mobiliaria, de Extradición Pasiva, Cambiaria y del Cheque, de Patentes, de Conflictos Jurisdiccionales, Procesal Militar, sobre Condiciones Generales de la Contratación, Concursal, de Arbitraje, o de Enjuiciamiento Civil del año 2000, así como su antecesora de 1881 en determinados aspectos que permanecen vigentes.

Los objetivos inmediatos de estas reformas son facilitar la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, regular la distribución de competencias entre los Jueces y los Secretarios Judiciales, potenciar las garantías del justiciable o fomentar las buenas prácticas procesales. Al mismo tiempo, garantizan la doble instancia penal y reforman la casación para potenciar su función de unificación de doctrina.

Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria, que se ha diseñado con la intención de que  facilite y agilice la tutela y garantía de los derechos de la persona en materia civil y mercantil. Introduce un conjunto de disposiciones para facilitar las actuaciones de los ciudadanos cuando necesitan acudir a una autoridad judicial para resolver asuntos en los que no existan conflictos de intereses entre partes.

La ley agiliza los procedimientos y saca de la vía judicial determinados temas que no presentan controversia, como una herencia sin testamento, el acogimiento de menores, un asunto de patria potestad o la protección del patrimonio.

Destaca también el cambio de la Ley de Registro Civil para reforzar la protección del patrimonio de las personas con discapacidad, no pasaron del ámbito de las comisiones.

El proyecto de ley de general de navegación marítima y otro relativo a la modificación del régimen económico de los puertos de interés general

En el capítulo fiscal ha quedado sin ver su aprobación la modificación de la Ley 38/1992, de 29 de diciembre, sobre Impuestos Especiales. Que favorece la tributación de los carburantes contenidos en los depósitos normales de los vehículos y contenedores especiales y utilizados para el funcionamiento de los mismos. La exclusión de los citados carburantes del concepto de exportación de la adaptación legislativa de 2002, ha creado un agravio comparativo con la normativa comunitaria.

Finalmente, la asignatura pendiente en esta legislatura fue el acuerdo sobre financiación de las comunidades autónomas y el de las corporaciones locales, que no pasaron de los primeros contactos. Se trata de una de las grandes apuestas de Zapatero, pero la guerra de los "estatutos" aconsejó su traspaso a la próxima legislatura.

Descanse en paz esta legislatura.