El nuevo 'show' de las vacaciones fiscales vascas, visto para sentencia

X. Gil Pecharromán.– Nueva exhibición en la Unión Europea de la insistencia del Gobierno vasco en defender lo indefendible, es decir: que las empresas vascas afectadas no tengan que devolver el dinero que una reiteración de apuestas por la competencia fiscal realizaron las Haciendas forales, sin tener en cuenta la seguridad jurídica de sus contribuyentes, los empresarios. Navarra, que también adoptó medidas similares, desistió de continuar por esa senda y adoptó medidas encaminadas bajo las directrices de la Unión Europea.

El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, cerró ayer tres días de vista sobre los incentivos fiscales vascos a la inversión de 1993 y 2000, las 'vacaciones fiscales vascas' y `mini vacaciones fiscales vascas' y ha iniciado el proceso de redacción de la sentencia, para lo que no tiene plazo, aunque la experiencia permite esperar que lo hará en  unos cuatro meses, que suele ser la media histórica de tiempo en este tipo de procesos.

Han sido tres días de vista en los que el Tribunal ha analizado los recursos de las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y la patronal vasca, Confebask, contra una serie de decisiones de la Comisión Europea que declararon ilegales estas ayudas.

El Gobierno vasco ha tratado de demonizar la actuación de la Comisión Europea, lo que ha llevado a Bruselas a endurecer sus posturas, hasta el límite de que el abogado ha acusado a la delegación vasca de haber practicado ‘lobbying' para evitar, que finalmente las empresas tengan que devolver el dinero que se ahorraron de pagar al fisco.

De un lado, han pesado las decisiones anteriores del propio Tribunal, que ya ordenó a las Haciendas vascas que adoptasen todas las medidas posibles para recuperar esas ayudas. De otro, los abogados de la delegación vasca han defendido que la propia Comisión Europea ha emitido resoluciones sobre asuntos similares en los que se han declarado ilegales determinadas ayudas fiscales pero se ha prescindido de la devolución de las mismas.

Bruselas decidió formalmente en 2001 que se trataba de ayudas estatales incompatibles con el mercado único, y que, por tanto, debían suprimirse, por lo que dictó  resoluciones para la devolución de las cantidades entregadas, más los correspondientes intereses.

Las tres haciendas forales han recuperado prácticamente todos los incentivos, que volverían a manos de las empresas. Se maneja la cifra de unas 300 empresas afectadas y cerca de 1.600 millones de euros en ayudas.

El objetivo de las diferentes ayudas era favorecer la implantación de nuevas empresas en la región. Por ello, las denuncias iniciales partieron del Gobierno de La Rioja afectado por el efecto frontera, que ha denunciado desde sus inicios cualquier medida de competencia fiscal de sus vecinos para evitar la deslocalización empresarial de su territorio.

Las Diputaciones y el Gobierno vasco no han defendido que la exigencia de la Comisión Europea de recuperar las ayudas declaradas ilegales sea desmedida, ya no podían cuestionar que esas ayudas sean ilegales, dado que hay sentencias precedentes (Daewoo y Ramondín), sino que  han acudido a la vía de defender a las empresas beneficiadas por las ayudas, lo que ha resultado una vía muy difícil de mantener.

Las autoridades vascas han utilizado en sus alegatos la idea de que la Comisión Europea ha actuado con falta de diligencia de la Comisión, que dedicó 79 meses a estudiar el tema, a lo que el Ejecutivo comunitario ha respondido que ese fue el tiempo necesario para salvar la nula colaboración de las autoridades vascas para esclarecer los hechos.

También han llegado a acusar de delito a la Comisión por "haber negado el derecho de defensa a los imputados", lo que le valió una réplica por alusiones del letrado de la Comisión y que el Tribunal llegase a negarle al abogado el uso de la palabra en una de sus intervenciones.

Por el contrario, la patronal Confebask se ha quedado sola en la postura de  considerar que los incentivos de 1993 y 1996 no suponían ayudas de Estado a la inversión. Por cierto, que la patronal cuenta con un plazo de diez días desde hoy para demostrar que entre sus asociados hay empresas que recibiesen en su día las ayudas, bajo la amenaza de expulsión del proceso por no haber demostrado su representatividad.

Confebask hizo hincapié en que ninguna de las empresas que recibió las subvenciones podía prever que serían declaradas ayudas de Estado, al ser una asistencia de carácter general que se aplica a sociedades de cualquier sector y que Bruselas no reclama habitualmente.

Por si queda alguna duda sobre el sesgo que estas ayudas tienen en la Unión Europea, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmaba ayer que las 'vacaciones fiscales' son "un problema heredado" del Gobierno anterior y que el Ejecutivo del PSOE "ha trabajado para que las diputaciones vascas devolvieran las ayudas". Demoledora respuesta del representante de la fiscalidad del Estado.