Los pagos por las emisiones de CO2 inician una nueva guerra comunitaria
Se anuncia nueva tormenta en el seno de la Unión Europea, ya que el miércoles, la Comisión Europea dará a conocer el esfuerzo que la industria de cada Estado miembro tendrá que llevar a cabo después de 2012 para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de las energías renovables. En las últimas semanas, la histeria se ha apoderado de muchos de los Gobiernos y la Comisión ha recibido enormes presiones por parte de Gobiernos y empresas afectadas, que prevén un fenómeno de deslocalización a terceros países.
Los empresarios alemanes evalúan las consecuencias en la desaparición de cerca de un millón de empleos producida por la deslocalización de las industrias, mientras que Francia pretende que se tenga en cuenta el nivel de emisiones por habitante, que resulta mucho más bajo que en otros países en su país gracias a la utilización de energía nuclear.
Las negociaciones apuntan a que serán largas y muy complejas y que podrían terminar sin un acuerdo. España acepta la propuesta de Bruselas de llevar a 19,5% el uso de energías renovables en el consumo del bloque, pero demanda en cambio un recorte menor de las emisiones de CO2, en los programas nacionales.
Esta nueva estrategia, post kyoto, será uno de los principales asuntos en la agenda política de los países comunitarios para los próximos años y donde mayores tensiones se esperan es en la que servirá para ampliar y reforzar el sistema europeo de comercio de emisiones en el que participan desde 2005 instalaciones industriales de toda la UE.
El plan se basa en tres grandes ejes: la reducción drástica de las emisiones industriales, el final de los permisos gratuitos para contaminar y un mayor porcentaje de energías renovables en el consumo del bloque. Los permisos de contaminación acordados hasta ahora de forma gratuita serán subastados.
La principal preocupación para el Gobierno de Zapatero se centra en las energías renovables, puesto que la instauración de subastas de podrían poner en riesgo el sistema español de primas de acceso a la red y el propio cumplimiento de los objetivos.
Las propuestas incluyen una normativa que establecerá la carga que cada país deberá asumir en los próximos años para lograr el objetivo de reducir en un 20% de las emisiones de CO2 de la UE. Las medidas vinculantes propuestas por la Comisión Europea para cumplir con ese compromiso combinan una limitación de las emisiones de dióxido de carbono en la industria con un aumento de la parte de energías renovables en el consumo.
No menos importante será establecer cómo se va a cumplir el acuerdo ratificado por la Comisión para alcanzar el 20% con la meta establecida en el año 2020 el porcentaje de energías renovables (eólica, solar, biomasa, geotérmica) en el consumo total del bloque, contra el 8,5% actual.
Las subvenciones en esta ocasión no parecen crear mucha euforia en ninguno de los países la Comisión prevé aprobar el miércoles, las pequeñas empresas podrán recibir subvenciones de hasta el 80 por ciento del coste para proyectos de energías renovables, un porcentaje que baja al 70 por ciento en el caso de las medianas empresas y al 60 por ciento para las grandes corporaciones.
En el caso de la reparación de enclaves contaminados, la subvención podrá cubrir la totalidad de los costes y también se contempla la concesión de fondos para la adaptación de las empresas a los estándares medioambientales comunitarios (hasta el 80 por ciento para pequeñas empresas, 70 por ciento para medianas y 60 por ciento para las grandes). Pero esta será la parte de los flecos de esta nueva batalla política comunitaria.