La persecución de vehículos sin seguro mejorará las cuentas del Consorcio
El Gobierno ha tomado una medida, tímida por el momento, para empezar a luchar contra la sangría que supone la existencia de cerca de un millón de vehículos circulando por las vías públicas sin el correspondiente seguro obligatorio. Estas situaciones se repitieron en un total cercano a los 16.000 accidentes provocados por conductores sin seguro, lo que costó un total de 40,5 millones de euros, pagados por el Consorcio de Compensación de Seguros, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.
El consorcio puede llegar a pagar 300.000 euros a una víctima de tráfico que ha sido atropellada por un conductor sin seguro, a lo que hay que sumar, posteriormente los costes de llevarlo ante los tribunales si no hace frente a sus responsabilidades. El Consorcio intenta en estos casos el recobro extrajudicial, y si no existe una respuesta positiva a estos requerimientos, se acude a la vía judicial. El consorcio calcula que recupera alrededor del 10% del dinero pagado en accidentes provocados por los conductores que tuvieron un accidente sin tener asegurado su vehículo.
Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un sistema que detecta automáticamente a los vehículos que circulan sin el correspondiente seguro obligatorio, gracias a una conexión instantánea elaborada con una base de datos elaborada a partir del cruce de información de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) con la del Registro de Vehículos de Tráfico.
La idea no es nueva, se trata de una vieja aspiración, pero hasta ahora no se había podido poner en marcha por la falta de actualización de los datos contenidos en ellas. Por ello, la Guardia civil no podrá tramitar la denuncia sin haber parado al infractor y confirmar la veracidad de las informaciones obtenidas en la base de datos. Los comienzos son tímidos, porque únicamente se van a dotar de los dispositivos necesarios a una docena de dotaciones.
Las multas por circular sin seguro pueden alcanzar los 1.000 euros para los ciclomotores, 1.250 euros para las motocicletas, 1.500 para turismos y 2.600 para los vehículos pesados. Unas cantidades que tratan de ser disuasorias para quienes contravienen esta obligación legal y a las que hay que sumar los gastos producidos por la inmovilización del vehículo.
Ahora, en la Dirección General de Tráfico se trata de introducir en la base de datos otro dato importante para acabar con la accidentalidad, mediante el cruce de datos con pasado la base de datos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Se trata de inmovilizar a los coches que circulen sin haber pasado la revisión obligatoria, lo que les convierte en un peligro más que potencial de provocar o sufrir un accidente. Los datos oficiales sitúan en unos dos millones de turismos los que no acuden a la revisión. Son vehículos particulares, con una antigüedad de más de 10 años, lo que los convierte en peligrosos.
Cuando en una inspección rutinaria se detecta que el automóvil no ha pasado la revisión, se da un margen de diez días al titular para acudir a la concesionaria de la ITV para pasar la inspección técnica y se impone una multa puede alcanzar los 1.500 euros.
Las compañías de seguros, mientras tanto, han comenzado a detectar una nueva forma de estafa, que les está costando pequeñas cantidades de dinero, pero que van creciendo poco a poco. Se trata de conductores que aseguran su vehículo a través de internet, fundamentalmente de motocicletas, y posteriormente acuden a las urgencias médicas con lesiones de cervicales fingidas, difíciles de detectar. Cuando llega el primer recibo de pago de la póliza, un mes después de su contratación no lo pagan por lo que la compañía procede a darles de baja, pero ya les ha prestado cobertura durante ese mes. De sufrir algún percance real en ese periodo, cuyos costes superaran la tarifa mensual, si que se suelen pagar ese recibo.
Las compañías han detectado casos en las que los conductores han contratado la cobertura de pólizas en compañías distintas, al mismo tiempo, para beneficiarse de estas trampas.
Además, estas situaciones se dan en un momento en que las aseguradoras han optado por agilizar el pago de las indemnizaciones pendientes por accidentes de tráfico antiguos ante el más que previsible aumento de su coste, como consecuencia de la entrada en vigor de la V Directiva de Autos (aprobada por Ley 21/2007).
El incremento se producirá por la renovación de los criterios incluidos en el baremo que fija un sistema de puntos a través del cual se derivan las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de coches en función de las secuelas finales. Las aseguradoras han pagado en total 4.204 millones de euros en el primer semestre de 2007 por estos conceptos.