A pesar de la feroz competencia fiscal entre autonomías no existen estadísticas sobre si han favorecido los cambios de domicilio
El informe 'Panorama de la fiscalidad autonómica en 2008', hecho público por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) plantea una radiografía sobre la situación tributaria en España, de la que se pueden extraer los puntos débiles que el Gobierno que salga de las urnas tiene la obligación de afrontar con las comunidades autónomas en el proceso de negociación del nuevo sistema de financiación, que se habrá de completar con el de las Administraciones Locales. Se trata de un asunto que los partidos políticos fueron incapaces de abordar en esta legislatura como consecuencia de la guerra de “Estatutos”, que algunas comunidades autónomas protagonizaron (Cataluña, Andalucía, Baleares, etc…) para asegurarse unos ingresos, que en la mayoría de los casos rompían el principio de solidaridad interterritorial.
La virtud de este informe es que constata muchas de las sospechas que de manera deslavazada ya tiene la opinión pública y cuya máxima conclusión es que la excesiva capacidad normativa de las comunidades autónomas produce una cierta inseguridad jurídica, e incrementa la presión fiscal indirecta y los costes administrativos de gestión.
La estadística, basada en los datos de Hacienda y de las Administraciones autónomas, demuestra la necesidad de que la futura financiación autonómica cuente con una mayor participación de las comunidades autónomas en los impuestos estatales, pues es beneficiosa la corresponsabilidad fiscal y las iniciativas de fomento del ahorro.
Además, se comprueba que es necesario que cada propuesta de modificación tributaria vaya acompañada de su cuantificación económica y que, a posteriori, se evaluara el resultado obtenido, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el del cumplimiento de los objetivos de la política social o económica. Actuaciones que, por increíble que parezca, no se realiza. Una situación que a ninguna empresa privada del mundo se le ocurriría mantener, salvo que no le importase perder competitividad en su mercado.
El colmo lo representa que a pesar de las tensiones que se han suscitado entre unas comunidades y otras para atraer a los contribuyentes con una mejor fiscalidad, lo que los técnicos conocen como competencia fiscal, no existen estadísticas oficiales sobre si se han producido cambios domiciliarios de los contribuyentes en busca de es fiscalidad menos gravosa, que se supone que es el motivo principal del recorte impositivo. El Impuesto sobre Sucesiones ya se ha dejado bajo mínimos y el del Patrimonio en vías de extinción.
Recordemos que a principios de año, Canarias y Castilla-La Mancha se unieron a las seis comunidades de régimen común que ya habían eliminado prácticamente el Impuesto sobre Sucesiones para el caso de descendientes y ascendientes, cónyuges, adoptantes y adoptados. En País Vasco y Navarra tampoco se tributan por este tributo y Galicia espera rebajarlo al máximo en septiembre.
La necesidad de que las Administraciones Públicas estudien el comportamiento de sus decisiones tributarias es que a pesar de los recortes tributarios en el Impuesto sobre Sucesiones, en los últimos años la recaudación se ha incrementado en un 82%. Situación similar a las que se han dado en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aunque en este caso es fácil intuir que esta subida recaudatoria se haya debido a la buena coyuntura del mercado inmobiliario en estos años, ya que figuras impositivas está ligadas en buena medida a este sector.
Esta situación es un calco de lo que sucede a escala comunitaria y contra la que la Comisión Europea viene luchando con la inestimable ayuda de los tribunales de la Unión Europea, que han aplicado el espíritu de la Directiva de Servicios para el Mercado Interior. Esta norma quiere eliminar las fronteras para acabar con las complicaciones normativas de unos países a otros y sobre todo con aquellas normas que tratan de disuadir a las empresas de servicios para que no se muevan de sus países de origen y evitar la competencia con las nacionales.
Con este panorama a la vista, resulta natural que los economistas aboguen por que el futuro Gobierno defina una nueva "cesta de impuestos" en la que ganen peso los tributos de carácter estatal como son el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales y en la que pierdan importancia las figuras "arcaicas", que son las que afectan fundamentalmente a los inmuebles, como son el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos y Documentados y los tributos cedidos, entre los que cabe citar el del Patrimonio, Sucesiones y Donaciones .
A efectos de presión fiscal, las diferencias en el Impuesto sobre la Renta son palmarias. Los madrileños y valencianos son los que menos pagan por IRPF, mientras que Extremadura o Asturias, ambas con Gobiernos socialistas, mantienen un mayor gravamen para sus contribuyentes. Las diferencias estriban en la efectividad de las deducciones aplicadas y entre las que mejor funcionan son las destinadas a las deducciones por el nacimiento, por la adquisición de vivienda pública, o las bonificaciones para discapacitados.