El Gobierno de Zapatero modificará la Ley de Cajas por Decreto
Caja Madrid y Unicaja aspiran a "repartirse" Caja Castilla-La Mancha
Si fallaran las inyecciones de liquidez, algunas entidades de ahorro se fusionarían para diluir su riego inmobiliario
El Gobierno tiene elaborado un proyecto de decreto-ley para, en caso de necesidad, modificar sobre la marcha la ley de cajas de ahorros y permitir que alguna entidad en apuros pudiera ser absorbida por otra de una comunidad autónoma vecina, e incluso por varias a la vez si el problema fuera extremadamente grave o el tamaño de la caja en peligro así lo aconsejara. Ese sería el caso, por ejemplo, de la Caja de Castilla-La Mancha, que reparte una buena parte de su negocio fuera de su región entre Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Esta entidad ha sido objeto de intensos rumores sobre su excesiva concentración de riesgo en el sector de los promotores inmobiliarios, lo que podría acarrearle problemas de solvencia, aunque su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, lo ha desmentido una y otra vez.
En caso de peligro para la estabilidad de esta caja, lo lógico, según fuentes financieras, sería que pudiera fusionarse con Caja Madrid, comunidad autónoma en la que se encuentran más del 10% de las oficinas operativas de la Caja de Castilla-La Mancha. De cualquier manera, no son pocas las cajas de ahorros que con un tamaño aceptable y sin grandes problemas, como sería el caso de la andaluza Unicaja miran de reojo a las comunidades autónomas vecinas en busca de oportunidades de expansión.
Las fuentes consultadas por Capitalmadrid señalan que tras el incremento de la cantidad garantizada de depósitos de clientes, la falta de confianza ya no se centra en la posibilidad de perder los ahorros, sino en la de la propia solvencia de las entidades financieras, sometidas a enormes presiones por la falta de liquidez y por el incremento de la morosidad, sobre todo en las que han apostado con mayor fuerza por los créditos a promotores inmobiliarios.
El Banco de España ha venido vigilando muy de cerca esta expansión del negocio de bancos y cajas, sobre todo el de estas últimas, a las que ha mirado las cuentas con lupa para que no camuflaran créditos ni concentraciones de riesgo. Un ejemplo de esto fue la sanción que la autoridad monetaria puso a Cajasur hace algo más de dos años, después de varios meses de visitas de sus inspectores a las oficinas de la entidad.
En cuanto al cambio de normativa para hacer posibles las fusiones de cajas de ahorros de distintas comunidades, la crisis financiera puede convertirse en la mejor oportunidad con la que se ha cruzado Gobierno alguno en las últimas décadas. En estos momentos, la normativa en vigor señala que para que dos entidades de distintas regiones puedan fusionarse, el proceso debe ser aprobado, además de por los consejos de las cajas, por los gobiernos autonómicos respectivos. Este último paso es el problemático, puesto que los ejecutivos de las comunidades autónomas ejercen un fuerte control político sobre sus respectivas cajas, a las que en muchas ocasiones utilizan como fuente privilegiada de financiación de sus proyectos.
En caso de que una caja estuviera en serio peligro, el Gobierno desempolvaría su proyecto de decreto-ley y promovería la fusión o la absorción de la entidad afectada. Después, el decreto-ley pasaría al Parlamento para su convalidación, pero con la condición tácita de que si el resto de grupos políticos tumban el texto estarían condenando a muerte a una caja de ahorros y a cualquiera otra que pudiera sufrir dificultades en el futuro.
Por otra parte, desde el Banco de España y desde algunos medios financieros se llama la atención sobre la aberración que supone en estos tiempos de vacas flacas la política de algunas cajas de ahorros de comunidades autónomas limítrofes que realizan ofertas casi increíbles a los habitantes de la región vecina para atraerles como clientes, cuando dado el pequeño tamaño de muchas de ellas sería mucho más razonable un proceso pacífico de fusiones que diera masa crítica al sector.