Monitor de la Construcción
El Plan de Zapatero deja mudo al sector
Las medidas anunciadas tienen el objetivo declarado, para poder utilizar este nuevo fondo de ayuda, primar desde los ayuntamientos la contratación de parados, cosa evidentemente necesaria pero que parece que va a servir solo para acometer obritas -miles de obritas en el mejor de los casos- que poco van a servir en el fondo para aliviar la crisis del sector sino para que los ayuntamientos dispongan de unos fondos para desahogar su difícil situación económica que, además y a tenor de lo conocido hasta ahora, tendrán un muy laxo modo de control.
A nadie se le oculta la difícil situación de sus finanzas que la administración local viene sufriendo, sobre todo por el enorme y creciente descenso de los ingresos procedentes del urbanismo, de la construcción y de la actividad inmobiliaria. Pero parece obviarse la situación ya insostenible del sector empresarial de la construcción no ya sólo porque la ralentización provocada por la crisis está afectando la viabilidad de muchas empresas, sino porque la situación financiera está estrangulando a gran parte de ellas por las mencionadas restricciones crediticias, que agravan cada día que pasa no solo la normal financiación de la actividad productiva, sino la tesorería de la actividad diaria puesto que se les está negando de manera sistemática el descuento de títulos de deuda, el seguro de cobro, los avales y cualquier otro instrumento de los que habitualmente hasta el comienzo de la crisis servían para que las empresas pudieran llevar a buen fin su actividad. La situación se complica además porque cada vez son más dilatados los plazos de pago especialmente por parte de las Administraciones públicas, creando una dinámica perniciosa y generalizada que ahoga a la mayoría de la empresas del sector.
Aportar liquidez y permitir asegurar el crédito directamente a las empresas es una prioridad que ya se ha convertido en angustiosa para todo el sector constructor, pero especialmente para autónomos, pequeñas y medianas empresas. La negación del crédito indiscriminada sin distinguir entre empresas solventes e insolventes, entre aquellas que tienen clientes públicos, que indudablemente abonarán antes o después sus deudas, y las que tienen clientes de más dudosa solvencia, se ha trasmitido a toda la cadena productiva hasta el punto de que ahora es desgraciadamente habitual exigir pagos al contado. Muchos suministradores, proveedores y subcontratistas se están viendo forzados a exigir pagos al contado o por adelantado lo cual imposibilita más todavía el normal desenvolvimiento del negocio puesto que no hay liquidez en el mercado: el estrangulamiento del suministrador conlleva una falta de abastecimiento de las obras o su ralentización, impidiendo su ejecución, el cumplimiento de los plazos comprometidos y, con ello, el cobro de las correspondientes certificaciones. Un nuevo círculo vicioso que agrava aún más la difícil situación de muchas empresas contratistas. Las ERE y despidos se suceden mes a mes, los clientes pagan mal o tarde, muchas empresas de balance positivo ven amenazada su existencia por la insolvencia que genera esta situación y así, mientras por una parte se pretende sumar empleos a través del super-PER aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, por otra parte se restan cada día en interminable goteo con nuevos parados y nuevas empresas que cierran; con nuevas quiebras y con ello, una imparable caída de la actividad cuyo normal desarrollo es la única garantía a corto y medio plazo de una futura salida ordenada de la crisis en este sector productivo.
Las compañías que prestaban seguros de crédito al sector -descuento de pagarés o de certificaciones aprobadas mientras el cliente público o privado los abonaba- han recortado o anulado la clasificación de muchas empresas. Por ello, como medida coyuntural y excepcional, mientras las enormes ayudas públicas al sector financiero llegan a la economía real -y que, como constatamos cada día, no están llegando todavía- es necesario otro tipo de medidas. En primer lugar y hasta que el mercado financiero no se normalice o al menos alcance cotas aceptables de actividad hay que aportar liquidez y permitir asegurar el crédito directamente a las empresas y, en este sentido se puede actuar a través de avales comerciales del ICO para las empresas que ejecuten obra para clientes solventes como son en especial las administraciones públicas, garantizando así el pago de sus suministros para la ejecución de las obras. Y en segundo lugar, como el sector viene no ya demandando sino clamando -hasta ahora en el desierto-, hay que generar impulsos eficaces e inmediatos para fomentar más actividad. En ese sentido hay que, por una parte, tomar medidas urgentes para dar salida por una parte significativa de las cerca de 600.000 viviendas terminadas y en stock existentes sin lo que una parte singular de la construcción no iniciará de nuevo la actividad y, por otra, estructurar y poner en marcha planes extraordinarios de creación de infraestructuras básicas en todo el territorio nacional que no solo deben servir para apuntalar la actividad constructora, sino como soporte a más largo plazo de la actividad productiva general y la competitividad.