Hacienda se frota las manos con las denuncias de notarios y registradores y los recibos de la luz

X. Gil Pecharromán.– En medio de la debacle bajista sobre la imposición personal que han provocado los dos grandes partidos políticos durante la campaña electoral, llegan noticias que nos vuelven a poner los pies sobre la tierra. Me refiero a la publicación del plan de actuación de la Inspección de la Agencia Tributaria, que un año más centra sus esfuerzos sobre los desmanes realizados en el sector inmobiliario y en las tramas de IVA.

De entrada, los departamentos de Gestión y de Inspección tendrán que trabajar con mayor rapidez sobre las tramas que se dedican a defraudar por IVA, puesto que se están incumpliendo sistemáticamente los plazos establecidos por la normativa comunitaria y las quejas realizadas por los afectados han llegado a Bruselas, que ha reaccionado, como era de esperar.

Así, la Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente a la Administración española para que acelere la devolución a los contribuyentes establecidos en otros Estados miembros ya que considera que en la actualidad con enorme frecuencia estos reembolsos superan s el plazo establecido por la normativa, que es de seis meses y, según el escrito de apercibimiento, las comprobaciones que se realizan se extienden hasta más allá del año natural.

Los funcionarios de la Agencia tendrán que afinar mucho más en sus investigaciones, puesto que estas tramas europeas suponen una de las mayores salidas para el blanqueo de dinero negro de las tramas criminales dedicadas a la droga, las armas, el terrorismo internacional la trata de personas y el fraude tributario. Un dato a tener en cuenta, es que la compra-venta de inmuebles realizadas por no residentes, cuyo número ha aumentado exponencialmente en los últimos cuatro años.

No obstante, y a pesar del tirón de orejas, se mantiene en el Plan de Inspección el seguimiento prioritario para la detección de tramas de fraude en el IVA, la utilización de facturas falsas y el control de las solicitudes de devolución, especialmente de los contribuyentes relacionados con las tramas de fraude, y se incrementan los trabajos y controles del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

El Plan de Inspección presenta pocas novedades en cuanto a sus objetivos. Un ejercicio más es el negocio de la promoción inmobiliaria y el sector exportador el que concentran la mayor parte de los esfuerzos, pues en ellos se han refugiado durante los últimos años la mayor parte del  blanqueo de capitales y es donde se puede combatir con mayor eficacia el delito fiscal.

Como novedad, ahora que han comenzado a desinflarse las cifras del sector, los requerimientos de Hacienda se van a dirigir con preferencia a comprobar las deducciones por reinversión de beneficios aplicadas por las empresas y se analizará si los grandes grupos empresariales están aplicando correctamente el régimen de consolidación fiscal, que es el sistema por el que muchos de ellos tributan y que les sirve para ahorrarse importantes cantidades de dinero de sus tributaciones.

Se va a intentar seguir el dinero a través de las declaraciones impositivas de las sociedades para comprobar un fenómeno muy extendido en los últimos años, como es el de las rentabilidades "anormales" de muchas de las promotoras, que en los últimos ejercicios han declarado que la rentabilidad de sus ventas de inmuebles a sido mínima, lo que contrasta con la escalada de precios que han protagonizado la actividad de este sector en los pasados años.

La investigación de las rentabilidades anómalas de las promotoras se completará con una inspección de las empresas subcontratadas en cualquiera de las distintas fases de un planeamiento urbanístico. Para ello cuentan con las autorizaciones que obligatoriamente tienen que solicitar cada vez que se inicia un trabajo, puesto que de no estar al día en este procedimiento los promotores se convierten en deudores solidarios de las deudas del subcontratista con Hacienda y la Seguridad Social.

Hasta ahora, para verificar las cuentas del sector inmobiliario se han venido utilizando diversas aplicaciones informáticas, que han dado unos resultados desiguales. Por ello, este año se ha dado un paso decisivo, puesto que en el la Agencia Tributaria cuentan este año con los datos aportados por notarios y registradores, que superan las 250.000 operaciones de compraventa, consideradas sospechosas de fraude fiscal.  En los siete primeros meses de 2007, Hacienda ya detectó un fraude fiscal de 836 millones en 5.454 contribuyentes relacionados con el sector. Esta colaboración ha permitido a Hacienda controlar las operaciones realizadas con billetes de 500 euros, que han continuado creciendo en los últimos meses a pesar de los nuevos controles.

La Agencia cuenta por primera vez, con otra importante fuente de información para detectar los alquileres sumergidos, fruto de la Ley de Prevención del Fraude, que obliga a las compañías eléctricas a aportar a Hacienda la referencia catastral del inmueble al que suministran energía. Durante todo el año pasado, este departamento recibió la información de más de 20 millones de contratos. Con estos datos podrá detectar las casas habitadas que ningún contribuyente haya declarado como vivienda. Una herramienta básica para dinamitar el mercado negro del alquiler de vivienda.

Esta información se considera decisiva en Hacienda para controlar a partir de ahora la concesión la Renta Básica de Emancipación. Hacienda quiere cortar desde su inicio los casos en los que el arrendador simula que arrienda con falsedad su casa al hijo de un amigo para cobrar la subvención, pero manteniendo la vivienda vacía. En estos casos, la inexistencia de consumos tiene que dar la primera de las alarmas.