Hacienda quiere cambiar el Código Penal para acabar con el "chollo" del delito fiscal
La Agencia Tributaria estudia equiparar las sanciones económicas impuestas en la jurisdicción Penal con las que recaen por la vía Administrativa. El problema es muy gordo, porque una buena parte de los defraudadores prefiere ser acusado de Delito Fiscal, que se rige por el Código Penal y conlleva pena de cárcel, que recibir una multa Administrativa ¿Dónde está el secreto? Pues los defraudadores descubiertos y sus abogados y asesores fiscales han comprobado que desde hace años nadie termina en la cárcel si el delito fiscal no está asociado a otros delitos, como el robo o el tráfico de drogas o de armas. Y, además, las sanciones impuestas por estas penas resultan más bajas que las impuestas cuando no hay acusación de delito fiscal.
La situación, denunciada por el propio director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, es que una vez que se llega a juicio, el defraudador se muestra partidario de pagar todo lo que debe, incluidas las sanciones y también los recargos, por lo que el juez considera que ante la buena voluntad mostrada por el acusado es una barbaridad que acabe en la cárcel, pues Hacienda ha recuperado la deuda completa.
En definitiva, pues, que la cúpula de Hacienda ha puesto sus cinco sentidos en lograr que se incluya en la próxima reforma del Código Penal el nuevo texto y acabar con esta estratagema jurídica que tan buenos resultados les está dando a las defensas de los defraudadores.
En 1995 ya se incluyó en el Código Penal una reforma del texto en la que se eliminaban algunas trabas, como por ejemplo la necesidad de que había existido ‘dolo' en la actuación del acusado. Pero las estrategias defensivas avanzan a una velocidad de vértigo para bordear los recovecos de las normativas.
Por cierto, que a quien no le ha salido la jugada como preveía a sido a Javier de la Rosa y al resto de los encausados por el caso Gran Tibidabo. El juicio, desde un punto de vista procesal se ha vuelto interesantísimo.
Después de 13 años, la Audiencia de Barcelona juzga al empresario catalán, a partir de este lunes, 18 de febrero, pero con anterioridad la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y las defensas llegaron a principios de diciembre a un acuerdo extraprocesal por el que De la Rosa y el resto de los encausados admitirían haberse apropiado de 68 millones de euros a cambio de que se les aplique una rebaja sustancial en la petición de condena.
Como consecuencia del acuerdo, el Ministerio Fiscal modificaba así su escrito de conclusiones presentado en el año 2000 y retiraba los cargos correspondientes al fraude fiscal.
Sin embargo, el abogado del Estado -que representa a la Agencia Tributaria-continúa manteniendo su petición de 4 años de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros para De la Rosa, lo que motivó que se tuviera que suspender la única vista que se ha celebrado para que el tribunal decidiera si se juzgaba a los acusados sólo por apropiación indebida o también por fraude fiscal.
Desde entonces, la defensa de De la Rosa ha alegado indefensión jurídica, porque la Agencia Tributaria ha venido realizando, de forma paralela e independiente, una investigación similar a la emprendida por la Audiencia de Barcelona, que finalmente descartó aceptar estas objeciones.
Sin embargo, lo que si han logrado los abogados del financiero catalán es que el Tribunal que decidirá sobre este caso estudie un aspecto decisivo para el futuro del fraude fiscal, como es si la apropiación indebida es incompatible con el fraude fiscal, es decir, o lo que es lo mismo, si el fraude fiscal es una consecuencia lógica de la apropiación indebida, porque si se declarasen estos ingresos sería como autoinculparse del latrocinio ante la Administración.
La solución tendrá que esperar hasta que se dicte sentencia. Mientras tanto en la Agencia Tributaria andan con no cierta preocupación por este asunto, porque recuerda mucho al debate que se abrió entre los jueces hace ya unos años sobre si la falsificación de documento público era un delito independiente del delito fiscal o era un medio necesario para realizar el delito.
Después de mucho discutir ganó esta segunda tesis. Por ello, en Hacienda andan revueltos con este nuevo debate.