Los bolivarianos mueven el suelo a las empresas españolas

A. Zarzuela.– Una provocación. Sus cajas de sorpresas para las multinacionales que siguen en la región continúa echando humo. Las españolas no ganan para sustos. Enfurecido y acorralado en su propio campo de juego, Chávez ha vuelto a destapar la caja de Pandora y abre la puerta al fantasma de las nacionalizaciones y a los cambios de las reglas del juego con las multinacionales petroleras que operan en Venezuela. En pie de guerra, se enroca en su particular guerra de los mundos en la que  las empresas foráneas -españolas incluidas- vuelven a estar en el punto de mira.

Si cumple el mandato de la Asamblea Nacional y retira a Venezuela del arbitraje internacional de CIADI, su reino bolivariano será un desierto sin cobijo para las multinacionales y las compañías ibéricas. Chávez no está solo. Morales le ha enseñado la forma más rápida de patear el tablero, sin reconocer la mediación del Banco Mundial. Y Correa está demostrando en las espaldas de Repsol y Telefónica que es su alumno más ducho en el bolivariano arte del chantaje como arma de negociación. Pistoleros de gatillo fácil, los tres recurren a sus dianas habituales, los empresarios españoles -con el Santander, Repsol y BBVA en cabeza-  que tratan de apretar los dientes y torear a golpe de cordura las amenazas de nacionalización y expulsión para seguir con la inversión ibérica, cada vez más necesaria para unas economías con problemas de producción, infraestructuras y servicios.

No contento con nuevo modelo de asociación de Pdvsa, en empresas mixtas con las multinacionales como socias minoritarias, vigente desde el año pasado, le ha permitido "rescatar" 40.000 millones de dólares y sumar activos por más de 109.000 millones de dólares, Chávez ha pedido a sus ministros sugerencias para crear próximamente un impuesto a la "ganancia súbita" a petroleras que operan aún en Venezuela. La realidad ha golpeado las puertas del reino de los ensueños y de las arremetidas bolivarianas. Y le han dado a Hugo Chávez y su economía con ínfulas de autarquía energética el primer golpe en la frente de su niña bonita, Pdvsa, lastrada ya por los problemas de producción, exportación y gestión y las deudas. El presidente venezolano responde. En su batalla contra Exxon y el "Imperio" no mide fuerzas.

La guerra de Chávez - con Pdvsa en ristre- y los efectos de las órdenes judiciales a su favor para que se congelen con carácter cautelar activos de la petrolera pública venezolana en el exterior por valor de 12.000 millones de dólares han opacado todas las broncas, pero Chávez, que no gana para guerras, se agita contra el mundo. Y en un país donde las empresas españolas tienen inversiones por 1.900 millones de euros, no es fácil que se salven de los zarpazos de un presidente que prometió obligarlas a "tener que rendir más cuentas" y "meterles el ojo para ver qué están haciendo en Venezuela". Chávez reabre la caja de Pandora de las nacionalizaciones, ahora que la tormenta monárquica y todos los truenos de sus amenazas se habían apaciguado. El espantajo de la estatalización ha vuelto a la vida con las industrias alimenticias.

Chávez guarda en la manga el as de bastos de su nuevo plan estrella: la expropiación de la suiza Nestlé y a la italiana Parmalat en el país "si siguen expulsando del mercado a los productores estatales de leche", que "ofrecen dinero por adelantado, se llevan la producción y dejan a las plantas del Estado sin la leche necesaria". Por la misma senda, algunos apellidos españoles están en el punto de mira de este nuevo capítulo, pero además, si la ira se desata, un Chávez acorralado y obligado a dar patadas de ahogado para su galería puede reavivar los zarpazos contra el sector bancario.

No hace ni un mes que puso la mira de su trabuco al BBVA y el Banco Santander. Ahora, Chávez amenaza con intervenir los bancos privados si no se convierten en cómplices de su reforma de la tierra, si no dan créditos a bajo coste y un mayor plazo al sector agrícola. Se ha fijado un tipo de interés que no podrá ser superior al 15% y se ha modificado una ley de crédito agrícola para extender el plazo de pago de los préstamos de 3 a 20 años. Y, por mucho que las entidades españolas se atengan a sus reglas del juego, transitan por un desfiladero estrecho, a merced de sus caprichos. Aunque en una economía a la que el Estado ha dado cuerda a golpe de consumo, muy dependiente del sector bancario y cada vez más huérfana de un tejido industrial y de servicios e infraestructuras suficientes, la salida de las empresas foráneas sería la puntilla. Sólo las filiales del Santander y el BBVA-que han invertido 1.300 millones de dólares en el país- suponen más del 24% de las carteras de crédito y un 20,72% del mercado.

A Chávez no le duelen prendas. Como siempre, se llena la boca de amenazas. Si hace falta, o si su ira por el golpe legal de Exxon Mobil a Pdvsa no se contiene, el venezolano está dispuesto a inmolarse como un kamikace, con el petróleo en ristre, con tal de pellizcar a la mayor economía del mundo, aunque le cueste perder a uno de sus mejores clientes, enturbiar aún más si cabe las relaciones con Washington -ahora que por fin ha encontrado en Obama un candidato que promete volver al diálogo con Caracas- y agitar en su contra al mercado mundial del petróleo.

Por eso, en su peculiar guerra universal, no dejó de aprovechar la presentación de credenciales del embajador de España en Venezuela, Dámaso de Lario, para agitar de nuevo la confrontación contra la Casa Blanca y todo el que esté en sintonía con ella, sea o no Madrid. Chávez, dispuesto a declararle la guerra -más allá de la dialéctica y la comercial- a Colombia si hace falta, no cuenta precisamente entre sus aliados para sus aventuras con las FARC a España, repudiada por los guerrilleros como mediadora internacional.

La orden de captura contra Xabier de Irala por su participación en la "quiebra fraudulenta" en 1997 de la aerolínea Viasa es, por ahora, el último eslabón de una cadena de desencuentros que no ha dejado títere con cabeza y que se reaviva a medida que Chávez necesita alimentar la euforia bolivariana de sus huestes. Y reordenar el tablero del juego, que ya no le gusta. Las iras contra el CIADI, en sintonía con las de su vecindad bolivariana, ya se convirtieron en un dolor de cabeza para las españolas en Bolivia y pueden hacerlo ahora en Ecuador y en Venezuela. La Asamblea Nacional ha ordenado retirar a Venezuela del CIADI.

La ruta hacia las afueras del sistema legal global no es nueva. Ya Morales le despejó el camino del portazo a las reglas del juego comercial internacional. La ecuación es sencilla y casi perfecta, tal como la ha venido aplicando el presidente del jersey a rayas: si no le gustan las condiciones de los contratos con las multinacionales, se rompen. Si estorban, se les "nacionalizan" sus acciones y se transfieren al estado, aunque su participación sea mayoritaria, como en este caso (Telecom a través de ETI poseía el 50% de las acciones, frente al 47% del Estado). Si, vapuleadas por las condiciones de la nacionalización en el sector de los hidrocarburos, la telefonía y la minería, las multinacionales buscan la protección del derecho internacional y acuden al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversiones del Banco Mundial (CIADI), basta con negar la mayor y no reconocer al árbitro. Telecom Italia fue la primera en probar la medicina autárquica de Evo Morales, pero no será la última.

No es casualidad que el repudio al CIADI por parte del Gobierno de Correa llegue justo ahora que la estadounidense City Oriente ha recurrido ante el arbitraje del Banco Mundial la deuda de 21 millones de euros que el gobierno ecuatoriano le reclama, en aplicación del "decretazo" de abril por el cual obliga  a las compañías internacionales a entregar un 50% de los ingresos extraordinarios del petróleo, en lugar del 20% previsto por la ley. Justo en el mismo momento en que la también estadounidense Occiental Petroleum reclama ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial que Ecuador -que rescindió sus contratos en mayo de 2006- le restituya los campos petroleros de su propiedad en el país y le pague una indemnización de 1.000 millones de dólares.

La derrota de Chávez en el referéndum no ha hecho más que enturbiar las debilidades económicas de un sistema que ya sufre los síntomas de nueve años de autarquía petrolera. En el quinto exportador mundial de petróleo es más fácil conseguir un coche de importación que leche, huevos, carne o azúcar y los venezolanos sufren una inflación que la patronal cifra cerca del 25%. Aunque el mandatario achaca el desabastecimiento a la confrontación con Colombia, el acaparamiento y el desvío de productos al mercado negro, son el control de precios, la restricción de divisas y el intervencionismo los que han tejido una ecuación que ha dado como resultado la escasez, el encarecimiento de las importaciones y la debilidad enfermiza del bolívar, que la reconversión monetaria sólo está maquillando. 

En su juego de rol le han tocado a la "reina" y jura que no dejará que ‘Mr Danger' se salga con la suya. El Gobierno confunde las caretas de su juego de rol. Contraataca contra Exxon, una empresa privada, con la amenaza de golpes en la espalda del Estado norteamericano, del conjunto del país. Patalea en la confusión, capaz de pegarse un tiro en los pies y cortar el suministro de crudo a EEUU. No es la primera vez, ni será la última. Paradojas de la guerra de los mundos de Chávez, le duele que Exxon se haya adelantado al veredicto de la CIADI, ese mismo organismo al que Caracas, La Paz y Quito trataban de dejar en la estacada y han repudiado en mil y una ocasiones, con la promesa de empeñar las energías del trío en "una campaña internacional" para "erradicar" "una entidad que falla siempre a favor de las empresas, salvo en el caso de Estados Unidos".

El venezolano, con el interés por sacar balones fuera y buscar culpables foráneos para la inestabilidad que, a las puertas de la reforma constitucional, hace zozobrar su país. Junto a Bush, buenos son los empresarios españoles a los que hincarles el diente, aunque sigan siendo las empresas ibéricas las que apuestan por la región con más intensidad que sus propios mandatarios, obligadas a convertir su esfuerzo en heroico y a ser los parapetos de las discordias diplomáticas.

Ni Morales ni Correa quieren quedarse atrás en el deporte del tiro con amenaza a las multinacionales. Las españolas en cabeza.  Correa no se mide en sus ultimátum, ensaya semana a semana y ha vuelto a sacar a pasear su peculiar concepto de los incentivos negociadores con las multinacionales. Nada de velos diplomáticos. El presidente ecuatoriano entona su versión del 'Bolero del Chantaje' a dos manos, con las petroleras (Repsol YPF incluida) y ahora con las operadoras de móvil: o Telefónica y América Móvil pagan 700 millones de dólares (481 millones de euros) de forma conjunta, o "que les vaya bonito".

Incorregible, el rey de los correazos a las multinacionales petroleras vuelve a la carga. Primero dispara, luego pregunta. Su alternativa, claro, pasa por engordar a la estatal Telecomunicaciones del Ecuador, (Telecsa) hoy una operadora casi residual, con el 4% del mercado, aún a costa de reproducir el modelo de la ineficiencia de Petroecuador. El precio de la renovación que trata de cobrarles ahora a las multinacionales de la telefonía móvil supone un alza del 600% sobre la cantidad cancelada por las dos compañías cuando en la década de 1990 firmaron sus contratos. Una cifra que tiene en cuenta el valor el negocio actual y la rentabilidad que reportarían las empresas en su renovada concesión para operar en un dinámico mercado en el que existen anuncios de emprender en servicios de tercera generación (3G).

La verdad es que Correa no gana para amenazas y chantajes. En pleno proceso de diálogo con la brasileña Petrobras, la española Repsol-YPF, la francesa Perenco, la china Andes Petroleum y la estadounidense City Oriente, les obliga a dialogar sin condiciones en un campo de juego acotado por sus deseos, patea el tablero del arbitraje del Banco Mundial y ahora, por si las dudas, el mandatario dice alto y claro que, si no reactivan sus inversiones después de febrero, los campos que explotan las empresas multinacionales serán transferidos a otras empresas. Quito busca cambiar los contratos de participación que están vigentes- en los que parte del petróleo extraído pasa a ser de propiedad de las empresas- por contratos de prestación de servicios, en los que el Estado sólo paga por la extracción de crudo.

Correa les ha pasado la lista de los Reyes Magos: con el cambio de contratos, el Estado no asumirá los costos de extracción, como sucede hoy. Y el pago de servicios al Gobierno será en efectivo y no en crudo, como proponen las empresas. Ya puestos a pedir, Correa y su almirante petrolero esperan alrededor de 1.000 millones de dólares de inversión privada en el sector petrolero para los próximos tres años, que se sumarían a los 2.000 millones de dólares que el gobierno aprobó para este año como parte del presupuesto de Petroecuador, que en los últimos diez años Petroecuador ha invertido 967 millones, menos de la cuarta parte de los 4.600 millones aportados por las multinacionales, a pesar de que en las manos de la estatal están el 80% de las reservas.

Consciente de su órdago, con el próximo referéndum constitucional a la vista, Correa prepara la alfombra roja a una turbulenta Pdvsa, con la esperanza de que, si hay fuga de inversores, la venezolana salve a Petroecuador. Auxilio entre ahogados.