Monitor de la Construcción
Hacen falta 5.300 millones anuales más en infraestructuras para mantener la aportación del sector al PIB
El sector de la construcción, y probablemente la inmensa mayoría de los ciudadanos convocados a las urnas el próximo 9 de marzo, echan en falta alguna concreción en las propuestas electorales de los principales partidos políticos en liza sobre cual vaya a ser la política de infraestructuras para los próximos cuatro años, porque su clamorosa ausencia hasta ahora –excepto nebulosos mensajes generalistas e interesados, a menudo desautorizados posteriormente, sobre supuestas ayudas con fondos públicos a determinadas empresas activas en edificación residencial- causa evidente inquietud en un sector que ocupa a más del 13% de los empleos nacionales.
En la última legislatura (2005-2008), las asignaciones para inversión que los Presupuestos Generales del Estado han destinado a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente -en los que se concentra la práctica totalidad de las inversiones estatales en infraestructuras- más las encomendadas al sector privado, han tenido un crecimiento medio anual en términos nominales del 8,57% y que se ha visto ratificado al alza en los PGE para este año, en los que estas inversiones alcanzarán un 15,3% de crecimiento sobre el ejercicio anterior.
Durante estos años, pues, se ha consolidado una forma de hacer las cosas que está teniendo resultados satisfactorios para el sector empresarial dedicado a la obra pública, basada en la planificación a medio plazo y en dotaciones presupuestarias anuales suficientes para mantener dicha planificación. En la legislatura que ahora acaba, el 75% de las inversiones en este ámbito amparadas por los PGE han correspondido a Fomento, un 20% a Medio Ambiente y un 5% a las concesiones y al sector privado, habiendo alcanzado el total de inversiones presupuestadas destinadas a infraestructuras en el conjunto del período 82.477 millones de euros.
Desde el punto de vista del origen de las inversiones y en términos de lo que cada segmento ha representado respecto al PIB nacional, esta evolución de la inversión en infraestructuras de la Administración central en el período 2005-2008 se ha desglosado del modo siguiente: lo aportado por fondos públicos españoles ha representado el equivalente al 1,5% del PIB y lo sufragado por los fondos estructurales de la UE el 0,42% del PIB.
Por lo tanto, la cuestión relevante ahora es cómo dar continuidad a esta tendencia en la próxima legislatura teniendo en cuenta la acuciante necesidad de mantener el ritmo de creación de infraestructuras no solo por el cambio de ciclo en la economía en general y en la construcción residencial en particular, sino por la paulatina reducción, hasta su total desaparición, de los fondos estructurales de la UE que tanto han colaborado a esta evolución en el pasado y que ahora habría que sustituir con financiación de otras fuentes, porque obviamente estos recursos no pueden proceder solo ni mayoritariamente de los fondos estatales procedentes de los impuestos. Por lo tanto se impone la necesidad de que los poderes públicos implementen políticas procíclicas en este ámbito, como viene reclamando el sector hace meses por medio de CNC y del resto de patronales de la construcción, pero también es oportuno que el sector se implique más en esta búsqueda de financiación alternativa para mantener la creación de infraestructuras que sería deseable para el país, para la competitividad de la economía y para las propias empresas del sector.
No son posibles soluciones simplonas, del tipo de "que aumenten, hasta enjugar la diferencia, las dotaciones para este fin en los PGE a lo largo de los próximos años", porque el gasto público que depende del Gobierno está y estará comprometido en gran medida -gobierne quien gobierne- por las políticas sociales y otros compromisos sanitarios, educativos, de seguridad, etc. Tampoco se puede aumentar significativamente la carga impositiva a los ciudadanos ni son deseables soluciones como las propuestas por el G-14 pidiendo ayudas públicas cuando las cosas no les salen bien, y que el propio vicepresidente Solbes ha desechado tajantemente. El esfuerzo ha de ser conjunto por parte de todos los actores, de modo que el compromiso sea mutuo y los riesgos compartidos.
En este sentido SEOPAN plantea una hipótesis a tener en cuenta puesto que involucra a demanda y oferta, al sector público y al privado en la financiación del tramo de inversiones que puede faltar, según los parámetros antes expuestos. Si para mantener el ritmo inversor en infraestructuras en la próxima legislatura (2009-2012) es necesario que los PGE crezcan una media anual del 8,57%, si la aportación de estos PGE debe mantenerse razonablemente en el 1,51% del PIB anual también de media -como ha sido una constante en los dos últimos decenios- y si la aportación de los fondos estructurales a lo largo de ese período va a representar sólo el 0,24% del PIB anual en vez del 0,41% que han aportado en la pasada legislatura, falta una "cuña" equivalente a unos 21.300 millones de euros de inversión para alcanzar esos objetivos. Para los PGE de la próxima legislatura, mantener unas inversiones sobre el PIB del 1,51% y la tasa inversora actual, supondrá disponer de un adicional de inversión" en la cuantía mencionada más arriba.
La patronal de las grandes constructoras cifra ese 'gap' para el periodo 2009-2012 en unos 5.325 millones de euros anuales. "Entre otras opciones posibles, la financiación privada es una alternativa de eficacia probada para cubrir el déficit inversor de la próxima legislatura, debiendo ponerse en marcha actuaciones de concesiones de infraestructuras por valor superior a 21.000 millones de euros". Para poner en práctica esta hipótesis son necesarias al menos dos actuaciones: disponer de proyectos suficientes y encontrar el equilibrio entre riesgos y aportaciones que no computen a déficit y que aseguren una mínima rentabilidad para el capital privado. Lo primero no parece ser mayor problema; pero lo segundo, como dijo el autor de "Momo", es otra historia que más adelante comentaremos con detalle.