Telefónica, dispuesta a seguir negociando con Correa
Con talante dialogante frente a los "correazos" ecuatorianos y la convicción de que habrá acuerdo, así encaja la compañía española la peculiar andanada con la que el mandatario ecuatoriano entona el bolero del chantaje con las operadoras internacionales de móvil. Inasequible al cansancio o al aburrimiento, el ecuatoriano enseña ahora su particular versión del ‘pay per view’ criollo: si quieren seguir en el mercado nacional y renovar por 15 años más sus licencias de telefonía, que vencen ahora, las operadoras de móvil tienen que pasar por caja, o Telefónica y América Móvil pagan 700 millones de dólares (481 millones de euros) de forma conjunta, o "que les vaya bonito". Además de cancelar un nuevo canon por la concesión, las operadoras internacionales deberán reducir las tarifas de su servicio para continuar operando en su creciente mercado. Telefónica tiene a su favor que hay tiempo para llegar a un acuerdo en los próximos meses ya que la concesión expira en agosto, pero el Gobierno de Quito no ha querido aún ni siquiera avanzar más allá de la fase definitiva ni adelantar la cifra exacta de su peaje.
La cifra de 700 millones de dólares (478 millones de euros) en la que estiman las autoridades ecuatorianas el valor de la concesión, se repartiría entre las operadoras privadas del móvil en Ecuador, Movistar y Porta, filial de América Móvil y este sería en función de la cuota de mercado que es mucho mayor en el caso de Porta. Los últimos resultados de Telefónica en Ecuador, que corresponden a los nueve primeros meses del año 2007, señalaban que los ingresos habían caído el 4,1% hasta los 211 millones de euros, aunque en moneda local subieron el 3,6%, mientras que las inversiones en la zona crecieron el 29,9% hasta los 28 millones de euros, un 40% en moneda local. El número de clientes de Telefónica creció hasta septiembre de 2007 el 10,9% hasta los 2,7 millones, de los que 2,3 eran de prepago.
Telefónica ha aprendido a hacer cintura frente a un presidente que vuelve a sacar a pasear su peculiar concepto de los incentivos negociadores con las multinacionales. Nada de velos diplomáticos. De ‘correazo' en ‘correazo' hasta el ultimátum final. Correa no se mide en sus ultimatums. El precio de la renovación que trata de cobrarles ahora a las multinacionales de la telefonía móvil supone un alza del 600% sobre la cantidad cancelada por las dos compañías cuando en la década de 1990 firmaron sus contratos. Una cifra que tiene en cuenta el valor el negocio actual y la rentabilidad que reportarían las empresas en su renovada concesión para operar en un dinámico mercado en el que existen anuncios de emprender en servicios de tercera generación (3G). No ha tenido más que acordar la estrategia con el presidente del Fondo de Solidaridad, Jorge Glass, y Jaime Guerrero, presidente del CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) y poner en práctica su vieja cantinela: la de forzar a las compañías a negociar con una mano a la espalda y frente a las pretensiones de Correa de que sigan apostando por un terreno delimitado por él, por contratos los nuevos términos de los contratos, que incluyen una reducción del techo tarifario y sanciones más fuertes por fallos operativos.
Correa ha convertido su experimento bolivariano en un campo minado para las operadoras multinacionales. Su alternativa, claro, pasa por engordar a la estatal Telecomunicaciones del Ecuador, (Telecsa) hoy una operadora casi residual, con el 4% del mercado, aún a costa de reproducir el modelo de la ineficiencia de Petroecuador.