El pelotazo de la Hacienda alemana reabre en España el debate sobre el pago a los confidentes
Mientras Hacienda estudia el cambio de la figura del Delito Fiscal para la próxima reforma del Código Penal, que no tendrá efecto hasta la próxima legislatura, en la Agencia Tributaria se respira un aire de ensoñación ante las noticias que llegan de Alemania, donde un ciudadano ha logrado, una vez que el Gobierno le pagó por ello, desmantelar la mayor parte del fraude fiscal cometido por capital alemán en Liechtenstein. Este es un país calificado como “paraíso fiscal no cooperativo” por la OCDE y la Hacienda Pública alemana tenía como objetivo acabar con una situación que amenazaba con seguir creciendo con absoluta impunidad. La medida ha causado polémica, fundamentalmente porque se haya pagado una cifra millonaria al confidente por facilitar el CD con la lista de operaciones y los nombre de los defraudadores y porque puede suponer el derrumbamiento de buena parte del sistema financiero tanto del Principado como de la propia Alemania, ya que están encartadas grandes empresas y muchas de las mayores fortunas del país.
En la Hacienda Alemana han comenzado a recibirse ya regularizaciones espontáneas de quienes sospechan que están en la lista y quieren adelantarse a la posibilidad de que les llegue la citación de Hacienda y con ello las acusaciones Penales.
Aunque en España hace muchos años que desapareció el pago para incentivar a los denunciantes de fraude fiscal por parte de Hacienda, las Fuerzas de Seguridad sí podrían negociar con un posible confidente si su objetivo se inscribiese en la lucha contra la delincuencia organizada, pero no por el fraude fiscal puro y simple.
En Hacienda, las denuncias se pueden hacer con carácter anónimo ante los denunciados, que no ante la Inspección de Hacienda. Estas actuaciones van destinadas, fundamentalmente, a vengarse del jefe, acabar con malas prácticas en la empresa o poner en dificultades a un competidor. Además, Hacienda no informa al denunciante de la resolución del expediente.
El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, responde con un seco "no" cada vez que se le pregunta si la Administración estudia la posibilidad de premiar económicamente las informaciones que hagan aflorar el fraude. No hay intención de cambiar el ‘status quo' a pesar de que ya ha comenzado el debate sobre la posibilidad de importar el sistema germano a España para hacer una escabechina entre los defraudadores en paraísos fiscales.
Ateniéndonos a las pocas encuestas que hay sobre la materia, sus resultados vienen a coincidir en que únicamente entorno a un 7% de los encuestados estaría dispuesto a colaborar con Hacienda denunciando los casos de fraude fiscal que conoce. Una muestra de que la imagen del denunciante es tan negativa y está tan profundamente arraigada, a pesar de que este delito suponga aproximadamente la cuarta parte del PIB nacional, según los cálculos de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.
En España Hacienda ha apostado por los acuerdos con los colectivos de notarios, registradores, gestores administrativos, auditores, censores de cuentas y otros grupos profesionales. El nuevo Plan de Prevención del Fraude Fiscal va en esta misma línea ya que incluye la posibilidad de "llegar a acuerdos" para obtener información fiscal de determinados colectivos, entre los que destacan las empresas de la competencia, patronales o profesionales y empleados".
Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 262, establece que
"los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante".
Las cifras en España no se van a parecer a las de Alemania, porque en la lucha contra el blanqueo de capital, la Agencia Tributaria denunció en 2007 delitos de este tipo por un importe de 1.067 millones de euros, frente a 311 millones en 2006, debido a actuaciones de investigación más complejas relacionadas con el narcotráfico y la economía sumergida. Cada descubrimiento es un auténtico logro.
La Agencia Tributaria está investigando cerca de 12.000 operaciones realizadas con billetes de 500 euros en los años 2003, 2004 y 2005, la mayoría relacionadas con el sector inmobiliario, según datos de la Agencia Tributaria y durante el año 2007 se inspeccionó a 26.000 contribuyentes, lo que representa un 5% menos que en 2006, aunque la deuda descubierta ha aumentado debido a la mejor selección de contribuyentes de mayor riesgo.