Chávez y sus discípulos, entregados a la provocación como estrategia
Se ha aprovechado de la guerra abierta con Exxon para insuflar nueva munición a las provocaciones, las amenazas y la agitación. Ese arma con la que Chávez y sus discípulos bolivarianos castigan a las multinacionales y alimentan la exaltación de sus huestes es más que una dulce tentación, toda una estrategia. Primero sacuden, luego denuncian. Todo para negociar un juego con nuevas reglas y en una cancha rediseñada a su medida.
El venezolano lo está haciendo con las petroleras, a las que trata de imponer un "impuesto a la ganancia súbita" aprovechando la supuesta reacción al golpe que la norteamericana le ha propinado a Pdvsa.
Ha comenzado con las empresas de alimentación, a las que nacionalizará si se salen de las coordenadas con las que trata de castrar al mercado. Y los bancos, entre ellos los españoles, aguardan también el golpe. El cocktail bolivariano está listo: una dosis de agitación social aliñada con la satanización de las multinacionales. En Venezuela, son las hordas proetarras las que se encargan, de cuando en cuando, de servirlo bien frío en los muros de la embajada española. La derrota en el referéndum no ha hecho más que enturbiar las debilidades económicas de un sistema que ya sufre los síntomas de nueve años de autarquía petrolera. Y Chávez, entre la espada y la pared, ya ha demostrado en qué consiste eso de la "defensa sin fin de la patria", una combinación de patadas al viento y amenazas de nacionalización a las multinacionales, con denuncias por robo, fraude, traición a la patria, trabajo para el Imperio y otros engendros similares que adornan su galería patria.
Como Correa y Morales, tiene el verbo y la denuncia a flor de labio. La cajita de las acusaciones está llena. Y es de lo más diversa y colorida. Un campo abonado para la vieja canción tan bien sabida por Chávez y sus discípulos bolivarianos: golpea primero, amenaza, que algo queda. Y después negocia, a correazos, al contraataque y con el adversario a la defensiva. Aunque la arremetida, kamicace, espante a la inversión extranjera y acabe con Pdvsa, YPFB y Petroecuador lastradas por la ineficacia y la impotencia, o con Venezuela poseída por el desabastecimiento alimentario y condenada desde esta semana a los tickets de racionamiento.
Enfurecido y acorralado en su propio campo de juego, ya huérfano político de Fidel Castro, Chávez ha vuelto a destapar la caja de Pandora y abre la puerta al fantasma de las nacionalizaciones y, entre tanto, a nuevos contratos de operación e impositivos con las multinacionales petroleras que operan en Venezuela, ahora que la tormenta monárquica y todos los truenos de sus amenazas se habían apaciguado. En pie de guerra, se enroca en su particular guerra de los mundos en la que las empresas foráneas ocupan de lleno el centro de la diana. Los ataques y denuncias que el gobierno bolivariano ha reactivado no son sólo la respuesta a la avanzadilla legal de Exxon y a su golpe sobre los activos de Pdvsa. Van a ejercer, antes de nada, como preludio de una nueva arremetida. No contento con nuevo modelo de asociación de Petróleos de Venezuela en empresas mixtas con las multinacionales como socias minoritarias -vigente desde el año pasado, le ha permitido "rescatar" 40.000 millones de dólares y sumar activos por más de 109.000 millones de dólares -Chávez ha pedido a sus ministros sugerencias para crear próximamente un impuesto a la "ganancia súbita" a petroleras que operan aún en Venezuela. Y qué mejor manera de negociarla que el arte de la convicción del chantaje.
El espantajo de la estatalización ha vuelto a la vida con las industrias alimenticias a las que Caracas quiere ahora hacer comulgar con sus planes, a saber: participar en el mercado con las condiciones que Miraflores diseña y, en todo caso, ser los chivos expiatorios. Chávez guarda en la manga el as de bastos de la expropiación de la suiza Nestlé y a la italiana Parmalat, que "ofrecen dinero por adelantado, se llevan la producción y dejan a las plantas del Estado sin la leche necesaria". Roy Chaderton, embajador en México, pide a su gobierno investigar en Venezuela a la sucursal de Bimbo, que tiene invertidos allá 156 millones de dólares, porque su fundador Lorenzo Servitje podría financiar allá la oposición para desestabilizar al régimen chavista. Y a pesar de que la empresa denuncia constantes aprehensiones de sus productos por parte del ejército, Caracas amenaza con la intervención estatal a Polar, la mayor productora privada de alimentos y bebidas del país, tras acusarla de acaparar productos de consumo masivo escasos en los mercados nacionales.
Por la misma senda, algunos apellidos españoles están en el punto de mira de este nuevo capítulo, pero además, si la ira se desata, un Chávez acorralado y obligado a patadas de ahogado para su galería puede reavivar los zarpazos contra el sector bancario. No hace ni un mes que puso la mira de su trabuco al BBVA y el Banco Santander. Ahora, amenaza de nuevo con intervenir los bancos privados si no se convierten en cómplices de su reforma de la tierra, si no dan créditos a bajo coste y un mayor plazo al sector agrícola. Se ha fijado un tipo de interés que no podrá ser superior al 15% y se ha modificado una ley de crédito agrícola para extender el plazo de pago de los préstamos de 3 a 20 años. Y, por mucho que las entidades españolas se atengan a sus reglas del juego, transitan por un desfiladero estrecho, a merced de sus caprichos.
En sus batallas contra el "Imperio" y sus "emisarios", el presidente venezolano no mide fuerzas. La realidad ha golpeado las puertas del reino de los ensueños y de las arremetidas bolivarianas. Y le han dado a Hugo Chávez y su economía con ínfulas de autarquía energética el primer golpe en la frente de su niña bonita, Pdvsa, lastrada ya por los problemas de producción, exportación y gestión y las deudas. Pero si hace falta, o si su ira por el golpe legal de Exxon Mobil a Pdvsa no se contiene, el venezolano está dispuesto a inmolarse como un kamikace, con el petróleo en ristre, con tal de pellizcar a la mayor economía del mundo, aunque le cueste perder a uno de sus mejores clientes, enturbiar aún más si cabe las relaciones con Washington -ahora que por fin ha encontrado en Obama un candidato que promete volver al diálogo con Caracas- y agitar en su contra al mercado mundial del petróleo.
Poco le importa a Chávez que, a la vista de la guerra comercial con Colombia- su principal proveedor de alimentos- sus amenazas a Washington no sean más que el anticipo de un suicidio económico. Aunque el mandatario achaca el desabastecimiento a la confrontación con Colombia, el acaparamiento y el desvío de productos al mercado negro, son el control de precios, la restricción de divisas y el intervencionismo los que han tejido una ecuación que ha dado como resultado la escasez, el encarecimiento de las importaciones y la debilidad enfermiza del bolívar, que la reconversión monetaria sólo está maquillando.Además,en una economía a la que el Estado ha dado cuerda a golpe de consumo, muy dependiente del sector bancario y cada vez más huérfana de un tejido industrial y de servicios e infraestructuras suficientes, la salida de las empresas foráneas sería la puntilla. Sólo las filiales del Santander y el BBVA-que han invertido 1.300 millones de dólares en el país- suponen más del 24% de las carteras de crédito y un 20,72% del mercado.
Ni Morales ni Correa quieren quedarse atrás en el deporte del tiro con amenaza a las multinacionales. La ecuación es sencilla y casi perfecta, tal como la ha venido aplicando el presidente del jersey a rayas, que desde el 1 de mayo de 2006 no dudó en acusar de acaparamiento y gestión fraudulenta a las multinacionales. Si no le gustan las condiciones de los contratos con las compañías, se rompen. Si estorban, se les "nacionalizan" sus acciones y se transfieren al estado, aunque su participación sea mayoritaria. Si, vapuleadas por las condiciones de la nacionalización en el sector de los hidrocarburos, la telefonía y la minería, las multinacionales buscan la protección del derecho internacional y acuden al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversiones del Banco Mundial (CIADI), basta con negar la mayor y no reconocer al árbitro.
El presidente ecuatoriano entona su versión del Bolero del Chantaje a dos manos, con las petroleras (Repsol YPF incluida) y ahora con las operadoras de móvil: o Telefónica y América Móvil pagan 700 millones de dólares de forma conjunta, o "que les vaya bonito". Correa les ha cambiado las condiciones legales a las operadoras, ha reducido sus beneficios y sus derechos. A las petroleras les ha acusado en más de una ocasión no sólo de ineficacia, sino de corrupción y otros delitos fiscales. Y no ha tenido empacho en insultar a las telefónicas españolas- con Movistar al frente- cada vez que ha querido renegociar con ellas. Tras tratar de obligarles en abril a golpe de decretazo a entregar un 50% de los ingresos extraordinarios del petróleo, en lugar del 20% previsto por la ley, Correa las acusó de fraude y tendrá ahora que responder ante el CIADI o los tribunales internacionales por haber intentado cobrar esos excedentes 21 millones a City.
Ahora, el rey del maridaje entre el oportunismo y la agitación, acusa a Repsol y otras petroleras de delitos ecológicos, justo en pleno proceso de diálogo con la brasileña Petrobras, la española, la francesa Perenco, la china Andes Petroleum y la estadounidense City Oriente. Y señala a las petroleras internacionales como responsables -mediante el soborno- del naufragio de Petroecuador bajo el mando de la Marina ecuatoriana. Por si las dudas, el mandatario dice alto y claro que, si no reactivan sus inversiones después de febrero, los campos que explotan las empresas multinacionales serán transferidos a otras empresas. Quito busca cambiar los contratos de participación vigentes por contratos de prestación de servicios, en los que el estado sólo paga por la extracción de crudo y el pago de servicios al Gobierno será en efectivo y no en crudo, como proponen las empresas. Ya puestos a pedir, Correa y su almirante petrolero esperan alrededor de 1.000 millones de dólares de inversión privada en el sector petrolero para los próximos tres años, que se sumarían a los 2.000 millones de dólares que el Gobierno aprobó para este año como parte del presupuesto de Petroecuador, que en los últimos diez años ha invertido 967 millones, menos de la cuarta parte de los 4.600 millones aportados por las multinacionales, a pesar de que en las manos de la estatal están el 80% de las reservas.