Los inspectores de Hacienda piden un imposible legislativo para controlar los paraísos fiscales
La coincidencia ha sido muy inoportuna y tendrá consecuencias a medio plazo puesto que la sensibilidad ciudadana ha cambiado después de la aparición en Alemania de los listados de evasores en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Me refiero al expediente que la Comisión Europea ha abierto a España por el tratamiento que el Impuesto sobre Sociedades otorga a los fondos invertidos en lugares como el principado centroeuropeo.
Y digo que ha cambiado la sensibilidad social, porque este expediente a España ha adoptado la forma de un dictamen motivado, que es la segunda fase de un procedimiento de infracción, y durante la primera no hubo apenas repercusión alguna. Ahora, si en el plazo de un par de meses el Estado español no ha modificado esta normativa, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Si analizamos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas podemos comprobar que su principal preocupación es salvaguardar la unidad del Derecho Comunitario y su aplicación uniforme en todo el territorio de la Unión, de ahí que el riesgo de evasión o fraude fiscal se someta a estrictos requisitos para ser aceptado como causa de justificación de excepciones a las libertades comunitarias. De ahí, la urgente necesidad que la Comisión Europea viene solicitando a los Gobiernos de coordinar de forma más eficaz las legislaciones fiscales nacionales de lucha contra las prácticas abusivas.
Por tanto, en este caso, la Comisión Europea se debate entre el derecho de los Estados miembros a garantizar que no perderán ingresos tributarios por la adopción de estrategias de planificación abusivas, tal y como defiende la OCDE, y el derecho de los ciudadanos a la libre circulación de capitales.
La OCDE mantiene como conclusión fundamental de sus últimas reuniones fiscales, que las restricciones a la cooperación internacional en la persecución de los delitos fiscales, ya que en una economía globalizada se considera necesario que todos los países cooperen en la lucha contra la delincuencia económica incluidos los delitos fiscales.
España junto a Italia y Méjico, son los únicos países de la OCDE que mantienen el sistema de listas de paraísos fiscales o "listas negras". En los debates relativos a esta cuestión, España siempre ha defendido su soberanía para establecer las medidas defensivas que estime oportunas. Ahora, la Comisión Europea está dispuesta a ponerle límites.
Estamos hablando de que la inversión española en los paraísos fiscales se situó en 95 millones de euros en el primer semestre de 2007, lo que supone una disminución del 50,7% en comparación con los 193 millones contabilizados en ese mismo periodo del anterior ejercicio, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En el caso de Liechtenstein, las inversiones españolas han sumado un total de 22,11 millones de euros en los últimos quince años, si bien desde 2005 no se han contabilizado inversiones nacionales, todavía pendientes de calibrar.
Y es con este panorama de fondo con el que hay que analizar la propuesta realizada ayer por la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que defiende que el derecho a la libertad de movimientos de capitales en Europa se restrinja en las transacciones entre un Estado miembro y un paraíso fiscal. Para ello, se debería el artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que prohíbe expresamente cualquier tipo de restricción a la libre circulación de capital.
Hasta que sea posible este cambio, instan al Gobierno español a establecer un impuesto especial sobre movimientos de fondos a paraísos fiscales y que se modifique la legislación bancaria con el fin de prohibir que los bancos tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. Si ello no fuera posible, exigen que, al menos, los bancos españoles deban informar a las autoridades tributarias de las operaciones de sus filiales en paraísos fiscales como si estuvieran en España. La propuesta, a la luz de la actuación de los últimos años de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no pasa de ser un brindis al sol.