El Gobierno deja los 400 euros de los autónomos hasta después de las elecciones

Xavier Gil Pecharromán.– Zapatero ha vuelto a exigir el voto de obediencia a Solbes, que ha tenido que rectificar nuevamente unas declaraciones suyas. En esta ocasión sus declaraciones confirmaban la exclusión de los autónomos de la reducción en 400 euros del IRPF. Sin embargo, era el propio Zapatero quien cambiaba la letra del romance y afirmaba ante sus seguidores, que los autónomos sí que se verán beneficiados de la  rebaja tributaría. El vicepresidente del Gobierno, no obstante, no ha querido alargar más los interrogatorios periodísticos y de los candidatos del PP y ha afirmado que el asunto está “sobre la mesa” y que si el PSOE gana las elecciones se estudiará el asunto en el primer Consejo de Ministros que se convoque. Asunto cerrado.

El próximo asunto al que Zapatero deberá responder es al de la inflación que supondrá esta medida, que ya ha sido calificada por el Jesús Caldera como "suaves efectos inflacionistas", pero defendió que son preferibles "a que la tasa de crecimiento de la economía descienda de forma fuerte" por un frenazo del consumo. Recordemos que puede tener un coste recaudatorio para el erario público cercano a los 5.500 millones de euros, teniendo en cuenta los más de 16 millones de contribuyentes que en la actualidad están afectados por el IRPF.

Y todas estas discusiones sobre los "efectos secundarios" de la medida electoral abanderada por Zapatero mantienen a los técnicos de Hacienda realizando cálculos para ver los costes reales que las medidas prometidas van a suponerle al erario público.

Así, el secretario de Estado de Hacienda ha anunciado que cuentan con un nuevo simulador para adelantarse a cualquier tipo de aumento o recorte presupuestario. De esta forma, Carlos Ocaña, estima que la rebaja de cinco puntos en el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, hasta situar el tipo general en el 30% y el de las pymes en el 25%, supondrá un ahorro tributario para las empresas de 4.000 millones de euros, pero que en realidad sólo tendrán un coste para el Fisco 1.890 millones de euros (el 47% de la previsión), gracias al incremento inducido en la recaudación tributaria logrado mediante el incremento de la actividad que va a suponer el aumento de liquidez para las sociedades.

Las cifras de la simulación resultan espectaculares. Según el simulador, la rebaja del Impuesto sobre Sociedades generará un incremento adicional del PIB del 0,61%, basado en mejoras de la inversión (0,98%), el empleo (0,25%) y la productividad del trabajo (0,59%).

Desde un punto de vista laboral, se estima que se podrán crear con esta dinamización de la economía, de unos 50.000 puestos de trabajo y, además, habrá una mejora de los salarios reales en un 0,37%, gracias al aumento de la productividad. Para cerrar el círculo desde la inversión, se espera un impulso del consumo privado del 0,27%. Lo increíble, es que con estas previsiones se haya tardo tanto en adoptar una medida que ha dejado a los empresarios afónicos en su demanda de una aproximación a los tipos medios comunitarios para evitar la caída de productividad que se ha registrado en los últimos años.

De lo que continúa sin hablarse en la campaña es de los que va a ocurrir con la financiación de las comunidades autónomas y de los municipios a partir de las elecciones. Se trata de un asunto en el que una buena parte de los contribuyentes españoles no admiten muchas bromas, por eso se pospuso la negociación al inicio de la acabada legislatura.

Una encuesta de ámbito estatal, realizada por la Universidad de Murcia, establece entre sus conclusiones que un 69% de los españoles es contrario a que se paguen los impuestos estatales en una comunidades y que no se haga en otras, tal y como sucede con el Impuesto sobre el Patrimonios y sobre el de Sucesiones y Donaciones. Los encuestados se muestra partidarios de que una Ley, en este caso tendría que ser la Ley General Tributaria, establezca un mínimo uniformador para que se tribute por estos tributos en todas las autonomías.

Esta postura explica porque no han tenido éxito hasta ahora las políticas establecidas por algunas comunidades para fomentar la competencia fiscal. Y es que sobre su bolsillo, los ciudadanos tienen la cabeza bastante más fría que sus dirigentes políticos.