Monitor de la Construcción

Las expectativas post-electorales para el sector constructor

Ignacio Mulas.– “Es lo que hay”, dicen en Cádiz en ocasiones como esta, con estoica sabiduría mirando al tendido y sin mover el perfil. Las elecciones ya son pasado, pronto tendremos nuevo Gobierno más de lo mismo, del que los españoles esperamos, al menos los que solo ejercemos de ciudadanos, que se ponga manos a la obra para que los engranajes no se paren, para que se potencie la actividad económica; para que se pase de las palabras a los hechos, de la farfolla electoralista a las realidades y las actuaciones eficientes; para que la situación de deriva descendente de nuestra economía se corrija y el país pueda volver a la senda de crecimientos suficientes para que los sectores productivos no se gripen y el empleo y el consumo continúen respondiendo a las expectativas de todos lo ciudadanos. El último Boletín mensual del Banco de España sobre la coyuntura y expectativas de nuestra economía para los próximos trimestres deja poco lugar a las dudas sobre la urgencia de esta tarea.

Esta urgencia es mayor aún en lo que respecta a la construcción, que viene constatando en los dos últimos trimestres una evidente ralentización de su producción -incluso muy severa en la edificación residencial- y que además es muy sensible a la tradicional caída de la actividad en épocas post-electorales. Por ello hay una serie de cuestiones que conviene que el nuevo gobierno aborde sin dilaciones.

Que no se detenga, suprima o mediatice la planificación de las infraestructuras, porque es garantía de trabajo continuado para muchas empresas constructoras ya que permite asegurar la actividad de creación de infraestructuras a varios años vista. No debería ser mayor problema puesto que los planes en vigor han gozado de un extenso consenso, abarcan necesidades indiscutibles o completan y mejoran redes ya existentes, y han demostrado en los últimos doce años ser un elemento esencial para la buena marcha de la actividad de construcción de obra pública, a la vez que han permitido a las empresas explotar mejor sus recursos, estabilizando la creación y mantenimiento del empleo y potenciando el de mayor duración y el indefinido.

Agilizar al máximo la salida del "parón" electoral, ya que siempre la puesta en marcha de una nueva etapa de gobierno conlleva un lapso temporal de inactividad. La planificación ya existente puede ayudar a minimizar este receso puesto que existen suficientes proyectos para superar lo antes posible este gap y para licitar en el año un importe suficiente que permita comprometer en su totalidad las disponibilidades que los Presupuestos Generales del Estado han asignado a los ministerios inversores para el ejercicio 2008.

Mantener el ritmo de la licitación pública, para lo que sería necesario arbitrar medidas de choque durante este año para que mantenga un ritmo aceptable de cara a asegurar actividad para 2009, mientras se ponen en marcha los planes que los poderes políticos arbitren para la legislatura.

Poner en marcha a la mayor brevedad incentivos para contener la caída del sector residencial, para lo que es importante dotar de un mayor impulso a la VPO, pero también hay que tranquilizar al mercado y devolver la confianza a una demanda retraída por promesas, rumores y mensajes sobre futuras caídas bruscas de los precios. También hay que devolver la confianza -sobre todo en lo que al marco normativo se refiere- a los inversionistas extranjeros en segunda vivienda, que han venido adquiriendo una media de 125.000 viviendas al año en el último lustro, pero que ahora han desaparecido prácticamente de nuestro país, escaldados por las incertidumbres mencionadas.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos no debe causar dilaciones y perjuicios en el normal desenvolvimiento de la actividad, dada las novedades que implica, para lo que se deben elaborar con prontitud los reglamentos que la desarrollan. Una cuestión capital es la elaboración de los nuevos Pliegos de contratación adaptados a la norma, que deben ser redactados con mesura, equilibrio y sensatez, sobre todo en lo que tiene que ver con los parámetros que definan la temeridad en las ofertas.

Establecer de inmediato medidas correctoras para las bajas temerarias en las ofertas, porque la evolución creciente e imparable de las mismas durante la anterior legislatura puede crear una situación insostenible para empresas y clientes públicos si, como parece lógico, la competencia se incremente aún más en años en los que, como los que se avecinan, parece probable que descienda el nivel de actividad. En 2007 la baja media se situó por encima del 27%, con importantes crecimientos de la producción, situación que no puede repetirse porque, además, la nueva Ley de Contratos no permite -o reduce significativamente- las posibilidades de reformados y añadidos que contribuyan a salvar las adjudicaciones a la baja.

Promover la rehabilitación como complemento a la actividad de construcción de vivienda nueva, ya que representa una parte muy significativa de la actividad constructora, pero que en España está muy por debajo de los niveles alcanzados por los principales países de la UE-15. Mientras que la participación del segmento de rehabilitación y mantenimiento de edificios es cada vez más importante en la actividad constructora de los países centrales de la Europa comunitaria, en nuestro país aún está en tasas muy reducidas, más parecidas a los países de reciente incorporación. España se sitúa prácticamente en la media de la UE-15 en lo que se refiere al peso de la inversión en construcción sobre la inversión total, pero dentro de ella, la inversión en vivienda nueva ha venido representando un porcentaje mucho mayor que en el resto de países avanzados, en detrimento de la rehabilitación. Por ello es recomendable que se fomente y ayude a la rehabilitación de viviendas, de modo que nos acerquemos a los estándares más avanzados y, además, colabore a mantener un nivel de de trabajo que permita al sector no perder excesiva cuota de actividad total respecto a lo conseguido en años anteriores.

Utilizar con mucha mayor intensidad que en la pasada legislatura los mecanismos disponibles de colaboración público privada en la financiación de nuevas infraestructuras, muy contrastados por la práctica en los principales países desarrollados y en el sistema concesional español, líder mundial en este apartado. Los sistemas CPP son, sin la menor duda, el mejor instrumento para completar de manera inmediata las disponibilidades de dinero público con objeto de mantener los niveles alcanzados en los últimos años de creación de nuevas infraestructuras.