Northern Rock, las secuelas de la nacionalización
Ya lo había augurado, a toro pasado, la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, la misma que se convirtió en forense silente de la primera nacionalización de una institución financiera británica desde la década de los 70. Ni el Northern Rock iba a ser el último en sacar las vergüenzas de la City y de Brown al sol, ni el paso a mejor vida de la entidad -o sea a las manos del 10 de Downing Street- era más que el preludio de las desventuras de una “nacionalización temporal” fruto de una mala regulación bancaria y una pésima gestión del propio banco. Dicho y hecho: Northern Rock se ha convertido en un muerto incomodo y maloliente en el armario de los accionistas, de los clientes, de los contribuyentes británicos y cada vez con más intensidad en el ropero del ministro Alistair Darling, que quiso una solución de bajo perfil, que rechazó la oferta de Lloyds TSB, para después garantizar los depósitos de Northern Rock y finalmente nacionalizar la entidad.
Y ahora, atrapado en su propio salvamento, comienza a ver cómo se acumulan sobre su mesa las facturas de una entidad financiera cuyos títulos no valen casi nada. Nadie gana. La plantilla y la cartera hipotecaria de la entidad sufrirán severos recortes bajo un nuevo plan de reestructuración que Brown no tendrá más remedio que orquestar para cumplir con la normativa de la Unión Europea, si quiere seguir aportando ayudas gubernamentales a la entidad, convertida en un misil a la credibilidad de un sistema financiero tan desregulado como el británico y a su estatus como modelo para la industria de servicios financieros.
El proyecto plantea que recorte de manera radical su balance de 113.000 millones de libras esterlinas (147.067 millones de euros), hasta cerca de la mitad de su tamaño actual. Se espera que la reestructuración impacte en un gran recorte de empleos en el banco, que actualmente cuenta con una plantilla de 6.500 trabajadores, ya que Northern Rock casi duplicó su número de trabajadores debido a la ampliación del negocio hipotecario. El primer ministro británico se tomó a pies juntillas las amenazas de Bryan Sanderson, ex presidente de Northern Rock, que aseguraba que lo que está en juego es "la reputación de Londres y del Reino Unido como centro financiero internacional". Pero ha comprobado en carne propia que el problema de la nacionalización es que meterse es mucho más fácil que salir. Con su intervención en verano, el Estado quedó atrapado. Ahora, Downing Street y Alistair Darling están condenados a recuperar cuanto antes los 100.000 millones de libras de los contribuyentes e impedir mayores daños al sistema financiero cerrando el banco y despidiendo a la mayor parte de la plantilla.
Salvar, salvará, pero la nacionalización ha hecho mucho daño a los inversores, a los fondos atrapados en su accionariado, a la propia empresa - a que tiene que devolver al Banco de Inglaterra en el plazo de un año 10.000 millones de libras de los 24.000 millones que le ha prestado la institución en los últimos meses- y a las competidoras privadas, agraviadas por el respaldo público al quinto banco hipotecario, caído en desgracia. Además, la crisis puede impedir la futura vuelta de la entidad al sector privado. Por ahora, el Northern Rock, que suscribió en el país una de cada cinco nuevas hipotecas durante el primer semestre de 2007, ya ha dejado de actuar como intermediario de hipotecas 'subprime'. El banco trata también de aprovechar sus fuertes lazos con agentes hipotecarios para convencer a aquellos clientes cuyas hipotecas a interés fijo estén a punto de vencer de que deberían refinanciarlas en otros bancos e intenta cobrar a otros bancos por ofrecerles sus servicios administrativos. pero desde su nacionalización, Northern Rock apenas ha negociado nuevas hipotecas hasta el punto de que su volumen en los dos primeros meses del 2008 representan sólo un 10% del dinero prestado hace doce meses.
El salvamento, por ahora, sólo ha blindado a Mervyn King, el gobernador del Banco de Inglaterra, que ha conseguido un segundo mandato como gobernador y pisa un terreno más firme que el Ministerio de Economía y Hacienda y la Autoridad de Servicios Financieros (FSA). A pesar de que Darling asegura que la medida cumple el objetivo de "proteger los intereses de los contribuyentes", si el contribuyente británico está subsidiando actualmente al banco con créditos y garantías que totalizan en torno a los 55.000 millones de libras (73.700 millones de euros), con la nacionalización, dado el elevado pasivo actual del banco, la factura para el erario público puede ascender a 110.000 millones de libras (147.400 millones de euros).
El Gobierno pretende sostener así al banco hasta que mejoren las condiciones del mercado y pueda obtenerse un mejor precio por la venta de sus activos. Lo de los inversores es otro cantar. Todos toman posiciones y tratan de componer la figura ante el zafarrancho. Los accionistas, entre los que figura el fondo de inversiones de alto riesgo SRM Capital, RAB Capital y Legal & General emprenderán una acción legal contra el Gobierno laborista para proteger sus inversiones frente a un acuerdo que en el mejor de los casos- Alistair Dixit- será "de mínimos". Pero, conscientes de que sin el salvamento estatal la quiebra llamaba a las puertas de Northern Rock, ladrarán, pero no morderán la mano que les tira el salvavidas, por muy ruinoso que les parezca y evitarán hacer tantas olas como para afectar la capitalización de una empresa que, tarde o temprano, deberá volver al redil del mercado y de las manos privadas vía reventa de los activos.