Una parlamentaria menos muestra el incumplimiento de la Ley de Igualdad en su primer año
Se cumple el primer año desde la aprobación de la Ley de Igualdad y los resultados son tan escasos que las celebraciones oficiales se van a disfrazar en el vacío legislativo actual para pasar con el máximo disimulo. Todavía quedan siete ejercicios para que se alcancen algunos objetivos obligatorios establecidos por la Ley, pero las cifras de estos doce primeros meses son realmente clarificadoras sobre la aceptación de la normativa. En el ámbito empresarial, la ley ha tenido un efecto nulo sobre la composición de los consejos de administración de las grandes empresas. Era de esperar, porque los ejecutivos de las empresas ya habían avisado de que escogerían a la gente por su valía para el puesto y no por cumplir las cuotas. Por ello, tan sólo 26 mujeres constan en los registros de la CNMV como integrantes de los consejos de las empresas del IBEX 35. Esta cifra representa un 5,2% del total de los asientos de consejero actuales, muy alejado del 40% marcado por la Ley.
Estas cifras manifiestan que las cuotas están fallando y que el plazo para lograr el equilibrio entre ambos corre sin afectar a los consejos. La normativa establece un plazo de ocho años para que las empresas del IBEX 35 incluyan en sus consejos de al menos un 40 por ciento de mujeres. Pero, la ley recoge otras iniciativas como la inclusión de los planes de igualdad en la negociación de medidas de igualdad en los convenios colectivos, de las empresas que superan los 250 empleados.
Los sindicatos estiman que en este primer año se ha alcanzado un total de 600 empresas de las casi 5.000 que tienen más de 250 trabajadores, que tienen ya sus planes de igualdad elaborados y aprobados, lo que afecta a un colectivo que está en torno a las 600.000 mujeres afectadas.
La secretaria de Estado de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, ha pedido a las empresas, sindicatos y partidos políticos que reflexionen sobre la necesidad de introducir medidas correctoras en la propia Ley, fundamentalmente en un escaparate tan importante como son las listas electorales de los partidos. Aunque las listas de las pasadas elecciones de 2007 eran paritarias, tal y como exigía la Junta Electoral, los listados iban ordenados por un principio de utilitarismo y no de acuerdo con el espíritu de la ley, lo que ha supuesto que haya una diputada menos en el Congreso de los Diputados que en la legislatura anterior. Un auténtico escándalo para quienes deberían dar ejemplo.
La ley obliga en las listas electorales a que en cada tramo de cinco puestos los candidatos de uno y otro sexo no sean menos del 40 por ciento. Partidos como PNV, ERC e IU no cuentan con ninguna mujer entre los parlamentarios, puesto que las candidatas figuraban en lugares alegados a los puestos de salida.
Menos mal, que dejando a un lado las cuotas, en el plano jurídico, resulta ya insostenible cualquier argumento discriminatorio por razón de sexo en España. En el ámbito social y cultural, la equiparación sólo es rechazada por algunos estamentos sociales marginales (en cuanto a número, no en cuanto a extracto social), lo que no se superará más que con ejemplo y un bien meditado proceso educativo. La Ley necesita una revisión que la haga más realista y que no suponga una guerra de competencia entre quines aspiran a una carrera profesional en las empresas, porque así se generan excesivos lastres para su cumplimiento.