La huelga de los funcionarios de Justicia pasa factura a la ciudadanía
Una buena parte de los juzgados españoles no puede celebrar vistas como consecuencia de la huelga de los funcionarios de Justicia, que se viene desarrollando desde el pasado 4 de febrero. Parece que al ministro Bermejo, aún pendiente de confirmación por Zapatero para formar parte del nuevo Gobierno, y a los sindicatos se le están hiendo de las manos. El Ministerio quiere imponer sus condiciones y los huelguistas, a estas alturas de la protesta, no están dispuestos a tirar la toalla.
Los ciudadanos lo están sufriendo a diario. Bodas aplazadas, nacionalidades sin gestionar, pensiones a la espera de sentencia, trabajadores en paro sin indemnización o víctimas de impagos de alquileres, medidas urgentes de los juzgados de Violencia contra la Mujer y colapso en el Registro Civil, son una muestra del caos en el que ha sumido a los ciudadanos la huelga de los trabajadores de Justicia.
Incluso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se ha visto en la tesitura de publicar una circular en la que establece la validez provisional de las solicitudes que se acompañen provisionalmente de certificados alternativos, que acrediten el nacimiento, la defunción u otras situaciones en las comunidades autónomas afectadas por el conflicto. Se trata de una medida de urgencia y, por tanto, esta documentación deberá validarse en el Registro Civil cuando finalice la huelga de los funcionarios de Justicia.
Las comunidades autónomas en las que la huelga de los funcionarios de Justicia está afectando al normal funcionamiento del Registro Civil son Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia.
Como en toda huelga, existe una guerra de cifras. El Ministerio reconoce que la huelga afecta al 20% de la Administración de Justicia y que se han suprimido 40.000 actuaciones judiciales (juicios, vistillas y comparecencias) por la huelga desde mediados de marzo, mientras que los sindicatos aseguran que a lo largo de esta semana se superarán las 111.000 actuaciones.
Bermejo ha preparado 'el día después' de la huelga con planes de refuerzo para los órganos judiciales afectados, pero los sindicatos de los funcionarios de Justicia estudian crear una caja de resistencia para ayudar a los compañeros que se encuentren en una situación económica precaria derivada de ese paro indefinido y continuar con la protesta sin verse ahogados por las finanzas personales.
Los funcionarios de Justicia intentan equiparar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de las comunidades donde las competencias no están todavía transferidas con el resto de autonomías. No son demasiadas persona, 9.500 aún adscritos al Departamento, y sería sencillo para el Gobierno dar su visto bueno, pero el problema es que esta decisión conllevaría una reacción en cadena hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado, que también llevan años reivindicando unos salarios equiparables a los que se pagan en las policías autonómicas e, incluso en las municipales. En este caso, si estaríamos hablando de colectivos excesivamente amplios para afrontar una subida salarial, que afectaría seriamente a los Presupuestos Generales del Estado.
Aunque las retribuciones de los funcionarios en huelga son muy variables, los sindicatos calculan que los descuentos en las nóminas de marzo y abril podrían alcanzar una media de 354 euros para los funcionarios auxiliares, 430 euros para los del cuerpo de tramitación y 524 para los del cuerpo de gestión.
Justicia no aumentará el salario de sus funcionarios en los cerca de 200 euros reivindicados y ha realizado una oferta salarial a la baja (110 euros en 2008 y 70 euros desde abril de 2009), que ha sido rechaza de plano por los sindicatos y baraja, en caso de que los huelguistas no formulen una contrapropuesta, un aumento de los servicios mínimos y el aumento de los expedientes a los funcionarios que los incumplen.
La cúpula del Departamento de Bermejo estudia las medidas a adoptar por el incumplimiento de los servicios mínimos fijados al inicio de la y una serie de denuncias de los Colegios Oficiales de Abogados por incumplimiento de estos servicios mínimos.
Estas denuncias han forzado una reunión de los sindicatos con Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, quien ayer anunciaba que remitirá un requerimiento al Ministerio para que convoque con urgencia la mesa de negociación, se encierren en una habitación, tiren la llave y no salgan hasta haber cerrado un acuerdo satisfactorio.