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Publicado el jueves 27 de marzo de 2008
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EDF tendrá que dejar de hacer anuncios "torticeros" sobre Iberdrola

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha dictado un auto por el que concede a Iberdrola las medidas cautelares solicitadas el pasado 17 de marzo frente a EDF por competencia desleal. En el auto, el Juzgado entiende que, si persevera la posición de EDF hasta la resolución judicial definitiva de la demanda que formule Iberdrola, aumentarán los efectos perjudiciales tanto para la eléctrica española "como para sus accionistas e inversores", dada la "volatilidad de la cotización de la acción".

Además, ordena que EDF deje de inmediato de realizar declaraciones ambiguas y de difundir informaciones contradictorias en relación con la adquisición del negocio de Iberdrola.

Junto a esto, emplaza al grupo francés a publicar en el plazo de cinco días en los diarios 'El País', 'El Mundo', 'Expansión', 'Financial Times' y 'Wall Street Journal' si ha iniciado o está preparando la adquisición del negocio de la eléctrica.

La decisión del tribunal, según explica el propio auto, no se limita a un territorio concreto, sino que tiene efecto "en el lugar donde se produzcan" las consecuencias de las prácticas atribuidas al grupo presidido por Pierre Gadonneix.

Uno de los aspectos más repetidos por el juez encargado de dictar el auto, Edorta Etxarandio Herrera, es el que se refiere a los anuncios "torticeros" por parte de EDF, que pueden poner en peligro "oportunidades de negocios y decisiones estratégicas de quien se propone demandar".

El magistrado percibe un "grave peligro" para la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán, que podría derivar en la "futilidad de los deberes de pago de dinero en razón de la evanescencia del patrimonio de responsabilidad".

IBERDROLA PERDERÍA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Iberdrola podría perder "determinadas posibilidades de negocio" y la capacidad de acometer "decisiones estratégicas", además de sufrir otros daños como el "entorpecimiento" de la adopción de decisiones legales, la volatilidad de sus acciones y la "erosión" de su buena imagen y reputación.

Por su parte, EDF prolonga "exageradamente" sus comentarios sobre una posible compra de Iberdrola sin desmentirlos, y promueve con ella una "ambigüedad y confusión documentada" que "obstaculiza" la actividad de Iberdrola y que podría provocar daños "irreversibles", dice el auto.

El juez indica además que la posición de la empresa francesa está incluso afectando a la obtención del visto bueno de los reguladores de Nueva York a la compra de Energy East. "Pudiera argüirse que son consecuencias que no dimanan de actos de EDF", aunque lo que existe en realidad es una "falta de comunicación formal al mercado de valores", señala.

COMPETENCIA DESLEAL

La solicitud de medidas cautelares de Iberdrola parte de la base de que EDF ha incurrido en actos de competencia y obstaculización desleales, al incumplir el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

El juzgado ha concedido las medidas cautelares sin dar audiencia. Iberdrola las solicitaba con el argumento de que debe defender los derechos y los intereses de los accionistas minoritarios de la compañía, que se verán "seriamente perjudicados" si EDF compra una parte o la totalidad, sola o con terceros, de la misma.

Para aplicar las medidas cautelares, el magistrado ha determinado que los actos que se imputan al grupo de Gadonneix "han ocurrido y siguen ocurriendo", y que los mismos se pueden imputar de forma directa a EDF.

DEBE CONFIRMAR SI QUIERE TROCEAR IBERDROLA

En su anuncio en la prensa, la compañía francesa deberá decir si ha iniciado o, en su caso, está preparando, la adquisición del negocio de Iberdrola o de las sociedades de su grupo por medio de la compra de acciones de la eléctrica.

También deberá informar acerca de si está efectuando o preparando la adquisición del negocio de Iberdrola, y de si el objetivo de la misma es el desmembramiento del grupo y el reparto de los activos.

Otro de los puntos que deberá aclarar es si ha adquirido o tiene intención de adquirir por cualquier medio una participación significativa en el capital de Iberdrola superior al 3%, ya sea por cuenta propia o de forma concertada.

Por último, ordena la "inmediata notificación del auto" a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Comisión Nacional de Energía (CNE), y procede a informar a EDF del mismo. Para que el auto sea efectivo, Iberdrola debe depositar una caución de 12.000 euros.

RECURSO DE IBERDROLA

Por otra parte, Iberdrola ha presentado ante el Ministerio de Industria dos recursos de alzada contra sendas decisiones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que permiten a ACS elevar su participación en la eléctrica y ejercer sus derechos políticos, confirmaron a Efe fuentes de la compañía.

ACS tenía desde hace más de un año los permisos pertinentes en los dos asuntos mencionados, pero el pasado 6 de febrero Iberdrola pidió al regulador energético que revocara las autorizaciones, tras conocerse las conversaciones entre la constructora y la francesa EDF para preparar una posible operación corporativa sobre la eléctrica.

Iberdrola quería que la CNE anulara la autorización dada a ACS para tomar hasta el 24,9% (límite máximo antes de presentar una opa obligatoria en el momento en que se tomó la decisión) y limitara, de forma provisional y sin ninguna excepción, sus derechos de voto al 3%.

Para la eléctrica, las conversaciones ente ACS y EDF contradicen los objetivos manifestados en su día por el grupo constructor (constituir un núcleo accionarial estable y de carácter nacional) e invalidan los permisos.

ACS tiene un 12,4% de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán (7,2% directo más otro 5,2% en derivados financieros) y el 45,3% de Unión Fenosa.

Sin embargo, el 28 de febrero el Consejo de Administración de la CNE desestimó la petición de la eléctrica, aunque aseguró que vigilará el cumplimiento de las condiciones que regulan la actividad de ACS como accionista de Iberdrola.

Unos días después, el 10 de marzo, la eléctrica recurrió en alzada ante Industria, según adelantó el diario El Economista y confirmaron fuentes ministeriales.