Monitor de la Construcción

Construcción: pasar de la tragedia a la acción

Ignacio Mulas.– La cascada de datos negativos conocidos en los últimos días ahonda la certidumbre de que la desaceleración de la economía española es mayor y más profunda de lo que nos han querido hacer creer en los últimos meses. Y aunque afecta a todo el mundo y en concreto a la UE, en nuestro país se agrava por momentos a causa del profundo deterioro del sector inmobiliario y la caída del consumo privado, además de las repercusiones de la crisis financiera global que ha sido el detonante del abrupto cambio de ciclo. El último indicador de sentimiento económico de la Comisión Europea registró en febrero un descenso de 1,6 puntos, noveno retroceso consecutivo y dentro del cual el indicador específico de la construcción perdió un punto. En España el deterioro es mayor puesto que, como ya sabemos, la caída relativa de la construcción en estos últimos meses ha sido más aguda que la del conjunto de la UE.

El más reciente Boletín de Coyuntura Económica semanal de la Subdirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Hacienda constata el agravamiento de la tendencia a la baja de los indicadores adelantados del sector de la construcción, como son las viviendas visadas, la licitación pública así como el descenso continuado del número de hipotecas sobre todo para compra de vivienda nueva. El indicador de confianza de la construcción muestra un mayor deterioro que el resto de indicadores de confianza sectoriales en los últimos meses, acumulando una caída del -17,5.

El partido ganador de las recientes elecciones ha anunciado que en cuanto se constituya el nuevo Gobierno, articulará un plan de choque para el sector de la construcción. Ideas no faltan y todos los agentes involucrados ya han hecho oír sus sugerencias, tanto los sindicatos como los empresarios que, a través de la CNC, han planteado sus propias propuestas que son conocidas y en algún caso, como es el de aumentar las desgravaciones en el IRPF a la compra de vivienda nueva, han sido de momento desestimadas públicamente por el Ministerio de Economía y Hacienda por boca de su Secretario de Estado en funciones. Pero sean cuales sean las medias de este "plan de choque", es evidente que la crisis que nos ha caído encima afecta a algo más que al segmento residencial, aunque sea éste el que mayor deterioro esté mostrando. Por ello es útil buscar también remedios que fomenten la actividad de la construcción en áreas no relacionadas con la edificación residencial, puesto que servirían para atemperar al menos el severo impacto sobre el empleo que parece se avecina.

La acción pública es posible de manera inmediata y sin forzar las normas del libre mercado en la parte de la actividad que se dedica a creación y conservación de infraestructuras que, por otra parte, son el soporte de ulteriores desarrollos económicos y territoriales. Y sí en los últimos años la obra pública medida a través de la evolución de la licitación anual ha corregido en gran medida los altibajos en los que se movía antaño, reflejando de modo procíclico la buena evolución de la economía general, ahora quizás ha llegado la hora de utilizar el poderoso instrumento que es la inversión pública en infraestructuras como elemento corrector, como elemento anticíclico que corrija o modere la caída de la actividad constructora en los ámbitos residenciales.

Para empezar la licitación pública debe recuperarse de la caída observada en el último año en la que es responsabilidad de las administraciones territoriales, que han sufrido en 2007 el conocido y repetido síndrome postelectoral, por el que siempre hay un período de al menos un año en el que se reducen drásticamente las licitaciones después de unas elecciones. Las elecciones autonómicas y locales del año pasado se han cobrado el correspondiente peaje, habiendo descendido en el año la licitación de las Administraciones Locales un 33,6%, y un 20% la que depende de las  Comunidades Autónomas. Si el conjunto de la licitación de las tres administraciones consiguió mantener una tasa similar a la de 2006, fue por el empuje de la licitación responsabilidad de la Administración central, que situó los importes licitados en máximos históricos, creciendo un 3,6%. Por lo tanto es fundamental que antes del verano las administraciones territoriales recuperen un ritmo inversor ajustado a lo que venía siendo habitual hace dos años, y que la Administración central mantenga o incluso aumente en lo posible su cupo. Todo ello serviría para que a partir de 2009 -año en el que se augura una evolución de la economía y de la propia construcción aún más adversa que en este ejercicio- la obra pública se mantuviera en cotas aceptables, se completen los proyectos en fase de elaboración y se inicien los que sean necesarios para mantener el ritmo inversor deseable.

Otra medida de choque oportuna, que ya fue utilizada al inicio de la anterior legislatura, es que el Gobierno arbitre un crédito extraordinario que permita licitar, al comienzo del período legislativo, suficiente obra nueva como para mantener la actividad en los términos razonables hasta que los órganos inversores tomen velocidad de crucero.

Y sobre todo, hay que revisar la torticera creencia que ha venido siendo implantada en la opinión pública sobre el pretendido carácter derechista del peaje y el pago por uso de algunas infraestructuras del transporte. Al igual que viene ocurriendo con la energía nuclear que ahora -cuando le vemos las orejas al lobo de nuestra abultada dependencia energética y del rally alcista de los precios de los combustibles básicos- empieza a ser reconocida como las más limpia, la más barata y la menos contaminante, la creación de infraestructuras por la vía concesional es una eficiente y excelente solución para construir obra pública, inmediata en el tiempo, de modo que se adelanten proyectos ya existentes y se liberen fondos públicos -que están viendo y verán más en el futuro decrecer peligrosamente su disponibilidad a causa de los costes sociales de la crisis- para otras necesidades.