Monitor de la Construcción

El plan de choque inmobiliario

Ignacio Mulas.– La extensa y hasta cierto punto pormenorizada mención que Rodriguez Zapatero hizo, al comienzo de su primera intervención en el debate de Investidura, de los medidas que se propone adoptar el nuevo Gobierno en relación con la desaceleración de la economía nacional y, en concreto, de la construcción, ha hecho respirar con un cierto alivio a muchos de los actores empresariales del sector. Ese alivio viene determinado por dos razones; en primer lugar porque –fuera de distinciones semánticas más o menos interesadas sobre si la economía nacional está en una “crisis” monda y lironda o si está en una “acusada desaceleración”- ha habido un reconocimiento público y directo por su parte, por primera vez que sepamos, de que estamos en una etapa de recesión singular, porque sólo a partir de ese reconocimiento –aunque sea soterrado y un poco ladino- de la elemental y evidente realidad, se pueden avanzar medidas para paliar esta situación, acortarla o enfocar con garantías una salida hacia una nueva etapa de crecimiento consolidado. En segundo lugar porque las medidas que enunció suenan bien en general, no son grandilocuentes ni electoreras, reflejan en gran medida sugerencias cocinadas y sugeridas desde el propio sector y es posible acometerlas prácticamente de inmediato si hay voluntad política para llevarlas a cabo.

Este plan de choque para apoyar la actividad de construcción tiene inevitablemente, sin embargo, un período de carencia para que sus efectos sean efectivos y comiencen a dar frutos. Es el tiempo que se necesita para convertir la prometida intensificación de la inversión en infraestructuras en obra ejecutable, para arbitrar la normativa, los recursos y los sistemas que incentiven la rehabilitación, o para ejecutar el importante número de viviendas de protección oficial -bien para venta o bien para alquiler subvencionados- que se ha prometido acometer. Por lo tanto servirían para el año 2009 y siguientes pero no para este año. Bien es verdad que ello no quiere decir en absoluto que no sean necesarias, porque todo lo que contribuya a reducir la duración de la recesión en el tiempo será beneficioso para la economía en su conjunto y para iniciar el necesario repunte de la actividad. Pero su efecto este año será prácticamente nulo por lo que hemos de saber que, en lo que se refiere al descenso de la actividad de construcción en general, pesará este ejercicio negativamente el acusado descenso de la actividad residencial, su efecto en el empleo directo y también en el indirecto por la consecuente bajada de actividad en sectores conexos.

Donde han de ser preferentemente efectivas de modo más inmediato las medidas que se diseñen en este plan de choque es en el ámbito de la edificación, porque es donde la caída de la actividad es más intensa, caída que está afectando negativa y duramente no sólo a la construcción -de hecho a la construcción le afectará dentro de unos meses mucho más que ahora- sino sobre todo a la actividad puramente inmobiliaria -los parados en servicios, que acogen a todos los producidos en la red comercial de esta actividad, ya han comenzado a reflejar esta caída, y la paralización de nuevas promociones se está reflejando en caídas muy significativas de ventas en ámbitos como es el equipamiento hogares, mobiliario y electrodomésticos, etc.-.

Esta caída en cadena constituye para el futuro inmediato un verdadero problema que habría que contener primero y atajar después con celeridad. ¿Cuál es el verdadero problema inmediato? La existencia de un abultado parque de viviendas ya construidas o a punto de culminarse su construcción, sin expectativas de venta. Si este parque de viviendas, que para finales del primer semestre de este año puede superar las 400.000 unidades, no se liquida, el sector inmobiliario y los sectores conexos no se recuperarán en breve, lastrando el conjunto de la economía y profundizando en la recesión general. Además de las medidas fiscales que ayuden a la demanda -que no se ha esfumado sino que aplaza sine die la decisión de compra ante la caída de la confianza en el futuro económico- es necesario otras que la incentiven de modo inmediato. Porque en un país cuya población ha aumentado en más de cinco millones en los últimos años, existe demanda de vivienda incuestionablemente, pero hay que darle posibilidades de acceder a su compra -o alquiler- dentro de sus posibilidades generando previamente la mínima confianza exigible respecto al producto, su precio y su financiación.

Una de las medidas que pueden tener efecto más inmediato en la disminución del stock de viviendas nuevas construidas y no vendidas es resucitar la conocida como VPT (vivienda a precio tasado) por medio de un acuerdo entre el Gobierno y los promotores, y que puede hacerse extensivo a cuantas comunidades autónomas quieran apoyarlo. En esencia sería que el gobierno propondría un precio máximo para la vivienda tipo y los promotores se obligarían a no sobrepasarlo, limitando sus expectativas de beneficio pero asegurándose una más fácil salida a las viviendas en stock. A cambio, el Gobierno arbitraría las correspondientes ayudas, subvenciones o créditos de interés subsidiado que corresponda para que pueda acceder a estos pisos de precio tasado la demanda que determine de acuerdo con los parámetros habituales -nivel de ingresos, número de hijos, colectivos más desfavorecidos...-.

Por otra parte, habría que superar el lugar común de que sólo los jóvenes han de ser objeto de ayudas para vivienda. El derecho a una vivienda digna es un derecho de todos los ciudadanos y por ello sería necesario incluir en esta posible opción de compra de un piso con precio más ventajoso que los vigentes hasta el pasado año, a ese numeroso grupo social de mujeres y hombres que ganando entre 1.000 y 1.500 euros netos al mes, viven solos, a menudo con menores o mayores a su cargo, y que deseando ser propietarios de una vivienda propia, no pueden convertirse en demanda solvente por el elevado precio de los pisos en los núcleos urbanos y preurbanos en relación con sus ingresos. Sorprendería a muchos contabilizar por ejemplo el número de mujeres de 40 a 55 años con estos requisitos que no pueden actualmente optar a una vivienda en propiedad porque quedan siempre fuera de los colectivos para los que se proponen ayudas, y que serían sin duda una parte importante de clientes de esta nueva VPT, alentando el incremento de una demanda que es urgente reactivar no solo para liquidar el stock existente, sino para que el sector inmobiliario pueda reanudar una actividad razonable y sostenida lo antes posible.