Correa condena a la 'yenka energética' a las multinacionales petroleras

Ha bastado que Antonio Brufau revalidara una vez más su voluntad de mantener a Repsol en Bolivia y en Ecuador, de continuar una historia imbricada con la de la economía latinoamericana y de irse sólo de los países donde “la legislación sea muy gravosa o bien el entorno de estabilidad no sea razonable para una compañía que opera a largo plazo”, para que el discípulo de las artes bolivarianas, Rafael Correa, se anime a dejar en papel mojado cuatro meses de negociaciones y los preacuerdos a punto de firma con las seis petroleras internacionales que operan en tierras ecuatorianas y a entonar, ora vez, su “ni si, ni no, sino todo lo contrario”.  Se ha tomado a pecho la militarización de su gigante petrolero. Tanto como para bailar la “yenka energética”, con manu militari. Un paso adelante y dos atrás. Y vuelta a comenzar.

Obliga a las petroleras a seguirlo en la conga de su viaje a ninguna parte, abrazadas sin condiciones a su cintura y amarradas ahora al destino incierto de la Carta Magna ecuatoriana. Cansado del bolero del chantaje, entona el tango del despiste y quiere que Repsol, Andes Petroleum, Petrobras, Perenco y City Oriente  lo bailen con su cadencia. A pesar de que ha conseguido llevarlas al redil de sus deseos, hacerlas pasar por el aro del 99% de carga impositiva sobre ingresos extraordinarios, aceptar la recuperación estatal del 70% de las rentas petroleras (ahora tiene el 29%) y sus decretazos,  Correa no acaba de encontrar el techo a sus deseos. Influido por el viceministro de Hidrocarburos de Venezuela, ahora busca un contrato provisional, un modelo único que sirva para migrar, después de una transición de seis meses, a un contrato de prestación de servicios, donde el Estado es dueño del crudo y reconoce los costos de explotación a las compañías. Y unas condiciones diferentes a las que su propio gobierno negociaba.  Rey del despiste; se dribla a sí mismo y a su propio gobierno. Para el juego, se lleva la pelota y sale corriendo, sin contarle a nadie cuándo ni cómo sigue el partido. Por toda información, las multinacionales implicadas en el proceso han escuchado que, si hay suerte, el ministro Galo Chiriboga les entregará en algún momento un modelo de contrato provisional.

Donde dijo digo, ahora dice Diego. Y a ritmo de ultimátum. Las petroleras recibieron un plazo de seis meses para suscribir los nuevos contratos con los que Ecuador aspira a y tras meses de negociación se firmaron actas de compromiso para 10 contratos, que  sólo esperaban la aprobación de Carondelet. Poco para Correa, que no se resiste a someter a otra vuelta de tuerca a las compañías. Quito apunta ahora directamente a contrato de prestación de servicios en los que el estado sólo paga por la extracción de crudo y el abono al Gobierno será en efectivo y no en petróleo, como proponen las empresas.  

A Chávez, la guerra abierta con Exxon le ha servido para insuflar nueva munición a las provocaciones, las amenazas y la agitación y para imponer a las petroleras un "impuesto a la ganancia súbita". Correa transita las notas de esa misma partitura mil veces orquestada ya por el trío de los bolivarianos. Primero sacuden, luego denuncian. Todo para negociar un juego con nuevas reglas y en una cancha rediseñada a su medida, a través de un viaje a ninguna parte surcado de obstáculos. Tras tratar de obligar en abril a golpe de decretazo a las compañías internacionales a entregar un 50% de los ingresos extraordinarios del petróleo, en lugar del 20% previsto por la ley, Correa las acusó de fraude y tendrá que responder ante el CIADI o los tribunales internacionales por haber intentado cobrar esos excedentes 21 millones a City. El rey del maridaje entre el oportunismo y la agitación, acusó a Repsol y otras petroleras de delitos ecológicos, justo en pleno proceso de diálogo; finalmente, las señaló como responsables -mediante el soborno- del naufragio de Petroecuador bajo el mando de la Marina ecuatoriana.

Ni Morales ni Correa quieren quedarse atrás en el deporte del tiro con amenaza. La ecuación es sencilla y casi perfecta, tal como la ha venido aplicando el presidente del jersey a rayas, que desde el 1 de mayo de 2006 no dudó en acusar de acaparamiento y gestión fraudulenta a las multinacionales: si no le gustan las condiciones de los contratos con las compañías, se rompen. Si estorban, se les "nacionalizan" sus acciones y se transfieren al estado. Si, vapuleadas por las condiciones de la nacionalización, las multinacionales buscan la protección del derecho internacional y acuden al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversiones del Banco Mundial (CIADI), basta con negar la mayor y no reconocer al árbitro. Por si las dudas, el mandatario ecuatoriano dice alto y claro que, si no reactivan sus inversiones, los campos que explotan las empresas multinacionales serán transferidos a otras empresas. Y, ya puestos a pedir, Correa y su almirante petrolero esperan alrededor de 1.000 millones de dólares de inversión privada en el sector petrolero para los próximos tres años, que se sumarían a los 2.000 millones de dólares que el gobierno aprobó para este año como parte del presupuesto de Petroecuador, que en los últimos diez años ha invertido 967 millones, menos de la cuarta parte de los 4.600 millones aportados por las multinacionales, a pesar de que en las manos de la estatal están el 80% de las reservas. Consciente de su órdago, con el próximo referéndum constitucional a la vista, Correa prepara la alfombra roja a una turbulenta Pdvsa, con la esperanza de que, si hay fuga de inversores, la venezolana salve a Petroecuador. Auxilio entre ahogados.

Repsol, por si acaso, ya se lo ha advertido: no tiene intenciones de retirarse de Ecuador. En peores plazas ha toreado. La estadounidense-panameña City Oriente no atesora tanta paciencia, ni tanta cintura. Busca ya la puerta de salida. Y lo hará, si Correa se empeña, siguiendo la senda abierta por la Oxy, que acaba de demostrarle al ecuatoriano las líneas rojas de su baile de máscaras, los límites de sus arremetidas. Aunque no quería Ciadi lo ha admitido. Y - aunque con una rebaja de 40 millones de dólares- ha terminado por pagar. Por mucho que trate de patear el tablero como los demás bolivarianos e intente desconocer la competencia del Ciadi, las facturas de la "yenka energética" le llueven a Correa. El efecto Exxon, que cercó a Chávez, tiene en Ecuador el apellido Oxy. La Occidental.Petroleum, que debió salir del país en 2006 acusada de venta ilegal de acciones, recibirá 100 millones de dólares por devolución de impuestos, en un intento por parte de Correa por desactivar la otra demanda, la que reclama ante el Centro Internacional de Diferencias de Inversiones del Banco Mundial un valor diez veces mayor por anular el contrato de la petrolera. Acostumbrado a disparar primero y negociar después, Correa tiene ya la hoja de rura lista para City: primero, cobrarles 47 millones de dólares correspondientes a una ley de reparto de ganancias petroleras, que City cuestiona; segundo, obligarles a desistir de su acción contra el Ecuador en el Ciadi y tercero, establecer un mecanismo para valorar cuáles son realmente las inversiones que la compañía no han recuperado. Pero Oxy le ha enseñado ya a todas las petroleras que Correa entiende mejor que nadie, el mismo procedimiento que él aplica: primero denuncia, luego negocia.