Las empresas desconocen sus obligaciones de prevención de accidentes e ignoran o subcontratan sus controles internos

X. Gil Pecharromán.– Los accidentes laborales han comenzado a descender en España, al igual que está ocurriendo con los de tráfico, pero las cifras son bastante poco consoladoras. Un total de 1.191 trabajadores fallecieron en accidente laboral durante el pasado ejercicio, un 10,9% menos que en 2006, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La tónica se ha mantenido también en el pasado mes de enero, que suele ser la época con mayores niveles de accidentalidad. Sin embargo, el incremento sobre el mismo periodo de 2007 tan solo supuso un 2,5% menos, con un total de 113 trabajadores fallecidos. Al drama humano de estos accidentes es necesario sumar los costes económicos que éstos suponen y que echando  una ojeada a las cuentas públicas se traduce en un incremento de las pensiones. La Seguridad Social paga actualmente 204.780 pensiones por accidentes laborales, lo que suponen el 2,45% del total del sistema de protección, que alcanza 8.338.439 prestaciones, según datos del  Departamento de Trabajo.

Ante la rotundidad de estas cifras, las centrales sindicales han decidido centrar este año sus esfuerzos en que la negociación de los convenios colectivos de 2008, se defienda la prevención de riesgos y enfermedades laborales como pieza fundamental de los mismos. Los sindicatos consideran que, en la siniestralidad laboral, influyen decisivamente la precariedad laboral, la eventualidad y la subcontratación abusiva.

Al analizar la situación En el 2007 se paralizaron temporalmente 226 centros de trabajo por riesgo grave o inminente de accidente laboral. Esto representa un incremento del 18% respecto a los números de 2006. Es una clara evidencia de que los riesgos laborales aumentaron durante el pasado año y de que los recursos dedicados a la prevención no son suficientes.

Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectaron el año pasado un total de 179.497 trabajadores afectados por irregularidades en las inspecciones sobre salud y seguridad en el trabajo.

Sin embargo, todas estas cifras palidecen a la hora de analizar el comportamiento de las empresas en la prevención de riesgos. Una reciente encuesta sobre la materia, realizada por la Generalitat de Cataluña, deja a las claras el nulo interés de las empresas por evitar los riesgos.

Así, casi la mitad destina un máximo del 5% a la lucha contra los accidentes laborales y un 12% admite que no dedica ni un céntimo. Además, existen graves lagunas en la formación, con un 11% de las empresas que reconocen que no forman a sus empleados en esta materia, a pesar de las fuertes multas que les puede costar esta desatención.

En las conclusiones de esta encuesta, la Generalitat ha denunciado el aumento en la subcontratación de una parte de la gestión empresarial, ya que la Consejería de Trabajo considera que es mejor integrar en las compañías, porque en el último ejercicio, la Inspección, sancionó al 85% de las firmas investigadas.

Sin embargo, este último dato no ha cambiado las percepciones y la satisfacción con los servicios de prevención externos es muy alta, puesto que el 97% de las empresas contratantes están contentas con los servicios que reciben.

Tal vez, el problema radica en que el 80% de las empresas desconocen los costes económicos de sus accidentes que la salud de los trabajadores es un factor competitivo. Por eso, han decidido una medida informativa, que a la vista de los datos aportados por la encuesta parece más gestual que con un carácter real, ya que se han puesto en marcha unos simuladores en la web de la Consejería para que los empresarios evalúen los gastos y las ventajas de invertir en prevención y conocer el nivel de siniestralidad respecto a su sector.

Menos finura ha demostrado el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, que siguiendo los pasos de la Comunidad de Madrid, ha aprobado un decreto que establece que las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, una vez firmes, se harán públicas a través de un registro de acceso general.

Sin embargo, también estas medidas son discutidas por los especialistas en prevención de riesgos laborales, porque las empresas más incumplidoras aparecen y desaparecen con otras filiaciones sociales, lo que hace difícil su control.

Finalmente, señalar que el mayor nivel de accidentalidad se está dando en el sector del transporte por carretera, párale que se están ultimando medidas específicas, que obligarán a partir de septiembre de este año a que todos los aspirantes a conducir un autobús de pasajeros por las carreteras o un camión de mercancías tengan que realizar un curso de 280 horas que les capacite para hacerlo. Además, cada cinco años, todos los conductores deberán realizar un curso de 280 horas para renovar esa tarjeta, sin la cual no podrán ejercer.

Es una buena medida para un sector en el que últimamente han proliferado los carnés de intercambios de países donde los niveles de exigencias para su obtención son muy bajos. Ahora deberán, al menos, superar estos cursos de capacitación, lo que redundará en la seguridad de todos.