Monitor de la Construcción
Las bajas temerarias de precios atacan de nuevo en las licitaciones
de obra pública
En los últimos años, a pesar de que la actividad ha conocido cotas de crecimiento históricas, las bajas de adjudicación sobre los presupuestos de licitación han crecido desmesuradamente
La primera cuestión ha sido objeto en los últimos años de varias normativas, por medio de las que se ha avanzado algo en lo que se refiere a la cadena contratistas/subcontratistas/suministradores, es decir, a la parte de la oferta. Pero por la parte de la demanda pública, sigue siendo poco menos que imposible en la práctica obligar a un deudor público a acelerar sus pagos hasta los plazos que marca la normativa vigente. Únicamente -y en la práctica no siempre- ya no es necesario intimar los intereses de demora, aunque en los últimos ocho años al menos la Administración central ha normalizado mucho el cabal cumplimiento de sus obligaciones en este aspecto, mientras que algunas Comunidades Autónomas y, en especial, muchos ayuntamientos no hayan avanzado sustancialmente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago dentro de los plazos legales.
En cuanto a las bajas excesivas en las ofertas, hay que decir en primer lugar que en los últimos años se ha roto un principio aparentemente fijo y recurrente en esta cuestión. Las bajas se han intensificado tradicionalmente en épocas de crisis o de desaceleración de la actividad constructora. Pero en los últimos años, en los que la actividad ha conocido cotas de crecimiento históricas, las bajas de adjudicación sobre los presupuestos de licitación han crecido desmesuradamente. Y aunque este fenómeno se ha dado con parecida intensidad en los contratos de todas las administraciones públicas y en todos los entes públicos inversores, utilizaremos para este análisis los datos de las bajas de los contratos adjudicados por los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente.
Según datos elaborados por SEOPAN, en el período 2003-2007 las bajas han conocido un crecimiento espectacular, pasando desde un 11,4% en Medio Ambiente y un 15,5% en Fomento en 2003, a un 27,1% y un 27,9% en 2007 respectivamente. La progresión ha sido apabullante; bajas en el entorno del 19/21% en 2004, del 22/24,5% en 2005, del 26/26,5% en 2006 y ya del 27/28% en 2007. Si se compara esta progresión con los resultados del sector en términos de crecimiento global de su producción en obra pública, queda patente que no tiene mucho sentido este aumento singular de las bajas en un contexto de crecimiento abultado de la actividad, pues en 2007 la obra civil creció un 7%; en 2004 aumentó un 6%; en 2005 un 4%; en 2006 hasta un 7,5% y en 2007 en términos parecidos a la media de los años anteriores. Y si esto se ha producido en época de vacas gordas, el cataclismo que se puede producir en este y años próximos, que sin duda estarán lastrados por el previsible declive económico general, puede ser catastrófico. Para las empresas y para la administración.
La principal causa, dicen desde las empresas, reside en el peso determinante que, en la valoración de las ofertas, otorgan los entes inversores a la proposición económica más barata, sin que el actual sistema de control de temeridad sea eficaz y por lo que prima inevitablemente la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos. Y es que si se buscan las causas últimas de este dislate no se puede encontrar en la conocida competitividad de las empresas -que si ven que un par de veces las adjudicaciones se hacen en una franja determinada de bajas, a la vez siguiente ajustan sus ofertas a esta banda, porque su filosofía es aumentar la cartera y "luego ya se verá"-, que compiten ferozmente y saben que el precio final nunca o casi nunca es igual al precio ofertado. La causa está en que el sistema de determinación de baja temeraria que los pliegos santifican hasta la fecha, es ineficaz.
Actualmente se considera incursa en temeridad toda oferta que se sitúe más de cuatro puntos por debajo de la media aritmética de la totalidad de las ofertas presentadas, es decir, que será más baja cuanto más bajas sean las ofertas presentadas en su totalidad. No se sabe muy bien cómo casa esta práctica con lo que explícitamente dice la Ley de Contratos, al establecer que en todo caso los órganos de contratación deben cuidar de que los precios ofertados sean "adecuados al mercado". O los precios de referencia de los pliegos son inexactos o no se cumple este requisito de forma habitual.
Mientras no se incluya en los pliegos de licitación alguna fórmula que evite la caída libre de las bajas, eludiendo la perniciosa referencia al precio más bajo como el óptimo -que viene siendo preconizado tanto por el Tribunal de Cuentas como por las respectivas Intervenciones de los órganos públicos inversores- no será posible controlar esta tendencia creciente que puede resultar siendo nefasta para todo el sistema.
Expertos hay en los dos lados con suficiente conocimiento y experiencia como para poder llegar a acuerdos razonables en este aspecto, porque remitir a la posible inclusión de reformados y añadidos a la obra tal y como es aprobada y adjudicada en principio ni es bueno para la Administración ni lo es para las empresas, pero sobre todo es muy negativo para el buen fin de los dineros públicos dedicados a estas inversiones, cuya finalidad es, sin duda, que las obras públicas que promueven sean realizadas a satisfacción y en condiciones de mercado, abonando por ellas el precio justo.