BELVEDERE

Al Gobierno le quedan cuatro años para evitar igualar la nefasta política energética del PP

Ya no hay excusas válidas. Al Gobierno socialista le quedan apenas cuatro años para afrontar una reforma del sector de la energía en España, muy especialmente el eléctrico, y salir del ensimismamiento que representan una tarifas irreales que además de generar distorsiones provocan que los consumidores no perciban la dimensión del problema, lo que a su vez reduce la posibilidad de ahorro y nos sitúa a la cola de los países más eficientes. El PP tuvo dos legislaturas para poner en orden la situación y no lo hizo, agravando un problema enquistado por el que vamos a pagar un alto precio. Aquello de que las tarifas eléctricas no superaran en su encarecimiento a la inflación fue muy popular, tanto como irresponsable. Pero el PSOE ha tenido cuatro años para enmendar los errores y no lo ha hecho. Ahora entra en su segunda legislatura y ya no quedan excusas para retrasar las decisiones. Ya no valen los parches ni las "trampas". Y es el momento de resolver las contradicciones en que se ve envuelto el PSOE, especialmente en el tema nuclear. Sin embargo, los datos conocidos no invitan a pensar que vaya a acometer la tarea. Con motivo de la próxima subida de tarifas eléctricas, el Gobierno -con su ministro de Industria al frente- tiene la oportunidad de dar una muestra de que verdaderamente quiere afrontar el problema, pero puede que opte por otro parche. La creación de una "tarifa social" -todavía muy difusa- puede ser una indicación de que el Gobierno puede considerar irremediable aplicar las recomendaciones de la CNE pero los factores políticos pueden pesar más que los económicos y nos encontremos con un nuevo paño caliente.

La CNE ha recomendado una subida de las tarifas eléctricas en un 11% para poder repercutir los costes de producción derivados de un encarecimiento de las materias primas. No parece suficiente pero empieza aproximarse aunque hay que tener en cuenta que ese encarecimiento no contempla ni el aumento de costes de transporte ni de distribución, que se revisan una vez al año.

Miguel Sebastián anunciaba ayer que acababa de recibir la propuesta de la CNE y avanzaba que se plantea crear una "tarifa social" para aquellos consumidores de bajo nivel de renta, y la vinculaba a la potencia contratada, al consumo y al propio nivel de renta. Demasiado complejo de implementar. Demasiado difuso todavía en la definición.

Pero esta salida política podría ser un indicador de que existe intención de ir al máximo en las nuevas tarifas, o sea a una subida del 11%. Las asociaciones de consumidores han puesto el grito en el cielo, ya enfadadas por el cambio de la tarifa nocturna, un cambio que la propia CNE considera que podría comprometer la seguridad jurídica.

El Gobierno tendrá que decidir en medio de una crisis económica en la que se mezclan los datos adversos y el temor de la población. El paro aumenta, el consumo general baja, el precio del dinero se encarece, la inflación crece. En ese contexto es en el que hay que producir una subida de la tarifa eléctrica que acerque el precio a los costes reales y no está claro que el Ejecutivo se atreva.

En España, el precio de la electricidad se paga dos veces. Primero, a través de las tarifas. Segundo, vía impuestos ya que el déficit de tarifa se enjuga en los Presupuestos. Esta última apelación disfraza la realidad porque el consumidor no tiene la sensación de que lo pague, sólo juzga por el recibo bimensual.

La CNE, además de proponer una subida del 11%, ha enfatizado su propuesta con un informe en el que muestra la "importante" y "sostenida" diferencia entre los costes de generación de la electricidad y los precios registrados en el mercado mayorista.

Este documento, que no cuestiona los "principios rectores" del mercado eléctrico, complementa el informe aprobado el martes de la semana pasada, en el que la CNE propone al Ministerio de Industria una subida de la tarifa eléctrica del 11,3% a partir del próximo 1 de julio.

En la conclusión tercera del informe sobre tarifas, el regulador energético ya mostraba su "preocupación" por los "altos precios" en el mercado de electricidad, impulsados por el encarecimiento de los combustibles en los mercados internacionales.

La CNE aseguraba que la evolución de los precios está "poniendo de manifiesto una importante y sostenida divergencia con los costes de generación".

Según el organismo regulador, el informe complementario aprobado este martes no cuestiona los principios rectores del mercado y se limita a aportar "una aproximación meramente orientativa, en órdenes de magnitud," de la diferencia entre los costes de generación y los precios de mercado.

Si Industria quería tener más datos sobre los costes de producción -algo que el propia Sebastián reconocía que era lo más importante-, ya los tiene. Y ya sabe que el déficit de tarifa superará este año los 4.000 millones de euros.  Además, está la cuestión de la próxima liberalización -matizada- de las tarifas eléctricas. Con estos mimbres crudos tendrá que tejer la nueva tarifa, lo que es un decir porque todo indica que seguirá siendo la anterior revisada.

Por encima de este hecho puntual -que es crucial- está la política energética y en ese terreno nos enfrentamos a las contradicciones del ejecutivo. Esto es especialmente patente en la producción nuclear, a la que sigue oponiéndose planteando alternativas voluntariosas y bastante voluntaristas. Las energías alternativas están muy bien y son necesarias pero están subvencionadas -lo que provoca un precio irreal-, no garantizan el suministro y los bienes de equipo necesarios para la generación consumen en su fabricación más energía de la que después van a ahorrar. El esfuerzo se justifica en la independencia energética, que es un buen argumento, pero hay que enfrentarse a una realidad cotidiana no resuelta todavía.

La energía de origen nuclear no despierta ningún entusiasmo en ningún país pero ya son varios los que han optado por ella debido a su menor coste de generación, escasa contaminación (la gestión de los residuos es su punto negro) y la tecnología ha avanzado lo suficiente para una mejor garantía de seguridad.

La conclusión es que la próxima subida de tarifas es la piedra de toque de hasta donde está dispuesto a llegar el Gobierno para solucionar un problema enquistado desde hace más de una década. Ha perdido cuatro años y le quedan apenas cuatro para afrontarlo. El PP fracasó pero eso ya es historia. La responsabilidad es del Gobierno socialista.