Monitor de la Construcción
Sólo Fomento ha hecho los deberes de la nueva Ley de Contratos
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos en pleno puente del uno de mayo tenía visos de ser una chapuza y generar a corto plazo importantes “retenciones” de licitación por la necesidad de adaptar los pliegos de licitación a las especificaciones de la nueva Ley. Muchos se barruntaban que, dada su complejidad, sus numerosas novedades y la falta de desarrollo reglamentario, el atasco que se iba a producir podría ser mayúsculo. Todas las patronales del sector, con rara unanimidad, han mostrado algo más que recelo ante la precipitada entrada en vigor de esta nueva norma que comporta muchos más cambios y de más amplio calado que la inicial pretensión de adaptar únicamente la normativa española en la materia a algunas determinaciones de la legislación comunitaria. Y esta unanimidad responde al miedo de las empresas que habitualmente contratan con las Administraciones Públicas a que en los primeros meses de su aplicación se ralentice la licitación de obra pública en un momento en el que, ante la fuerte desaceleración en la actividad provocada por la abrupta caída de la residencial –que cobra cada día mayores tintes de gravedad hasta el punto de que ya los analistas piensan que arrastrará al conjunto de la actividad de la construcción en este año 2008 a cotas negativas, es decir, que el conjunto se verá reducido en más de cinco puntos sobre lo alcanzado el año pasado- la esperanza inmediata era que aumentos significativos de la actividad en obra pública pudieran compensar o al menos limitar el clamoroso frenazo del mercado residencial.
Tanto SEOPAN como ANCI y AERCO, patronales respectivamente de las empresas constructoras grandes, medianas y regionales, han alertado los últimos días de los problemas que pueden producirse por la falta de conocimiento y dudas en su aplicación por parte de los técnicos de los organismos públicos inversores en infraestructuras. Este problema se suma al parón lógico que supone la formación de un nuevo Gobierno, razón por la que estas patronales, así como la CNC, asociación cúpula de todo el sector, habían pedido en las últimas semanas, sin ser atendidas, un aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley. Los principales escollos para que funcione normalmente la nueva norma son la adaptación de los pliegos de licitación y la subasta electrónica, novedad en España cuya operativa no se ha probado suficientemente y sobre la que muchos en el sector piensan que podría fomentar la presentación de ofertas anormalmente bajas en los últimos segundos del plazo, o colapsar la web prevista al efecto.
La adaptación de los pliegos es fundamental, puesto que sin pliegos no hay licitación, aunque haya proyectos terminados, haya o no decisión política de sacarlos adelante, aunque se haya previsto la financiación al menos de la primera anualidad. Y en este sentido, aunque el problema parece ser evidente en muchos ministerios del Gobierno central, así como en las autonomías y ayuntamientos -lo cual es evidente que retrasará la continuidad en la licitación de obra pública prevista por estas administraciones que no hay que olvidar que lo hacen anualmente en un volumen equivalente a las dos terceras partes del total nacional- se ha solventado en el principal órgano inversor del Estado, el Ministerio de Fomento.
Durante su intervención de clausura de las XI Jornadas Nacionales de la Construcción y ante un nutrido plantel de presidentes y altos ejecutivos de empresas del sector, patronales y administración, Josefina Cruz, flamante secretaria de Estado del Ministerio de Fomento, tranquilizó al personal con la afirmación de que su departamento lleva trabajando desde primeros de año en la redacción del pliego de licitación adaptado a la nueva ley y que, por tanto, la Dirección General de Carreteras así como las empresas y entes públicos inversores en infraestructuras dependientes de ese Ministerio -AENA, Puertos del Estado, ADIF, SEITTSA...- están en perfectas condiciones de seguir el ritmo previsto de licitación sin retrasos producidos por este asunto, ya que el pliego está ya adaptado plenamente a los requerimientos al efecto contenidos en la nueva norma. Fue audible, en gran parte de la sala, el suspiro de alivio, sobre todo cuando poco antes y en su presencia, los presidentes de los seis grupos constructores cotizados y los presidentes de las tres grandes patronales del sector que agrupan a la inmensa mayoría de constructoras dedicadas a la obra pública, había coincidido en lanzar un mensaje de tranquilidad, plena disponibilidad y oportunidad en relación con la intensificación por parte del nuevo Gobierno de las inversiones en infraestructuras al comienzo de esta legislatura.
En cuanto a la segunda cuestión, las dudas sobre el funcionamiento de la subasta electrónica subsisten y, en los corrillos, los entendidos auguraban un serio retraso en su efectiva puesta en marcha a causa de las muchas insuficiencias detectadas hasta el momento en su implementación. Es verdad que el Ministerio de Economía y Hacienda -en cuyo ámbito se ha redactado la nueva Ley de Contratos- ha creado una Plataforma de Contratación del Estado que ha entrado en vigor el 1 de mayo también y que pretende ser el soporte para que todo el proceso de licitación, presentación de ofertas y adjudicación se pueda realizar por vía telemática, como aconseja la directiva europea de contratación pública de 2004. Pero actualmente esta cuestión permanece en el terreno de las puras intenciones. Como muestra, la respuesta en las Jornadas mencionadas de Bernardino Pérez, Asesor de la Dirección General de Patrimonio del Estado y autor material en su día del anteproyecto de la nueva Ley de Contratos, a la pregunta obvia de uno de los asistentes: "¿Qué pasa si en plena subasta electrónica, la red de colapsa o se cae?". Respuesta: "No tengo ni idea". Sin mayores comentarios, se entiende perfectamente lo verde que está la cuestión "tecnológica" en nuestra Administración.