Zapatero cambia de política inmigratoria y busca acuerdos de control con Francia
Zapatero ha decidido cambiar el mensaje del Gobierno con relación a la Inmigración. De una parte, el Ministerio de Trabajo es ahora el encargado de centralizar la política, al tiempo que ha puesto al ex alcalde de Hospitalet de Llobregat (una ciudad cuyo elevado componente inmigratorio), Celestino Corbacho, con fama de duro en estos aspectos, al frente de este Departamento. La consigna es acabar con la inmigración irregular y que todos los que lleguen lo tendrán que hacer con un contrato de trabajo.
Es un cambio radical sobre la postura mantenida en otros momentos, en que se defendía la concesión de "papeles para todos", que le ha enfrentado con el partido de la oposición, con el PP.
Se trata de un fenómeno de primera magnitud, que se ha disparado en los últimos diez años, hasta representar en la actualidad un diez por ciento de la población española, fundamentalmente apiñados en Madrid y el cinturón de Barcelona.
El propio Corbacho ha anunciado que cuando los fenómenos migratorios son cuantitativamente potentes y se producen en un corto período de tiempo, como ha sucedido en España, no tienen un comportamiento neutro, porque afectan a algunos elementos de nuestra convivencia y nuestra vida cotidiana peligra.
Zapatero quiere lograr lo antes posible el control absoluto de las fronteras españolas para impedir la entrada al país de inmigrantes en situación irregular. En 2007 se redujo la llegada de cayucos un 60,6%, aunque la de menores creció un 87%. Los controles son más eficaces, los problemas cambian su fondo.
La primera medida legislativa anunciada por Corbacho ya ha causado la repulsa de los sindicatos. Se trata de que a aquel inmigrante que pierda el trabajo se le permitan capitalizar todas las percepciones a que tenga derecho por el paro para que vuelva a su país con una situación económica mejor de la que tenía cuando se marchó.
Mientras, España y Francia han iniciado negociaciones para llegar a una propuesta concertada sobre política de inmigración en el seno de la UE, aseguró el jueves el nuevo secretario de Estado para Europa, Diego López Garrido.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se ha mostrado contrario a políticas de regulación tomadas de manera unilateral por algunos países europeos, como la mantenida hasta ahora por España, justificando que con las fronteras europeas abiertas, cualquier medida de este tipo afecta no sólo a ese país, sino a toda la UE.
Pero esta nueva postura socialista no va a suponer un acercamiento a las posturas del PP. El pulso se ha iniciado con la presentación del anteproyecto de la futura Ley de Integración del Extranjero de la Generalitat Valenciana, que incluye medidas de choque para garantizar el acceso al empleo de los extranjeros, mediante el llamado ‘contrato de integración'. El objetivo es regular el flujo migratorio según las perspectivas laborales existentes en la Comunidad y evitar así situaciones de marginalidad y exclusión social.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ya ha acusado de "falta de rigor" al "contrato de integración".
La Generalitat no tiene competencias para legislar en inmigración, por lo que el incumplimiento o negativa a firmar el contrato no supondrá ninguna disminución de derechos para los extranjeros, pero lo que queda claro es que el Gobierno valenciano mantiene el pulso con el Gobierno del Estado.