La Justicia española tiene ya más listas de espera que la Sanidad
Los últimos cuatros años se ha disparado la saturación judicial y la situación no presenta soluciones efectivas en un plazo razonable de tiempo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, afirmaba la pasada semana durante la presentación de la memoria de actividades del Alto Tribunal andaluz, que la justicia no funciona, que necesita cambios estructurales y no una mera reforma. A modo de ejemplo, la memoria anual del TSJ de Andalucía ha puesto cifras a lo que era ya sobradamente conocido: los juzgados de Marbella están colapsados.
Especialmente la vía civil, donde la ciudad rebasa en un 74,7% el volumen de trabajo establecido como razonable por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Casos como 'Malaya', 'Hidalgo' y 'Ballena Blanca' se han unido a los miles que tienen como trasfondo la corrupción urbanística para dejar fuera de juego a los juzgados de una ciudad que no tiene las dotaciones necesarias para afrontar tamaña cantidad de trabajo.
Pero no es el único ejemplo de la situación de colapso terminal de los tribunales. Otro ejemplo extremo. El consejero valenciano de Justicia, Fernando de Rosa, ha propuesto una reforma legal para que el CGPJ limite la posibilidad de traslado de los jueces y así evitar dilaciones excesivas en la instrucción de asuntos como el caso Fabra. El juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) investiga desde 2004 al presidente de la Diputación de Castellón del PP, Carlos Fabra, por fraude fiscal y delitos contra la Administración pública en una instrucción eterna debido al continuo cambio de jueces.
El órgano judicial tendrá que seguir siendo gestionado por un juez sustituto ante la falta de jueces de carrera candidatos a cubrirlo. En el último concurso para proveer la plaza, publicado en el BOE el pasado febrero, ningún juez de carrera la solicitó, por lo que el concurso se ha declarado desierto. El nuevo titular no llegará hasta que una nueva hornada de jueces termine sus estudios en la Escuela Judicial el próximo julio, cuando la vacante se cubrirá, si algún juez considera interesante un juzgado con semejante atasco de trabajo y presiones políticas.
En Granada el colectivo de abogados ha denunciado el atasco en la jurisdicción contencioso administrativa, que es de tal calibre que algunos de los tribunales están comunicando que les es imposible dar fechas para los juicios y las que se dan lo son para los años 2009 a 2011.
A todo esto hay que sumar el retraso experimentado por los tribunales de las comunidades autónomas sin transferencias de Justicia, donde se desarrolló la huelga de funcionarios, que acumulan tal cantidad de asuntos pendientes, que hay sedes donde no hay especio físico para moverse ante la cantidad de legajos que se acumulan en todos los despachos.
Y por si quedaba alguna duda, a la sombra de los errores cometidos por diferentes instancias judiciales en el conocido caso de la 'niña Mari Luz', el Consejo General del Poder Judicial, en un informe realizado con datos de su Servicio de Inspección, cifra en un total de 269.450 la sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España. Lo que representa una media de 795 resoluciones por cada juzgado, un retraso que tiene especial incidencia en los órganos judiciales de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El informe será discutido hoy mismo en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Unamos a estas cifras el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional espera recibir, a partir del viernes, 9 de mayo, una avalancha de recursos solicitando la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de los sellos, ya que ese se cumple el segundo aniversario de la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa. Y, además, el jueves, concluye el plazo para que el Gobierno se pronuncie sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado formulada por muchos de los 460.000 afectados por el agujero de alrededor de más de 5.000 millones de euros detectado en ambas filatélicas.
Ante una previsible respuesta negativa del Ejecutivo a las pretensiones de los perjudicados, los afectados acudirán a la vía judicial con el objetivo de que la Justicia reconozca la actuación "negligente" del Estado durante más de 25 años, los que estuvieron operando Fórum y Afinsa con toda normalidad. Hasta ahora este órgano judicial ha registrado un centenar de demandas de perjudicados que se han adelantado a la respuesta del Gobierno.
Y si nos atenemos a la jurisdicción mercantil, observaremos, que el número de empresas concursadas durante los tres primeros meses del año se elevó a 359, lo que supone un incremento del 64,67% en relación al primer trimestre de 2007. Un tipo de procedimiento que requiere un amplio despliegue de medios personales y materiales. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza se encuentran en pleno proceso, con unas dimensiones difíciles de abarcar por ningún juzgado.
Según el tipo de empresa concursada, las que registraron un mayor aumento interanual fueron las sociedades de Responsabilidad Limitada, con un crecimiento del 77,5%. De hecho, la mayor parte de las empresas concursadas del primer trimestre, en concreto el 77,2%, eran Limitadas.
Las sociedades anónimas concursadas experimentaron un repunte interanual del 40,8% en el primer trimestre y las limitadas de un el 77,2%. La tendencia, a todas luces es a seguir creciendo.
Mientras tanto, PSOE y PP deshojan la margarita para ver si se ponen de acuerdo y desbloquean de una vez por todas la cúpula del poder judicial. Hoy, más que nunca, acierta la maldición popular que espeta "pleitos tengas... y los ganes", aunque mejor sería modificarlo por "pleitos tengas... y los acabes", claro que en ese caso no sería una maldición sino una bendición.