Monitor de la Construcción

Las infraestructuras del agua pendientes

Ignacio Mulas.– Cada vez que se produce en nuestro país un periodo de sequía resurge la eterna bronca del agua. De quién es el agua, a qué territorios les compete ceder o no sus recursos hídricos; de quién es la responsabilidad de crear las infraestructuras necesarias para su uso, almacenamiento y aprovechamiento; qué usos deben ser prioritarios con los escasos recursos disponibles; cómo dotar del agua suficiente a las regiones periféricas o que no disponen de cuencas en sus territorios; quién es el dueño y señor de  cada río, caudal o pantano... España tiene un problema, enorme y crónico con el agua.

En este país somos aparentemente incapaces de solucionar el problema del agua. Basta una temporada escasa de lluvia, como la que recientemente hemos sufrido, para que se organice una agria disputa por este bien precioso. Tenemos reciente la cuestión del trasvase -llámese como se quiera- a Cataluña que ha levantado ampollas, tanto por el "donde dije digo, ahora digo diego" del Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, antes opuestos de modo rotundo a las trasvases por fachas, franquistas y demás, como por la sensación cada vez más arraigada en los ciudadanos de que "si montamos un follón suficientemente gordo, adobado del socorrido ecologismo contra todo, seguro que no se hace nada". Mientras, Aragón se proclama dueña del Ebro, Castilla-la Mancha del trasvase Tajo-Segura, los agricultores del delta del Ebro del agua derramada generosamente al Mediterráneo, la costa de ese mar pasa apuros singulares por falta de agua y todos enfrentados pero sin arreglo posible, que solo viene -de momento y hasta otra temporada de sequía- cuando vuelve a llover.

El agua es nuestra asignatura pendiente a pesar de ser una de las claves más importantes de nuestro desarrollo futuro; el "no" sectario y troglodita alimentado por una información sesgada a todo lo que sea encarar el problema desde posiciones sensatas, globales y solidarias, parece nuestro sino en esta cuestión, encastillados los unos y los otros en posiciones irreductibles. Y mientras, el agua es cada vez más escasa, más cara y peor gestionada. Nuestras infraestructuras son obsoletas, se pierden cantidades ingentes del precioso líquido, no hay coto a picarescas o favoritismos, se alimentan posiciones seudo-ecologistas más propias del pleistoceno que del siglo XXI y se fomentan alegremente posiciones insolidarias basadas en la pretendida autonomía de determinadas regiones y territorios. Mientras tanto, el problema crece y crece y terminaremos, como en siglos pasados, en guerras fraticidas por este bien antaño ejemplo de bien gratuito y que hoy no da para todas las necesidades, a veces ni para las más básicas.

España es un país moderno, que ha recorrido en los últimos años un camino ascendente que nos ha llevado a estar en el top ten de las economías más importantes del mundo; por eso no es de recibo nuestra bochornosa, ineficiente y tercermundista relación con el agua. Es hora de acometer un esfuerzo serio, unívoco y  eficaz para que todas nuestras ciudades, pueblos, territorios y actividades que dependen en una u otra medida del agua, puedan mantenerse sin sobresaltos ante circunstancias sobrevenidas.

Para ello hay que promover un Pacto Nacional del Agua entre todas las administraciones y todos los partidos políticos con representación parlamentaria, un pacto que devuelva al Estado Central la competencia sobre su distribución equitativa, un pacto que trasmita con claridad a los ciudadanos que el agua es de todos y para todos y que debe ser llevada a todos, pero que es un bien costoso y que hay que asumir entre todos el coste de su canalización, almacenamiento, infraestructuras de tratamiento y depuración, así como los costes de una importante renovación de muchas de las actuales infraestructuras por las que se pierde una parte importante de los caudales que por ella transitan. Este Pacto debe abrir debates sobre la interconexión de cuencas, sobre los trasvases necesarios allí donde los técnicos lo planteen, sobre las tecnologías y tamaño de las infraestructuras de desalación donde se considere obligado acometerlas, sobre los costes energéticos y medioambientales de esas alternativas, sobre la asignación de caudales para el consumo, la agricultura, la industria o el ocio. No es de recibo que estemos jugando a la demonización de determinadas alternativas simplemente porque se les ocurrió a otros, ni que llevemos años de retraso en la implementación de los sistemas que demanda la UE para todos sus miembros. Es hora de encarar este problema con rigor, sensatez y eficacia antes de que se convierta en una rémora insalvable para nuestro bienestar o, incluso en algunos casos, para la supervivencia.

Hay que acometer de una vez por todas la interconexión de cuencas, de modo que no sea una solución parcial, temporal o para momentos de sequía, sino que garantice tanto el suministro de todos los territorios como la mejor depuración de aquellos caudales más castigados, bien sea por contaminación industrial o agrícola, bien sea por contaminación natural debida a causas como pérdidas de flujos, incendios u otra causa. Hay que aumentar las desaladoras, pero utilizando las tecnologías más modernas para minimizar el considerable coste energético que conllevan este tipo de procesos. Hay que promover trasvases y presas allí donde los técnicos los consideren necesarios, desde una visión global del problema, desde un planteamiento que tenga en cuenta los intereses de todos los demandantes. Hay que modernizar procesos productivos para gastar menos agua y depurar y reutilizar la utilizada. Y sobre todo hay que renovar y modernizar las actuales infraestructuras de  transporte y distribución, que son muy ineficientes y tienen pérdidas cuantiosas que deben limitarse cuanto antes.

Pero todo desde una instancia por encima de las consideraciones particulares de uno u otro territorio, de una un otra actividad productiva. Acometer este Pacto va a necesitar consenso y fondos, bien sean estos públicos o privados, pero hay que ponerse en marcha cuanto antes no solo porque el problema está en cotas insostenibles, sino porque serviría también como importante medida anticíclica para aliviar la actual situación del sector constructor y facilitar su vuelta a niveles de actividad razonables.