Monitor de Latinoamérica
Torrijos, el 'Moisés' centroamericano, pesca problemas en aguas del Canal
-A Correa se le rebelan las cuentas y el BC
Con la dependencia de los bancos y las instituciones internacionales, de las que tiene aún que obtener buena parte de los 5.250 millones de dólares de la ampliación del Canal antes de 2014. Y con la sombra aún imborrable de la corrupción que- el embajador estadounidense acaba de recordarlo- turba cualquier clima de inversión. Pretende que sea el maná de inversores los que paguen la travesía de sus ensueños. Puede acabar ahogado en las olas del istmo, con el peso al cuello del capital, si – asfixiadas por la crisis estadounidense y los planes alternativos del transporte chino y las vías mixtas centroamericanas- las aguas no dan de sí todo lo que pensaba.
Dicen los panameños que su capital será, sin esperar no mucho tiempo, la Singapur de América Latina. Y quizá no es sólo chovinismo lo que les anima a verlo así. La expansión del Canal, con un presupuesto de 5.200 millones, y la inversión de 35.000 millones de dólares para la reconstrucción y la adaptación de la bahía, están configurando un nuevo esqueleto urbanístico, pero también un nuevo paisaje económico en esta ciudad, que alberga ya a los seis rascacielos más altos de Latinoamérica y tiene una veintena en proceso. Los cantos de sirena del nuevo Canal de Panamá comienzan a surtir efecto. No es para menos. Quién podría resistirse a los encantos de una tarta de 5.600 millones de dólares en infraestructuras sólo para la ampliación, en un país en plena ebullición inmobiliaria, turística, energética y logística. Quién podría oponerse a las ofertas de Martín Torrijos, que promete a golpe de sonrisa a las Sacyr, Ferrovial o Indra de turno dejar en bandeja de plata el acceso a los concursos públicos. Dos refinerías de petróleo, nuevos puertos, el saneamiento del sistema de alcantarillados en la capital y la ampliación de los espacios públicos en la bahía pacífica del canal con un relleno marino llamado cinta costera están en juego. Por eso para las grandes compañías internacionales lo importante es estar, meter un pie en un Canal que mueve el 4% del comercio mundial y el 23% de las mercancías que salen de China.
Pocos faltan a la llamada "al panal de rica miel" del Gobierno panameño: Estados Unidos, haciendo gala de su condición de primer inversor. La UE, que quiere hacer valer su papel de nuevo socio privilegiado, ha comprometido 650 millones de dólares en la ampliación. España, segunda inversora en las tierras de los Torrijos, con 12 millones de euros de inversión neta en 2006 y más de 500 en la actualidad, acude con sus constructoras más potentes, algunas en consorcios con europeas y locales. Todos quieren invertir en una tierra en la que en los últimos doce meses la inversión extranjera creció un 149%. Un boom no exento de riesgos, a pesar de las promesas de las autoridades panameñas, que juran- están en su papel- que lo que vive su país no desembocará en una burbuja. Pero ya hay nubarrones sobre el Canal de Panamá. Son los propios trabajos en las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores los que explican que el tiempo en aguas del Canal para los buques se haya disparado un 32% en 2008 y que haya crecido el número de accidentes. Pero el descenso del tráfico- un 2% en barcos y un 2,6% en carga -desvela que el sueño panameño no puede permanecer blindado por más tiempo a la crisis de la economía real estadounidense y a la inflación regional.
El jefe de mercadeo de la ACP, Rodolfo Sabonge, ya anunció que la ruta perderá dinamismo en el período 2007-2008, aunque pronostica, para tranquilizar a los inversionistas, que a partir de 2009 el comercio regresará a su normalidad. Mira a Pekín. Los chinos, los principales usuarios del Canal, son los que han forzado su ampliación y los que seguirán controlando la llave de sus esclusas. Sólo un estirón del gigante asiático podrá compensar la reducción del comercio estadounidense. Pero olvida que el comercio entre China y EEUU no puede regresar a su tasa de crecimiento anterior. A partir de la década de 1990, China se sumó a Japón como socio comercial marítimo principal de EEUU que utiliza el Canal. Sobre la base del surgimiento del gigante asiático, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) proyectó un crecimiento anual del 10% hasta 2020. El pronóstico de la ACP justificó equivocadamente todos sus cálculos para la construcción del nuevo juego de esclusas. A la crisis financiera del vecino del Norte se suma la subestimación de los costos de la propuesta, así como la apertura de las rutas árticas alternativas y de la competencia de algunos proyectos intermodales que desde el Pacífico a través de trenes, podrían adelantar por la derecha en costes a un Canal ebrio de impuestos y arrebatar a Panamá el acceso a los puertos de la costa Atlántica estadounidense, como el de Tehuantepec en el Golfo de México.
El país lidera el ranking de inversión extranjera directa en relación al Producto Interior Bruto, con 1.825 millones de dólares recibidos en 2007. Esta cifra representa el 10,5% del PIB nacional, más que la proporción obtenida por países como Brasil, México, Chile y Colombia, que lideran el ranking en términos absolutos. Pero su poderío es relativo: pequeña a comparación de países como Brasil y México que recibieron 34.585 millones (22.520 millones de euros) y 23.230 millones (15.308 millones de euros), respectivamente el año pasado. Tan lejos de Dios y tan cerca de los EE UU, el istmo encaja a duras penas las debilidades de su dolarización, las flaquezas del comercio estadounidense y la maldición del pato cojo en la Casa Blanca y el Congreso de mayoría demócrata, que amenaza con dejar si TLC al único país centroamericano que no nada en las aguas del Libre Comercio con los vecinos del Norte. El quid pro quo va mucho más allá de las inversiones para el canal: la UE se dispone a negociar un Acuerdo de asociación con Centroamérica que supera los límites de un mero Tratado de Libre Comercio. Y tanto Panamá- del lado americano- como España -del lado europeo- quieren ser puntas de lanza de ese acercamiento. Pero el Canal está lleno de tiburones y no todos son foráneos.
Con tasas de interés hipotecarias del 5,35%, créditos a treinta años y casas que valen desde 37,000 dólares y se construyen por doquier no es de extrañar que el mismísimo BID haya prestado 10.000 millones de dólares para la construcción de viviendas. Pero los constructores comienzan a alertar de que las subidas de las tarifas eléctricas, del crudo y de los materiales de construcción pueden asfixiar a la gallina de los huevos de oro y dar al traste no sólo con cinco años de crecimiento sostenido, sino con los planes del gobierno y las cuentas de los empresarios privados. El Gobierno decretó la entrada en vigor el 1 de enero de un aumento del 20% en la tarifa eléctrica para los primeros seis meses del año. Una subida que afecta sobre todo al sector industrial y comercial, ya que los clientes particulares recibirán un subsidio de 27,9 millones de dólares (19 millones de euros) para mitigar el impacto.
En pleno boom al calor de millonarios proyectos de edificación de rascacielos, carreteras y la próxima ampliación, el sector de la construcción que afrontar la sexta subida del precio del saco de cemento en un año y medio, a unos 5,50 dólares (3,8 euros) en fábrica y con intermediarios a unos siete dólares (4,8 euros). El acero- en un país dependiente de las importaciones que necesita unos 150.000 toneladas anuales y en un contexto internacional de demanda de los emergentes e inflación de las commodities- coquetea de cuando en cuando con el desabastecimiento y su precio se ha duplicado desde 2006, hasta llegar a los 1.000 dólares por tonelada, un techo que para uno de los buques insignia de los suelos panameños, como el rascacielos The Point, se traduce en un aumento de entre el 5 y el 8% de los costos globales de la construcción, lejos del 2% al que estaba acostumbrado hasta ahora el sector. Ya hay analistas locales e internacionales que advierten del riesgo de construcción en exceso, -sobre todo en segunda vivienda-, del peligro de sobreexposición al endeudamiento, del riesgo de contribuir a inflar una burbuja ficticia. En lo logístico y las infraestructuras, las empresas y los inversores se darán de bruces con el intrincado matrimonio entre la obra pública y la inversión privada. Eso en la tierra de los Torrijos son palabras mayores. Que se lo digan, si no, a Adolfo Olloqui.
A pesar de que la ACP asegura que el aumento de los precios del crudo y de las ‘commodities' y sus efectos en los costos del Canal no afectarán a los contratos ya adjudicados, es el propio Ejecutivo el que reconoce que habrá que esperar para ver qué pasa con el contrato de diseño y construcción de las esclusas y el tercer contrato de excavación seca, a los que aspiran entre otras, ACS y Sacyr. La Autoridad del Canal de Panamá- que entre enero y marzo ha destinado 110 millones de dólares (70,3 millones de euros) en contratos para el programa de ampliación-mantiene un plan de contingencia de unos 1,030 millones de dólares- que se evaporarán sólo con un petróleo a más de 100 dólares- además de unos 530 millones de dólares para costos inflacionarios, calculados en un 2% anual, pero el primer trimestre de 2008 ya ha roto todas sus costuras de una obra que-como los expertos habían anunciado- sólo será rentable si no supera los 7.000 millones de dólares de coste.
DEBILIDAD ENERGÉTICA
Las aguas se estrechan para un país con problemas de abastecimiento alimentario y cuyo crecimiento de consumo energético avanza al 7% anual, nutrido del ‘boom' de la construcción, y al calor de las inversiones que acuden al canto de sirenas de la ampliación del Canal. Las obras han aumentado el índice Mensual de Actividad Económica del país hasta un 10,42%, pero Panamá no hace más que mirar al cielo. Se aferra al horizonte de las lluvias como única tabla de salvación de un sistema que roza desde hace semanas su máxima capacidad de 1266 MW, muy dependiente de dos únicas fuentes de energía: la generación hidroeléctrica -basado en las dos grandes hidroeléctricas de Bayano y Fortuna, que representa un 60% de la producción- y la generación térmica- dependiente del sector exterior-con una producción de 40%. Es el gobierno- ávido por construir nuevas represas y vender un plan energético eficaz antes de las elecciones del 6 de noviembre de 2009- el primero en reconocer las dimensiones de una crisis que el fomento de la inversión privada desde 2004 no ha podido contener y que ahora requiere un diluvio de dólares. No sólo debe garantizar el servicio en el mercado local, sino concluir el proceso de integración energético de Centroamérica y México como parte del Plan Puebla Panamá, que pasa por la construcción de la infraestructura del proyecto de 1.830 kilómetros de líneas de transmisión.Desde 1998, cuando se privatizó el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), hasta 2004 las inversiones realizadas en el sector ascendieron a 966 millones de dólares, de los cuales 558 millones correspondieron a facilidades de generación con una capacidad de 465 mil kilovatios. Para 2015 se requerirá de 400.000 a 600.000 kilovatios adicionales de capacidad de generación, lo que representa inversiones entre 500 y 700 millones de dólares.
Pero mientras llega el maná de las inversiones, a medida que se acerca la sombra de los apagones, que serán inevitables en varios meses, Torrijos aprieta el cinturón del sector empresarial. Ya han comenzado los avisos para que los grandes clientes de las empresas energéticas recurran al autoabastecimiento; nada de anuncios luminosos y los funcionarios trabajan, desde hace quince días, sólo en jornadas de seis horas y sin derecho a utilizar el aire acondicionado más de cuatro horas. Los coqueteos de Martín Torrijos con el Eje Caracas-La Habana-La Paz-Quito no han servido para despejar su dependencia de las importaciones de hidrocarburos. Las empresas inversoras en el país se convertirán en los ‘paganinis' de sus zozobras energéticas: las del desabastecimiento y las de las facturas de los planes fututos. De aprobarse el programa, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, obligaría a las empresas de generación a pagar 5.000 dólares (3.230 euros) anuales por Megavatio (MW) durante un período de 20 años para financiar el Fondo de Inversión Socio Ambiental Comunitario (Fisac). Además contempla el pago del 30% de los posibles ingresos generados a través de la venta de los certificados de reducción de emisiones (CER´s) para financiar el fondo de pago de servicios ambientales (Fpsa).
A Correa se le rebelan las cuentas y el BC
Patalea. Y apedrea al mensajero, el Banco Central de Ecuador, que en su último informe sobre inversión extranjera se ha atrevido a enseñar las costuras de la zozobra económica, las debilidades de sus delirios de grandeza bolivariana: que registró en el cuarto trimestre de 2007 un nivel negativo de 295 millones de dólares. Incrédulo, Rafael Correa se resiste a creer que las arremetidas contra las multinacionales, el repudio del Ciadi y su tango favorito- el del chantaje- hayan comenzado a pasarle facturas. Las amenazas de ‘correazos', el impuesto a la salida de capitales y el mayor control estatal tienen nerviosos y recelosos a los sectores productivos, los bancos, las empresas nacionales y los inversores internacionales por mucho que trate de forzar las inversiones futuras con cada renovación de contrato. De poco le sirve que informes como el del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, adviertan que, mientras la IED en la región creció un 46% el año pasado, y se ubicó en 105. 900 millones de dólares, en Ecuador los dólares y los euros salen a la fuga desde 2006. .El presidente ecuatoriano jura que no hay forma en que la inversión sea negativa en 2008 y, de paso, cuestiona las cifras sobre crecimiento de los sectores agrícola y de la construcción, que según el último informe del BCE están al 1,35% y al -2% respectivamente. El Palacio de Carondelet entona la crónica de su suicidio comercial y se aferra ahora a los números de la CEPAL, que estimó el crecimiento en 2,7%, eso sí, a fecha de septiembre y sin datos oficiales de finales de año.
Paradojas del nacionalismo bolivariano, Correa llama a los bomberos de la economía argentina, forenses de su idilio energético con Cristina Fernández de Kirchner y cocineros de las cuestionadas cifras de la inflación argentina, para que las cuentas ecuatorianas cuadren con su retórica. Si la ecuación no le sale, amenaza ya con la expulsión de las autoridades del Banco Central, aunque él mismo se ha encargado de que tres de sus cuatro miembros sean afines al gobierno y de que el Boletín del Banco pospusiera su publicación varios meses. Heredero de las obsesiones de Chávez, no es la primera vez que arremete contra los muros del Banco Central haciendo ondear su formación como economista. Si el venezolano, en un país donde el gobierno se ha acostumbrado a no ser más que un corifeo de Chávez, trató con su referéndum fallido de que su apisonadora dejará en un mero ‘cromo' al Banco Central para concentrar en manos del Palacio de Miraflores el establecimiento y la regulación de la política monetaria, la supervisión de las reservas internacionales y las riendas de una economía que ya sufre los síntomas de nueve años de autarquía petrolera, Correa promete que con la nueva Constitución el Banco Central (BCE) carecerá de autonomía.
Bajo su mando, la política económica se imbricará con la fiscal y la monetaria, lo que- Correa dixit- supondrá, entre otras cosas, que el gobierno podrá utilizar las reservas ecuatorianas, valoradas en unos 4.000 millones de dólares, a su antojo. Calienta ya motores - con o sin Carta Magna- para pagar las facturas de la construcción de refinerías e hidroeléctricas y nutrir la aguas de vía de su sector energético, ahora que se ha dado cuenta de que Petroecuador, la que iba a ser el ancla del buque insignia del oto negro ecuatoriano es una balsa a la deriva, sin más rumbo que la dependencia de los ensueños bolivarianos y el abordaje de las multinacionales, de las que depende el 45% de los 520.000 barriles de crudo diarios del quinto productor de petróleo de la región.