EL PUENTE
Díaz Ferrán debe dimitir
El Presidente de la patronal española, Gerardo Día Ferrán, no puede seguir un día más al frente del empresariado español. Los pilotos de sus compañías denuncian que sus empresas aéreas son las que más incumplen con las normas de seguridad del sector. La inspección de Hacienda, le pide junto a su socio Gonzalo Pascual, que pague 100 millones de impuestos por la venta de Aerolíneas a Viaje Marsans, frente a los 20.000 euros que pidieron que les devolviera la Agencia Tributaria. Los grandes empresarios españoles no son así. Lo reconocen los más próximos colaboradores con los que ha contado José María Cuevas durante los años de mandato al frente de la Confederación Española de Organizaciones empresariales y algunos de sus actuales ejecutivos.
No son las únicas dificultades que atraviesa el todavía presidente de los grandes empresarios españoles. Ahora el Gobierno argentino y los sindicatos de Aerolíneas Argentinas piden la intervención judicial de la compañía controlada por el grupo turístico español Marsans, en medio de rumores sobre su nacionalización.
La solicitud se ha presentado al juez comercial de Buenos Aires Jorge Sicoli, quien instruye las actuaciones por otras reclamaciones de acreedores de la aerolínea de bandera argentina aunque está en manos de Marsans.
El juez ha convocado para el próximo martes a una audiencia entre representantes de Marsans y del Estado argentino, accionista minoritario de Aerolíneas, en la sede de la compañía.
El Gobierno acordó presentar la denuncia tras la reunión mantenida con los sindicatos, que garantizan la continuidad de los servicios de la empresa en los próximos 60 días. Los principales diarios de Buenos Aires aseguran que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene la intención de nacionalizar Aerolíneas Argentinas, cuyo mayor acreedor es el Estado nacional.
Los diarios recogen el malestar de empresarios españoles mientras Clarín asegura que Fernández habló dos veces con Zapatero, para amortiguar el impacto de este asunto, otro problema más en la tensa relación bilateral.
Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral justifican la cancelación de varios vuelos por el tiempo, pero los sindicatos denuncian desde hace meses que ambas aerolíneas tienen paralizada buena parte de su flota por falta de repuestos para su mantenimiento, las deudas y conflictos laborales latentes.
El líder sindical de la Asociación de Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, ha asegurado que si hay justicia, todos los directivos de Marsans tendrían que ir presos.
Según el diario de negocios Ámbito Financiero el Gobierno de Fernández acude a la justicia para quedarse con Aerolíneas con el argumento de pedir la intervención porque Aerolíneas tiene unas pérdidas de 300 millones de dólares.
EL INFORME DE LOS PERITOS
También en España tiene dificultades el presidente de la patronal. Un informe elaborado por peritos de la Agencia Tributaria asegura que Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual debían haber pagado unos 100 millones de euros de impuestos por la venta de Aerolíneas a Viajes Marsans, más otros 7,5 millones de su socio Romana Playa, frente a la devolución de 20.000 euros que solicitaron.
El letrado Rafael Cano pidió en su día medidas cautelares, entre las que se cuentan el embargo de las acciones de ARSA o de los créditos que Marsans posea con Aerolíneas. El informe fue solicitado por el Juzgado 35 de Madrid, donde los dos empresarios están imputados por fraude fiscal, desvío de fondos públicos y falsedad documental.
En el informe se dice que Air Comet, sociedad controlada por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, han solicitado la devolución de 20.000 euros con cargo al impuesto de sociedades del 2002, cuando lo cierto es que debían haber pagado al fisco 99.049.520 euros, más otros 7,5 millones de Romana Playa. El abogado del caso, Rafael Cano, pidió en su día la comparecencia de los peritos para la aclaración de
más detalles, pero sostiene que la acusación del informe contra Díaz Ferrán y Pascual es nítida.
La titular del juzgado número 35 de Madrid, Gema Gallego, tiene en su poder el informe de los peritos. En las transacciones de Aerolíneas Argentinas (ARSA), entonces propiedad del Estado español a través de la SEPI fue finalmente otra sociedad de estos empresarios, Air Comet, la que se hizo con la aerolínea.
En el año 2002, la SEPI, entonces dirigida por Ruiz Jarabo, y bajo el Gobierno Aznar, poseía la compañía aérea de bandera argentina, con monopolio de hecho del cabotaje en aquel país. La compañía no era rentable y para desprenderse de ella la SEPI transfirió ARSA a Marsans más 758 millones de dólares para reflotarla.
300 de esos millones estaban destinados a pagar deudas, cancelar pasivos y poner el balance a cero. En aquellos momentos sólo cobraron algunos acreedores subrogándose parte de las deudas los empresarios españoles. Según el informe de los peritos, "Air Comet dispuso de fondos entregados a título gratuito por la SEPI, que simultáneamente empleó en la adquisición de otros elementos de activos que no quedaron reflejados en su contabilidad". El caso está en el Juzgado 35 de Madrid, cuya titular les imputó por delito fiscal, desvío de fondos públicos y falsedad procesal.
Falta saber cómo afectará el caso al intento de Gonzalo Pascual y Díaz Ferrán de vender parte de ARSA al Gobierno argentino, y el resto sacarlo a bolsa en Buenos Aires. La situación no parece como para sacar a bolsa nada. Y el presidente de la patronal les haría un favor a los empresarios si pusiera el cargo a su disposición.