Pascual y Díaz Ferrán perpetran otra 'tocata y fuga' en Aerolíneas
Por la puerta de atrás, bajo el palio de la impunidad y, si se puede, con el botín en las manos. El traspaso real del 94,6% de las acciones de Marsans no llegará antes de sesenta días, pero la partitura está sobre la mesa de Pascual, de los Kirchner y de ambas embajadas. Y se parece sospechosamente a la jugada que orquestaron en Spanair. En Argentina hablan de saqueo. Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán ya tienen un 'paganini' para tapar los agujeros de Marsans en Aerolíneas Argentinas. Abandonan la nave, pocas horas después de que fuera rechazada la intervención judicial, pero ya han dejado claro que no se van "a cualquier precio". No contentos con siete años en los que han dejado a la compañía atada por la impotencia operativa y envenenada con un pasivo de 890 millones de dólares -240 'exigibles' de inmediato-, han sellado un acuerdo de entrega al gobierno, pero quieren un rescate para acabar con el "secuestro" del 94,6% de las acciones.
Vicente Muñoz, director financiero del grupo español, tiene sesenta días para tratar de conseguirlo de manos de Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra, de nuevo, con la 'patata caliente' de Aerolíneas entre las manos públicas, impelida a buscar nuevos socios que inyecten capital a la ahora escuálida aerolínea, compartan su operación y, si es posible, su accionariado con el Estado y con el 0,06% de los empleados.
Pascual y Díaz Ferrán tienen pendiente, de este lado del Atlántico, el juicio por fraude, pero la 'maldición' de Aerolíneas le va a salir más cara a los Kirchner, ahora que su recuperación pasa por tener que participar en la gestión rescatando su cuota de las garras de Marsans a golpe de chequera y reflotando una aerolínea que hoy por hoy es un agujero negro de operaciones, resultados y deuda, que pierde un millón y medio de dólares diarios y tiene en tierra a la mitad de sus aviones.
Es lo que tienen los hijos tontos, que salen caros. Los desvergonzados, aún más. Sus padrinos acaban obligados a pagar sus facturas y a sacarles las castañas del fuego. Si no lo hacen como ellos quieren, son el objeto de sus pataletas y de su chantaje final. Y cuando por fin se van de 'casa', les dejan devastada con un reguero de facturas pendientes.
La aventura argentina de Marsans ha terminado en naufragio, en un aterrizaje forzoso con la Casa Rosada como piloto de emergencia y los sindicatos como única tripulación. A Pascual y Ferrán les han abandonado los resultados, la paciencia de Cristina Fernández -que no ha querido seguir por la senda de Néstor Kirchner- y el halo protector de la Moncloa. Pero cuentan aún con la suerte de los 'tunantes'. Llueve sobre mojado: el impago de los sueldos por parte de Marsans que ha desembocado en la solicitud de intervención judicial ha sido sólo la guinda a un pastel lleno de despropósitos, la sombra del saqueo y la cruz de la descapitalización.
Se salen de nuevo con la suya, la misma coreografía mil veces ejecutada: asalto a empresas públicas, si es con el dinero de otras arcas estatales aún mejor; tocata y fuga con el paraguas de la impunidad, dejando a sus espaldas compañías descapitalizadas, desnaturalizadas y exprimidas hasta el estado de coma. Con Aerolíneas Argentinas no iba a ser diferente. Por el camino de la cesión accionarial, la "operación mercantil" del grupo español evita entrar en una batalla legal, que podría llevar a caminos "no mercantiles" y esquiva de nuevo la intervención judicial que el Estado y los sindicatos le reclamaban. La transición capitaneada por una Comisión mixta con el visto bueno de ambas partes -y no de un interventor como reclamaba el gobierno al juez Jorge Sicoli- le da tiempo a Marsans para intentar arañar un precio por su traspaso de acciones.
A pesar de los avisos de Rafael Caro Moya, querellante contra el Grupo Marsans en España por un supuesto fraude de 300 millones de euros, que le recuerda al gobierno argentino que está en condiciones para retomar la gestión de Aerolíneas Argentinas "sin tener que abonar nada" a cambio, Pascual y compañía no se resisten a llevarse el botín y obligar a los futuros accionistas a cargar con la deuda. Además, la cesión de acciones voluntarias es el camino alternativo al envío de un proyecto de ley al Congreso, una alternativa que Pascual y Díaz quieren eludir: a Marsans tampoco le viene bien que se ponga la lupa de los legisladores sobre cuál fue el destino que se le dio a los fondos recibidos del Estado español y se siga dilatando un cambio de manos que ellos anhelan.
El Gobierno argentino, que pensó en desembarcar con un 20% del accionariado de Aerolíneas, no ha querido arriesgarse a que la participación estatal se convirtiera en rehén de los intereses de Marsans o a que, si la compañía despejaba sus causas judiciales, hiciera caja gracias al humo de los rumores en Bolsa y se fuera con la música a otra parte. Aerolíneas, otrora niña mimada del gobierno argentino, la principal compañía aérea del país, con casi el 80% de los pasajeros transportados, se había convertido en un hijo problemático que ahora la Casa Rosada trata de devolver al redil y al control. Y Marsans ha sido en ella un inquilino que se ha hecho fuerte y ni comía, ni dejaba comer.
La Casa Rosada, los clientes y los sindicatos han tratado de digerir durante este tiempo que la compañía, -que aterrizó en la tierra del tango en 2001 tras comprarle a la SEPI su participación por una peseta- no hubiera renovado la flota en el plazo previsto, que no hubiera dedicado al plan industrial el dinero establecido (ni siquiera el que recibió). Y que Air Comet hiciera la competencia a unas Aerolíneas Argentinas trastabillantes. Tuvieron que obviar los problemas operativos y las denuncias de la Fuerza Aérea y los Kirchner le hicieron durante mucho tiempo la vista gorda a un concurso de acreedores pendiente aún formalmente (por cierto en el que el Gobierno Argentino es acreedor minoritario), o a la causa pendiente en el Juzgado 35 de Madrid contra Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y Antonio Mata (su socio y ex presidente de Aerolíneas) por desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal, por el uso de los 754 millones de dólares previstos para haber reflotado Aerolíneas Argentinas.
LA PESADILLA DE LOS KIRCHNER
Los Kirchner ahora no quieren seguir pagando los platos rotos de Marsans en Aerolíneas ni sostener la presión de los sindicatos, menos ahora que, tras el varapalo del Senado y el transfuguismo del vicepresidente, el horizonte, emponzoñado con la guerra del campo y los problemas en el "milagro económico argentino" empañan los sueños de Cristina de ser la nueva Evita. Pero entretanto, el Estado argentino sigue pagando: el fisco aportó 54 millones de pesos más para garantizar la operatividad de la compañía, que se suman a los 50 desembolsados días atrás para pago de salarios y otros gastos operativos. Ni rastro de la pretensión oficial de que éstos reconocieran en un acta su responsabilidad en el actual estado crítico de la compañía, que acumuló una deuda posterior al concurso de acreedores de 890 millones de dólares. Los ejecutivos de Marsans saben que plasmar por escrito que se hacen responsables del delicado cuadro económico financiero actual no sólo tiene un inmediato impacto mediático y político, sino que tendría también implicancias económicas que aspiran a evitar a cualquier coste.
El negocio es ruinoso, pero CFK está dispuesta a jugarlo, entre otras cosas para -el populismo obliga- gestionar el futuro de sus 8.500 empleados y utilizar Aerolíneas para comunicar destinos que difícilmente alcance otra compañía. La escasez de vuelos afecta a las provincias y CFK no quiere tener que ponerle la cara a las demandas crecientes de los gobernadores, ni asumir el coste político de no tener aviones (nadie le venderá aviones a plazo al Estado argentino que sigue siendo deudor) y de mantener un régimen improductivo alentado por los sindicatos.
Los Kirchner tienen sesenta días para definir qué el Estado cuando tenga la casi totalidad de acciones en su poder (los trabajadores tienen menos del 1%), si prefiere apurar la reprivatización de la mayor parte de las acciones, incentivando a un inversor argentino que podría recibir la empresa sin pasivo y en condiciones operativas más ventajosas, gracias al subsidio al combustible, desgravaciones y los últimos aumentos de tarifas. O, si opta por retener a Aerolíneas en la órbita estatal para diseñar con más tranquilidad esa eventual segunda entrega a manos privadas.
Los primeros pasos de esa decisión obligarán a Cristina a zafarse de las acusaciones de permisividad por parte del actual secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y ex subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, que denuncia que en la crisis de Aerolíneas y su inminente re-estatización hay "gato encerrado" y que "la única inversión de Marsans fue para la campaña de Cristina". Y pide a la Justicia que investigue el presunto desvío de los fondos que el Estado español dio a ese grupo y la responsabilidad de Ricardo Jaime por consentir esa maniobra.