Repsol YPF minimiza sus riesgos en Ecuador al ofrecer Correa un nuevo contrato de servicios
Repsol YPF ha salvado los trastos en Ecuador pese a que Rafael Correa, el bolivariano presidente del país, no se resiste a la tentación de nutrir las ínfulas de sus pretensiones políticas y el motor de la estatal Petroecuador mediante acuerdos e inversiones de las petroleras internacionales. Correa trata así de amueblar su ‘travesía del desierto’, los dos meses de la cuenta atrás para conseguir un triunfo en el referéndum sobre la nueva Constitución, en el que la que sólo cuenta con un 41% de votos. Y, paradojas del credo bolivariano, Correa lo ha hecho con la celebración de la luz verde a unos acuerdos con Repsol YPF, Petrobrás y la china Andes Petroleum que pasan de contratos de participación a otros de prestación de servicios con el Estado. Inversiones y renuncia a las demandas ante el Ciadi, a cambio de luz verde para seguir en el país andino. Repsol YPF lo hará, al menos, hasta 2018, con un contrato que ya ha comenzado a perfilarse esta semana y que, a cambio de una rebaja en el impuesto a las ganancias extraordinarias hasta el 70% para el Estado y de menores riesgos para la petrolera, se compromete a invertir en los predios de Correa al menos 316 millones de dólares en tres años y a retirar su demanda en el Ciadi, para reubicar las demandas pendientes en tribunales de Chile bajo las normas Uncitral.
Correa se ha tomado a pecho la militarización de su gigante Petroecuador. Tanto como para bailar la "yenka energética", con manu militari. Un paso adelante y dos atrás. Y vuelta a comenzar. El estandarte de su reconciliación tiene más de un desconchón. Brufau y compañía lo saben. Las empresas españolas, con Repsol en cabeza- opera actualmente bajo la modalidad de contrato de participación, los denominados "Bloque 16" y el "Bogui-Capirón- buscan reforzar sus ‘planes B' para minimizar, en otras tierras, el efecto de los arrebatos del Palacio de Carondelet: la más importante petrolera privada de Latinoamérica en activos, reforzada tras la argentinización de YPF y el fortalecimiento de sus reservas en Brasil, plantea la ampliación del contrato en Ecuador hasta el 2018, siempre que la operación sea viable, y ha ofrecido una inversión de 300 millones de dólares en los tres próximos años. Pero planea trasladar su sede andina de Quito a Lima- donde Santander estudia también abrir oficina- y se centra ahora en un proyecto en Perú, que licuará 4.45 millones de toneladas anuales de gas proveniente de Camisea y venderá todo el gas resultante de GNL a Repsol para su exportación.
La mejora de la perspectiva agencia de calificación crediticia Moody´s Investors Services, que ha elevado a "estable" desde "negativa" la perspectiva del perfil crediticio de la petrolera no hace más que certificar lo que ya Brufau y Eskenazi disfrutaban desde que a finales de 2007 comenzó la ‘argentinización' de YPF: un impacto beneficioso que debería tener sobre el perfil de riesgo del grupo y liberación de capital para el desarrollo de su negocio principal en el contexto de su Plan Estratégico 2008-2012. Lo más palpable de las esperanzas foráneas de la compañía que preside Antonio Brufau reside en Argentina, donde el resultado de explotación de YPF aumentó un 3,2% en el primer semestre de 2008, hasta situarse en los 644 millones de euros. La pesca en el parqué bonaerense con el anzuelo del 20% de YPF calienta motores, Repsol viste de optimismo sus expectativas. La miel en los labios de la prudencia vive para la petrolera española en Brasil, donde el hallazgo de crudo ligero en Guará se suma al de Carioca, que comenzará a producir en 2012. Y la paciencia a prueba en Ecuador,- donde hace cintura a fuerza de esquivar las arremetidas de Correa- y en Bolivia- donde comparte Andina con YPFB-.
LA ‘YENKA' ECUATORIANA
El Estado ecuatoriano ofrece mejorar las condiciones en las que venían operando por un plazo máximo de un año. Luego de ese lapso se pasará del contrato de Participación al de Servicios. En el primero, la empresa petrolera asume el riesgo y se lleva una parte del crudo extraído y entrega el resto al Estado. Y en el contrato de Servicios el Estado recibe el 100% del crudo y paga los costos a la compañía. Dentro de los acuerdos, que se oficializarán con la firma de un acta en los próximos días, el Fisco se comprometió a reducir del 99% al 70% su participación en el reparto petrolero. A cambio, el Estado obtendrá un número mayor de barriles de crudo. Con Repsol, la participación en la producción de petróleo pasa del 17 al 36%, y con Andes Petroleum, del 13% en promedio al 25% (en los bloques 14 y 17, pues en Tarapoa se mantiene la situación actual: el Estado se lleva el 50% del crudo extraído).
Pero el presidente Correa no se resiste al tic del driblaje. Se abraza a los euros que espanta, con la misma intensidad con la que entona el segundo capítulo de la nacionalización del grupo Isaías. Con la ira a flor de piel y la dignidad manchada por los azotes bogotanos, el repudio diplomático y las incertidumbres económicas que ni su propio BCE esconde, lava su imagen con el ‘detergente' de la diplomacia, pero sobre todo con el ‘suavizante' de las inversiones de las multinacionales de la energía. La retórica bolivariana quiere darse cuerda a golpe de euros. Los necesita tanto como los espanta. Coquetea con lo que otrora fustigó, pero Correa sigue caminando por la cuerda floja de la negociación. No quiere quedarse atrás en el deporte del tiro con amenaza a las multinacionales. Es más que una dulce tentación, toda una estrategia. Primero sacude, luego denuncia. Todo para negociar un juego con nuevas reglas y en una cancha rediseñada a su medida. El presidente ecuatoriano lo ha ejecutado a dos manos: con las petroleras, Repsol YPF incluida. Correa busca ahora obligar a Repsol, Andes Petroleum, Petrobras, Perenco y City Oriente a seguirlo en la ‘conga' de su viaje a ninguna parte, abrazadas sin condiciones a su cintura y amarradas al destino incierto de la Constitución ecuatoriana.
Rey del despiste; se dribla a sí mismo y a su propio gobierno. Para el juego, se lleva la pelota y sale corriendo, sin contarle a nadie cuándo ni cómo sigue el partido. A pesar de que ha conseguido llevar al redil de sus deseos a las multinacionales de los hidrocarburos, hacerlas pasar por el aro del 99% de carga impositiva sobre ingresos extraordinarios, aceptar la recuperación estatal del 70% de las rentas petroleras (ahora tiene el 29%) y sus decretazos, Correa no acaba de encontrar el techo a sus deseos. Influido por el viceministro de Hidrocarburos de Venezuela, se ha deslizado a un contrato provisional, un modelo único que sirva para migrar, después de una transición de seis meses, a un contrato de prestación de servicios, donde el Estado es dueño del crudo y reconoce los costos de explotación a las compañías. Y unas condiciones diferentes a las que su propio gobierno negociaba. Ya puestos a pedir, Correa y su almirante petrolero esperan alrededor de 1.000 millones de dólares de inversión privada en el sector petrolero para los próximos tres años, que se sumarían a los 2.000 millones de dólares que el gobierno aprobó para este año como parte del presupuesto de Petroecuador, que en los últimos diez años ha invertido 967 millones, menos de la cuarta parte de los 4.600 millones aportados por las multinacionales, a pesar de que en las manos de la estatal están el 80% de las reservas.
Repsol YPF, por si acaso, ya se lo ha advertido: no tiene intenciones de retirarse de Ecuador. En peores plazas ha toreado. Pero la estadounidense-panameña City Oriente no atesora tanta paciencia, ni tanta cintura. Ha buscado la puerta de salida. Y la ha encontrado, siguiendo la senda abierta por la Oxy, que acaba de demostrarle al ecuatoriano las líneas rojas de su baile de máscaras, los límites de sus arremetidas. City-Oriente resolvió la semana pasada dejar Ecuador, retirar la demanda de arbitraje que sostenía contra el Estado ecuatoriano en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (Ciadi) y recibir una indemnización de 69 millones de dólares.