Los peronistas tratan de cortar la retirada de Pascual y Díaz Ferrán de Aerolíneas Argentinas
Los legisladores argentinos no quieren pagar un peso por la nacionalización de la línea aérea y preparan una ley de expropiación
Sea cual sea la tasación final, nada de pagar por las acciones de la aerolínea. Ésa es la única consigna que sostienen todos a una en la Casa Rosada, donde los Kirchner se niegan a ponerle alfombra roja a la coreografía de la impunidad de los dueños de Marsans. Y más ahora que, a la vista del desenlace de su guerra del campo y de la traición de su vicepresidente Cobos, la bandera de Aerolíneas Argentinas (AA) -el estandarte de la recuperación estatal de la compañía y los embites contra el ‘saqueo de los gallegos’-, son uno de los últimos salvavidas políticos para Cristina Fernández de Kirhcner, un caramelo en torno al cual reunir a la familia quebrada del peronismo. Pero el adiós de Pascual y Ferrán puede acabar en mucho más que facturas pendientes y la obligación del Estado argentino de seguir pagando los platos rotos. La mayoría de los legisladores oficialistas apoyan la nacionalización de las empresas Aerolíneas y Austral sin que salga un peso al Estado y sin recurrir a la expropiación o la quiebra, que lastrarían aún más la operatividad de la aerolínea. Pero puede haber sorpresas. No son pocos los que en la oposición y en el ala oeste del oficialismo, en la otra orilla del peronismo, comienzan a alimentar la posibilidad de una ley de expropiación que no dé ni una gota de oxígeno a los duelos de Marsans. Un muro por el que ejecuten su tocata y fuga, pero sin más botines en las manos.
Después de la traumática experiencia que significó para el oficialismo el rechazo en el Congreso del proyecto oficial sobre retenciones móviles al agro, los diputados kirchneristas se niegan a votar a ojos cerrados y anticipan, en voz baja, que impulsarán cambios al plan de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral promovido por la Casa Rosada. Néstor Kirchner y los barones del partido presionan a Cristina para vestir de dignidad el plan y no cargar con todas las facturas pendientes de los dueños de Marsans. Saben que ni los ‘rebeldes' del oficialismo, ni la oposición ni la mayoría de la opinión pública argentina comulgaría con el pago de la deuda por parte del Estado (890 millones de dólares) y menos aún con ninguna compensación económica a Pascual y Días Ferrán. Y tienen que garantizarse una votación exitosa en el Congreso. La valuación de ambas compañías será definida en 60 días por tres instancias institucionales: el Tribunal de Tasación, la Auditoría y la Sigen, con la aprobación del Congreso. Si las partes llegan a un acuerdo sobre el importe, el Congreso deberá aprobar ese pacto. Si no, se buscará un árbitro internacional para que haga sus cálculos, y lo que decida ese ente también deberá ser aprobado por el Congreso.
Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán tratan de irse de Aerolíneas por la puerta de atrás, bajo el palio de la impunidad y, si se puede, con el botín en las manos. Una coreografía que se parece sospechosamente a la jugada que orquestaron en Spanair. El traspaso real del 94'6% de las acciones de Marsans no llegará antes de sesenta días, pero la partitura está sobre la mesa, de Pascual, de los Kirchner, de ambas embajadas y, sobre todo, desde ahora en adelante, de todos los miembros del Congreso argentino. Pascual y Díaz Ferrán, no contentos con siete años de saqueo hasta dejar a la compañía atada por la impotencia operativa y envenedada con un pasivo de 890 millones de dólares- 240 ‘exigibles' de inmediato-, han sellado un acuerdo de entrega al gobierno, pero quieren un rescate para acabar con el "secuestro" del 94,6% de las acciones. Vicente Muñoz, director financiero del grupo español, tiene sesenta días para tratar de conseguirlo de manos de Cristina Fernández de Kirchner, cada vez más emparedada en su urgencia de nutrir, de nuevo, la ‘patatra caliente' de Aerolíneas entre las manos públicas, impelida a buscar nuevos socios que inyecten capital a la ahora escuálida aerolínea y compartan su operación y, si es posible, su accionariado con el Estado y con el 0,06% de los empleados. Pascual y Díaz Ferrán tienen pendiente, de este lado del Atlántico, el juicio por fraude, pero la ‘maldición' de Aerolíneas le va a salir más cara a los Kirchner, ahora que su recuperación pasa por tener que participar en la gestión rescatando su cuota a golpe de chequera de las garras de Marsans y por reflotar una aerolínea que hoy por hoy es un agujero negro de operaciones, resultados y deuda, que pierde un millón y medio de dólares diarios y tiene en tierrra a la mitad de sus aviones.
La presidenta Cristina Fernández y su ministro de transportes tratan de delinear una nueva senda, de perfilar su plan de rescate de Aerolíneas para que el adiós a Marsans- y sus facturas- sean aceptadas por el Congreso argentino, pero el interrogante es hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a tolerar cambios al proyecto original apalabrado con Marsans y a debate en el Congreso. Hay diputados oficialistas que no aceptarían tibios retoques y que incluso ponen en tela de juicio la vía elegida por el Gobierno para recuperar las líneas aéreas, ya que implicaría que el Estado se hiciera cargo de la millonaria deuda. Esto es resistido férreamente por la oposición, que considera que el Gobierno colaboró, por acción u omisión, con el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas.
LA PESADILLA DE LOS KIRCHNER
Es lo que tienen los hijos tontos, que salen caros. Los desvergonzados, aún más. Sus padrinos acaban obligados a pagar sus facturas y a sacarles las castañas del fuego. Si no lo hacen como ellos quieren, son el objeto de sus pataletas y de su chantaje final. Y cuando por fin se van de ‘casa', la dejan devastada con un reguero de facturas pendientes. Los Kirchner ahora no quieren seguir pagando los platos rotos de Marsans en Aerolíneas ni sostener la presión de los sindicatos. Pero entretanto, el estado argentino sigue pagando: el fisco aportó 54 millones de pesos más para garantizar la operatividad de la compañía, que se suman a los 50 desembolsados días atrás para pago de salarios y otros gastos operativos.
Como desvela el diario Clarín, el Poder Ejecutivo tendría previsto gastar 600 millones de pesos en Aerolíneas y Austral entre septiembre y diciembre. Esa cifra forma parte de un reporte presupuestario enviado por el Ministerio de Planificación al de Economía: le reclama al Tesoro una partida por ese monto, para los últimos cuatro meses del año. Medido en dólares, equivale a una erogación de casi 50 millones al mes, más de un millón y medio de dólares por día. Según el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso, Aerolíneas y Austral tendrán una pérdida operativa de 250 millones de dólares durante todo 2008. Pero más de la mitad de esas pérdidas corresponden al período que va desde enero hasta junio. De modo que una previsión de casi 200 millones de dólares sólo para los últimos cuatro meses del año arrojaría un déficit considerablemente más alto que los 250 millonesde dólares previstos en el proyecto de ley. Desde el Gobierno sólo han admitido un gasto por parte del Estado de 34 millones de dólares, que se habrían utilizado para hacer frente a los gastos de Aerolíneas y Austral de principios de julio. Nada se dijo, al menos hasta el momento, sobre las erogaciones que harán falta desde mediados del mes pasado, ni sobre la forma en que están siendo solventados los gastos de la compañía durante este mes.