Monitor de la Construcción
La morosidad de algunas Administraciones Públicas comienza a ser insoportable
Las constructoras y las empresas de servicios públicos, víctimas de la falta de liquidez
Hasta ahora los soplidos de variado tipo, tanto nacionales como internacionales, están dando poco resultado, bien porque se sopla en otra dirección, bien porque el soplido no es eficaz, bien porque siendo el soplido suficientemente fuerte, al estar mal dirigido, produce una más rápida caída de las fichas que quedan en pie.
Para acabar con estos círculos viciosos hay que conseguir volver a la situación inicial, que nunca será la misma por otra parte, porque quedarán muchos cadáveres en el camino, como veremos al final de la crisis, entre los actores de la actividad económica –nivel de empleo, número de empresas sobrevivientes o ciudadanos con capacidad de haber hecho frente a sus compromisos de pago de créditos de todo tipo- y también, como ya lo estamos viendo, en lo que respecta a las instituciones financieras de todo el mundo. Catástrofe, dicen unos; limpieza necesaria, dicen otros. Pero lo que no parece aceptable de ningún modo es que algunos efectos que reavivan la crisis sean provocados por quienes tienen el mandato popular de ayudar a salir de ella lo antes posible. Tal es el caso de la morosidad creciente de algunos ayuntamientos, que se comienza a detectar por parte de muchas empresas que siendo inicialmente constructoras, han diversificado hace años parte de su actividad, dirigiéndola en gran medida hacia los servicios urbanos y que han ido adjudicándose contratos o concesiones de limpieza urbana, recogida de basuras, dotación y mantenimiento de mobiliario urbano, concesión de depuración y tratamiento de aguas, gestión de infraestructuras de todo tipo o explotación y mantenimiento de instalaciones deportivas, culturales y de ocio.
Esta morosidad creciente se refleja en retrasos mayores de los habituales en certificaciones de obra pública, pero sobre todo en los pagos de los contratos de servicios, práctica perversa que causa graves perjuicios a las empresas que dependen de los flujos de caja generados por los contratos en vigor para sostener su actividad en cotas razonables, atender sus propios compromisos de pago y poder hacer las inversiones necesarias para mantener en estado óptimo sus recursos materiales y su nivel de empleo. Los retrasos en atender puntualmente los pagos comprometidos dificultan también la normal financiación de las empresas en estos tiempos, en los que hay muchas mayores dificultades que antes no solo con la concesión de aquellos créditos que puedan ser necesarios para mantener el circulante de las empresas, sino también con el descuento bancario. Hoy, es difícil que la mayoría de los bancos acepten al descuento certificaciones o pagarés de compromisos a futuro que no lleven aparejados el llamado “efecto cambiario” y siempre que al deudor se le considere plenamente solvente.
La normativa que rige los contratos públicos así como la restante legislación pertinente y la específica sobre morosidad en los pagos en las transacciones comerciales no solo dejan muy claro cuales son las obligaciones de pago de los contratistas con los subcontratistas y suministradores, sino también las de los clientes públicos en cualquier tipo de contrato amparado por esta Ley. Salvo acuerdo en contrario –acuerdo que de ninguna manera será válido si contiene cláusulas abusivas según determina y pormenoriza la ley de Morosidad- en cualquier caso hay que abonar el importe de lo contratado a los sesenta días como máximo de la fecha de la certificación o de la fecha acordada en contrato. La Ley obliga además a que, en caso de demora, se deberá abonar por el deudor –ya no es necesario que el acreedor intime el pago de intereses, sino que estos se devengan de manera automática- los intereses de demora que determina la Ley de Morosidad, fijados en el Mibor (tipo al que las entidades financieras se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario) más siete puntos porcentuales, siendo actualizado periódicamente su importe por el Ministerio de Economía y Hacienda. Es chocante que la propia Ley, que fija taxativamente en un artículo el plazo máximo de pago, contenga otro artículo en el que “no obstante” contempla el incumplimiento de esa norma y lo reglamenta.
Pero algunas administraciones públicas, con mayor incidencia por parte de la local, cuando vienen épocas duras prefieren diferir sine die -como comienza a ocurrir ahora- determinados pagos en el entendimiento de que las empresas aguantarán porque saben que los ayuntamientos no pueden quebrar y que los contratistas callarán por la cuenta que les trae si quieren seguir trabajando para ellos. A muchas empresas pilladas en esta morosidad creciente solo les queda a menudo el recurso al pataleo porque es muy difícil en la práctica -y si son servicios básicos suspenderlos es imposible legalmente- forzar el cumplimiento de los plazos legales o, en su defecto, de los pactados en el contrato suscrito. En la anterior crisis del año 1992 se hizo tristemente famoso algún ayuntamiento del sur de España que estuve más de diez años sin abonar la factura del consumo eléctrico. Esta dejadez administrativa que se comienza a detectar puede ser una causa o concausa determinante de que la situación económica avance en el derribo de una ficha detrás de otra. Habrá empresas que puedan aguantar, pero otras no y al final esta práctica perversa tendrá muy negativas consecuencias en el empleo, en la viabilidad de algunas empresas y, en definitiva, colaborará a retrasar el comienzo de la recuperación.