Monitor de Latinoamérica
Bruscas turbulencias en el Río de la Plata
Pluna cancela su vuelo a Madrid y lo cede a Iberia en código compartido
Marsans retomará la gestión de AA si no hay acuerdo en el precio
Estas "consecuencias" estaban cifradas en pérdidas por valor de unos 2 millones de dólares mensuales, según los inversores privados que controlan el 75% de la compañía, y que fueron quienes tomaron la decisión de cancelar los vuelos a Madrid, en contra de la opinión de los representantes del Gobierno uruguayo.
Así, la empresa fundada en 1936 y que siempre gozó de prestigio en el cono sur, "concentrará sus operaciones exclusivamente en el ámbito regional". En tanto, el código compartido con la aerolínea española le permitirá ofrecer, además de Madrid, destinos como Sevilla, Barcelona, París, Londres, Frankfurt y Milán.
Iberia, por su parte, ha asegurado que mantendrá la programación de cinco vuelos mensuales, operados con un Airbus A 340-300, y que trabaja en la concreción de los acuerdos para la temporada de invierno. Entonces (y más precisamente, a partir del 1 de noviembre, fecha en que regirá el acuerdo), sí podría producirse un refuerzo de frecuencias.
A finales del año pasado, Pluna estableció un contrato como el de Iberia con American Airlines, para cubrir las rutas entre Uruguay y Estados Unidos.
Una decisión intempestiva, según el Gobierno
En lugar de celebrar algunas buenas cifras de desarrollo, el Gobierno del pequeño país orgulloso -"la suiza sudamericana"-, que sigue creciendo por encima de los dos dígitos, enfrenta por estos días las turbulencias políticas creadas por la resolución "intempestiva" de Leadgate, la empresa que se asoció con el Estado, el año pasado, para gestionar Pluna.
Porque esta decisión de cancelar una ruta que el Gobierno considera "estratégica" fue exclusivamente de los cinco directores de Pluna que representan al consorcio multinacional Leadgate, con el voto en contra de los dos representantes gubernamentales. Pero la venta del paquete de acciones mayoritario de Pluna es responsabilidad del Gobierno del Frente Amplio (FA), que viene enfrentando airados cuestionamientos internos por un negocio que desde siempre ha generado desconfianza, del que se perdió el control en el mismo momento en que se "entregó la soberanía" a un grupo inversor, por puro "pragmatismo". Según fuentes del FA, el Gobierno nunca tuvo acceso a balances de la empresa y sólo maneja los datos que se publican en la prensa.
Los portavoces oficiales insisten en la necesidad de seguir analizando opciones, conciliación mediante. Leadgate amenaza con irse y, mientras tanto, el torbellino opositor se ceba en el Parlamento, ante el silencio incómodo de los legisladores del FA. Si no se llega a un acuerdo en la conciliación, el ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Víctor Rossi anuncia la posibilidad de recurrir a un arbitraje supervisado por la Bolsa de Comercio uruguaya.
Colisión con el plan de negocios de los inversores
El grupo Leadgate tiene, por contrato, la potestad de realizar modificaciones en el plan de negocios de Pluna. Días atrás, su presidente, el argentino Matías Campiani, manifestó: "si el Estado considera que Pluna S.A. no debe ser gerenciada como una compañía de derecho privado, podemos entenderlo. Sin embargo, en ese caso, ciertamente no seríamos los socios adecuados y estamos dispuestos a buscar un mecanismo de cambio a nivel societario y de gestión que sea satisfactorio para ambos". Dicho esto, y para no desaprovechar recursos, Campiani voló a Venezuela para intentar arrendar a la empresa Conviasa el Boeing 767 que Pluna utilizaba en la ruta transoceánica.
Si con Conviasa Leadgate analiza algún tipo de sociedad, con el Estado uruguayo baraja su salida de Pluna o el estricto cumplimiento de todas sus condiciones. Es más, en una solicitada publicada en prensa, el socio mayoritario ofreció que Pluna Ente se haga cargo de la ruta Montevideo-Madrid, si de verdad la considera "estratégica".
Y en tanto arrecian las críticas por lo que, en el ámbito político y sindical, se considera el inicio de un desmantelamiento de la aerolínea, Leadgate ha respondido con la adquisición de siete aviones Bombardier CRJ-900 NextGen con el fin de ampliar las frecuencias de sus vuelos regionales hacia la Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. El grupo internacional confirma, con esta inversión hecha en Canadá, por 175 millones de euros, cuáles son las operaciones que se proponen priorizar para crear "un centro de distribución regional en Montevideo".
Al otro lado del río
En Buenos Aires, la situación por Aerolíneas Argentinas sigue sin resolverse. Marsans ha dicho esta semana que si el Gobierno argentino no respeta el acta-acuerdo firmada en julio, no venderá las acciones y retomará el control de la compañía.
El 13 de octubre vence el periodo que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Marsans acordaron para que cada parte estableciera el valor de la empresa y sus subsididarias. De no llegar a un pacto, según el acta de julio, se recurrirá a una tercera tasación independiente.
Pero en este periodo, el Congreso argentino aprobó una ley que establece que el Parlamento será el que decida el precio final que el Estado pagará por la aerolínea, en base a una propuesta del Tribunal de Tasación de la Nación.
En este punto, las cosas están así: Marsans, que cuenta con los servicios de tasación del Credit Suisse, sugiere que la valuación no debe hacerse a partir del patrimonio neto de Aerolíneas (que tiene un saldo negativo de 170 millones de dólares), sino por el cálculo de flujo de fondos futuros. El Gobierno, por su parte, rechaza de plano los cálculos españoles.
De esta nueva situación se quejaba esta semana el director corporativo de Interinvest (Marsans), Vicente Muñoz, en una entrevista publicada por el diario Perfil, de Buenos Aires. Muñoz asegura que si el Gobierno argentino propone la expropiación, recurrirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal que depende del Banco Mundial.