El Gobierno asume un riesgo imprevisto apenas 48 horas antes de la reunión del G20
La negativa del auditor a firmar las cuentas de Caja Castilla-La Mancha precipitó la intervención
El Banco de España asegura hasta 9.000 millones de euros para garantizar la liquidez de la primera caja intervenida en más de medio siglo
La fecha del 31 de marzo era clave. El Consejo de Administración, que había avanzado que la entidad había conseguido 92 millones de euros de beneficios, tenía que firmar las cuentas o desdecirse de lo anunciado. El auditor externo, la firma Ernst & Young, no daba por válidos esos beneficios. Como tampoco los daba Unicaja, ni los admitían el Banco de España y el Gobierno -pese a todos los esfuerzos de Zapatero para salvar a Juan Pedro Hernández Moltó-, que ha aprobado en Consejo de Ministros extraordinario celebrado en domingo la intervención de la entidad y facilitar un aval de 9.000 millones de euros por lo que pueda pasar. Una vez que no hay órgano de gobierno de la entidad, los nuevos administradores mancomunados nombrados por el Banco de España, tendrán el tiempo necesario para reformular las cuentas. El proyecto de fusión se le ha hundido no sólo a Hernández Moltó, sino también a Unicaja, que no contará con fondos adicionales para disponer de más liquidez y sanear su propia situación. Se le ha caído también al presidente de Andalucía, Manuel Chaves, que ve más lejos el proyecto de fusión global incluyendo CajaSol y Caja Sur. También se le está hundiendo su intención de salvar a Narcís Serra en Caixa Catalunya y su estrategia de solventar la crisis de las cajas gobernadas por los socialistas, fusionándolas. Llegado el 2010 hubiera sido el momento de intervenir aquéllas donde gobierna el PP, meses antes de las elecciones autonómicas del 2011. Pero no ha podido ser.
Al Día
DESDE EL PARQUET
La ampliación de Gas Natural se cierra con éxito
Pese a la cuponada registrada el pasado viernes, que rebajó sensiblemente el precio de los derechos, éstos cerraron a 1,75 euros, por encima de su valor teórico y muy lejos del mínimo de 0,46 euros que habían fijado cuatro días antes. Así, las acciones nuevas resultaban a 9,57 euros (7,82 euros de desembolso más 1,75 euros del derecho), mientras las acciones viejas, que la víspera de comenzar la ampliación quedaron en 11,20 euros, concluyeron el desdoble en 10,65, que sumados a los 1,75 del importe del derecho suponen 12,40 euros, lo que representa que ganan 1,20 euros del importe del cupón. La operación, por la que el grupo gasista recaudó 3.500 millones para financiar una parte de la OPA lanzada sobre Unión Fenosa, ha sido un éxito.
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Portugal es muy rentable para las empresas cotizadas españolas
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España seguirá en América Latina, por las promesas que aún queden en pie
Monitor de Coyuntura
Europa emergente, camino de la recesión
La CAM se cura en salud y trata de mejorar su nivel de liquidez
Los vencimentos de deuda por 3.410 millones de euros este año agudizan sus necesidades
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Algo así debió pensar el consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuando en su última sesión, dos días antes de que el Banco de España interviniera Caja Castilla La Mancha (CCM), aprobó medidas para incrementar su nivel de liquidez. La CAM ha sufrido como la que más los problemas de desconfianza de los mercados internacionales de financiación interbancaria. Primero, por su excesiva concentración en el negocio inmobiliario y en el crédito promotor en la costa mediterránea, una de las más castigadas por la crisis económica y por la retirada de los inversores extranjeros. Segundo, por su elevada morosidad, que exige nuevas dotaciones para insolvencias y, por tanto, más presión sobre la calidad y la cantidad de la cuenta de resultados. Y tercero, por ser una caja de ahorros, que desde hace tiempo están bajo la lupa de agencias de calificación (que han bajado recientemente los ratings de esta entidad), analistas e inversores institucionales.
Aguirre considera una maniobra el recurso del Gobierno contra la ley de cajas
Después de la decisión del Gobierno, tomada durante el Consejo de Ministros del viernes, de recurrir la Ley de Cajas, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguire, considera que parece "desproporcionado" que el Gobierno central quiera recurrir la Ley de Cajas madrileña con el mismo método que el Plan Ibarretxe. La presidenta entiende que esta decisión es una más de las acciones que componen la "campaña sin precedentes" que los "adversarios y enemigos" del PP han emprendido en las últimas semanas y aprovechó la ocasión para mostrar su confianza en que las próximas elecciones europeas serán una ocasión idónea para demostrar que España puede salir de la crisis "con otro Gobierno y con otra forma de hacer las cosas".
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Enel realizará a finales de abril su ampliación de 8.000 millones
Enel pondrá en marcha a finales de abril su gran ampliación de capital por 8.000 millones para reducir su deuda, que ha registrado un fuerte aumento debido, entre otros aspectos, a la compra de un 92% de Endesa. La aprobación de la operación se producirá previsiblemente en la junta extraordinaria de accionistas que el grupo presidido por Piero Gnudi ha convocado en primera y segunda convocatoria para los días 27 y 29 de abril, según la información remitida por Enel a los reguladores italianos. El 10 de abril, el grupo publicará un argumentario con los motivos por los que considera adecuado votar a favor del orden del día, en el que la ampliación de capital es el punto que da a la junta el carácter de extraordinaria.
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Recetas contra la morosidad pública
La morosidad está ascendiendo a cotas desconocidas en los últimos diez años. Una de sus caras más penosas es la que se produce -con mayor intensidad cada vez- en las relaciones comerciales y que se suma a la que tiene su origen en los impagos de quienes por causa de la pérdida de empleo dejan de atender los compromisos adquiridos respecto a créditos o hipotecas. Esta morosidad en las relaciones comerciales está produciendo quebrantos añadidos a muchas empresas, en especial pequeñas y medianas, que ven cómo se acumulan deudas impagadas o diferidas sine die por parte de muchos de sus clientes. Esta morosidad afecta en singular medida a la construcción y se está erigiendo en la causa mayor y más importante de la creciente insolvencia de muchas empresas de este sector, con su consiguiente efecto de continuada pérdida de empleos. Difieren los clientes sus pagos de manera escandalosa –en especial los clientes públicos en lo que a la construcción se refiere- y, dada la estructura de producción en cadena que caracteriza esta actividad, la morosidad se traslada inmediatamente a toda la cadena productiva hasta el punto de que fabricantes de materiales, proveedores y subcontratistas se ven arrastrados a una situación aún más angustiosa de tesorería de la que ya viene provocando la práctica desaparición del crédito habitual por parte de las instituciones financieras a causa de la crisis que atraviesa la totalidad de la economía mundial.