Monitor de la Construcción
Créditos participativos y autopistas de peaje
Una muy buena solución para la actual paralización de los contratos adjudicados
Los créditos participativos no son un invento nuevo, ya que en nuestro ordenamiento jurídico están regulados desde hace años en la "Ley 10/1996, de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas". Allí se definen las principales características de estos instrumentos. El prestamista puede ser cualquier empresa pública o privada sin que necesariamente pertenezca al sector financiero; el prestamista participa del riesgo del negocio o empresa del prestatario; el prestamista percibe un interés variable en función de determinadas magnitudes del negocio al que presta, seas éstas el volumen del negocio o el importe de los beneficios estimados; y el prestamista puede percibir, además, un interés fijo mínimo garantizado. Es decir, estos préstamos se vinculan a la actividad de las empresas y se considerarán patrimonio contable a casi todos los efectos.
Los créditos participativos aplicados a la financiación de autopistas de peaje son, evidentemente, públicos y se postulan para hacer viables concesiones nuevas o ya existentes afectadas por los efectos negativos de la crisis y que hacen peligrar el equilibrio económico-financiero de las concesiones existentes o permiten hacer viables nuevos proyectos que ahora tiene dificultades, bien para conseguir la financiación suficiente, bien para que esta condiciones permitan desarrollar el proyecto con fundadas expectativas de superar con éxito la primera fase de inversión, muy intensiva en este negocio. Es esencia, se trata de que el ente concedente participe en la financiación en los primeros años de una concesión -o en otros supuestos que luego comentamos- para hacer viables aquellos proyectos de autopistas que no alcanzan los umbrales necesarios de rentabilidad, bien por las dificultades de alcanzar financiación total, bien porque las entidades financieras aplican ahora criterios más restrictivos para su concesión, por la inclusión de nuevos riesgos antes no considerados, como es últimamente del riesgo de tráfico.
Para el posible prestatario público -el ente concedente, sea estatal o autonómico- estos créditos participativos no computan a déficit -aunque sí a la deuda- porque al provenir del Capítulo VIII y no del Capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado, los criterios contables comunitarios lo consideran inversión y no gasto ya que las dotaciones incluidas en el Capítulo VIII no provienen de los impuestos sino que son recursos públicos patrimoniales. Por otra parte, al tratarse de créditos y no de subvenciones, son recuperables y producen rentabilidad añadida para el prestatario público, de modo que siempre recuperará su inversión bien por la vía del pago de esos créditos por parte de la concesionaria en los términos pactados, bien por la reversión de la concesión al final del plazo estipulado. Los créditos participativos son demandados ahora por el sector concesional para tres supuestos; dos de ellos para proyectos ya en construcción o explotación y el tercero para proyectos a iniciar próximamente si, como parece, el Gobierno va a apelar a este sistema más intensamente en los próximos años a causa de las dificultades de las cuentas públicas para aumentar sensiblemente los fondos presupuestarios dedicados a la creación de nuevas infraestructuras del transporte.
En este último caso, los créditos participativos servirían para alcanzar el equilibrio económico-financiero en nuevos proyectos de concesión en los que inicialmente no se vislumbre la rentabilidad mínima necesaria para que la iniciativa privada pueda participar. Este sistema de complementar la inversión privada con créditos participativos públicos ya se ha empleado con éxito en el pasado en algunos proyectos que -por bajas expectativas de tráfico en los primeros años o por elevados costes de construcción- no eran viables en los primeros años de vida, como es el caso de los tramos licitados de la autopista de peaje Santiago-Orense a primeros de esta década, hoy ya en explotación. A ello habría que unir un cambio en el criterio de las últimas administraciones y no construir inmediatamente después del inicio de la vía de peaje una vía paralela de altas prestaciones -autovías, financiadas con los impuestos- que inevitablemente canibaliza el tráfico y hace inviable los proyectos de peaje.
En cuanto a proyectos ya en explotación afectados de graves problemas de viabilidad económico-financiera por hechos sobrevenidos, en primer lugar estos créditos participativos deberían aplicarse a solucionar el problema que los costes de expropiaciones, muy superiores a los previstos por la administración concedente en los pliegos de licitación, están causando a las concesionarias de las autopistas radiales de Madrid, la autopista eje aeropuerto y la Madrid-Toledo. Esta solución permitiría a las concesionarias no incurrir técnicamente en quiebra por superar la ratio permitida entre fondos propios y deuda, y al ente concedente no tener que hacerse cargo de un sobrecoste que, sin duda, debería asumir en su totalidad puesto que es la propietaria del suelo sobre el que discurre la autopista.
En segundo lugar los créditos participativos serían una muy buena solución para la actual paralización de los contratos adjudicados -y a incluir en los de próxima licitación- para la rehabilitación de las autovías de primera generación. Esta paralización se debe a que los retrasos en la aprobación del proyecto definitivo, una vez licitados los contratos, han echado al traste las condiciones y plazos de financiación acordadas inicialmente por la empresas antes del inicio de la actual crisis financiera, y que les está obligando a renegociar los primitivos acuerdos en unas condiciones mucho más duras y que hacen peligrar su viabilidad. En cualquier caso esta solución sería muy aceptable para la administración porque les permitiría no solo colaborar a la solución de los graves problemas añadidos existentes sino también recuperar en su momento esta inversión con beneficios por lo que no habría reflejo negativo -y sí alguno positivo- en las cuentas públicas.