Monitor de la Construcción
La morosidad pública sí que necesita un aborto
El impago de las Administraciones Públicas, crónico históricamente, se ha disparado desde 2008
Pareciera que ha vuelto a reencarnarse el dicho entre irónico y certero que corría por lo bajinis entre los progres que pasaban del rojo al rosa y luego al verde -no sólo de ecologías baratas sino sobre todo, del color del dinero- en los años ochenta: "guerra al capital hasta que sea nuestro". Y una forma de conseguirlo es, sin duda, no pagar lo que se debe, sobre todo si la impunidad está asegurada.
Es vital ante lo que se nos viene encima, abortar la morosidad de las Administraciones públicas que viene incumpliendo sistemáticamente sus compromisos de pago con las empresas desde tiempos inmemoriales y con mayor intensidad según se baja por la cadena administrativa, siendo los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas -pero también muchos organismos de la administración central- los líderes de esta dudosa práctica. Desde principios del pasado año 2008 la morosidad pública está alcanzando cotas más elevadas aún, afectando de modo muy serio a la supervivencia de muchas empresas, particularmente en el sector de la construcción como es de sobra sabido.
"Un amplio sector empresarial viene padeciendo la permanente utilización por parte de la Administración de la demora en los pagos como una práctica habitual de su gestión financiera, que a su vez origina un deterioro general que afecta a todo el entorno económico relacionado con la empresa. Las Administraciones públicas obligan a las empresas a modificar los plazos de pago pactados con objeto de aliviar sus propias dificultades financieras derivadas, en ocasiones, de una incorrecta realización y ejecución de su propios presupuestos" dicen en la denostada CEOE.
O sea, que es práctica constante y consciente no cumplir mandatos legales que, en el caso inverso son siempre objeto de la debida persecución por parte de las autoridades competentes. Claro caso de aplicación de la ley según convenga.
Es evidente que los efectos de esta perniciosa práctica dificultan en grado sumo, y más en estas épocas de abrupta caída de la actividad económica general, el normal desarrollo de la actividad de las empresas y que por tanto debería ser objeto de un compromiso transparente y decidido entre agentes sociales, Gobierno, partidos políticos e instituciones, "con la necesaria proyección a futuro que ponga fin de una vez por todas a este tipo de comportamientos".
Entre los efectos negativos que esta práctica del sector público está produciendo está el de expulsar del mercado a muchas empresas por causas no imputables a su gestión; alentar en el sector privado comportamientos de este tipo; dejar bajo mínimos la ya dañada credibilidad de las administraciones públicas -sobre todo cuando la UE alienta claramente el mercado único en el que no caben estas prácticas-; incrementar notablemente los gastos financieros y administrativos que reducen los márgenes de beneficio o aumentan insoportablemente las pérdidas; impedir la adecuada planificación de las inversiones necesarias para mantener el negocio en el futuro; y se traslada directamente al empleo porque muchos trabajadores se ven afectados en mayor o menor medida por estas circunstancias percibiendo a veces con retraso sus salarios o, en otras casos más graves, perdiendo sus puestos de trabajo.
La CEOE con el total apoyo del sector constructor -al que tanto afecta la morosidad de las administraciones dado el alto volumen económico que suele ser una constante de la obra pública- propone algunas medidas para erradicar esta práctica irresponsable e ilegal que practican con entusiasmo muchas administraciones públicas. Entre estas medidas destacan dos.
La primera, que se compruebe a último día de cada año el cumplimiento de las obligaciones de pago durante el ejercicio de todas y cada una de las Administraciones públicas por medio de auditoría fiable, autorizada y transparente, de modo que en caso de impagos se retraiga automáticamente el importe de las cantidades adeudadas de las respectivas transferencias que deban recibir dichas administraciones morosas.
La segunda, que las certificaciones de obras emitidas por las diferentes administraciones incluyendo a todas las existentes, sea de oficio utilizables como medio para abonar impuestos o pagar deudas pendientes de la empresa acreedora con cualquiera de las administraciones españolas indistintamente, "de modo que las deudas tributarias puedan extinguirse total o parcialmente por compensación con las certificaciones de obra dado que éstas tienen carácter de crédito reconocido por acto administrativo firme".
Hay que decir que actualmente la Administración central ya permite la utilización de este mecanismo para compensar impuestos estatales, pero debería extenderse con carácter urgente e indefinido a comunidades autónomas y sobre todo a entes locales -y ser intercambiable- ya que en conjunto las administraciones territoriales licitan aproximadamente las dos terceras partes de la obra pública que se construye en España.
Cada año asistimos a la presentación en el Parlamento de iniciativas al respecto por parte de diversos grupos políticos. Todos predican la necesidad de que -dentro de la cadena privada- se pague pronto y en el momento en que la deuda es firme y reconocida. Pero todos se quedan -con temor reverencial, podría decirse- a la puerta de plantear cualquier exigencia de obligado cumplimento por parte de los deudores públicos. Aplicarles su propia medicina -además de ser lo justo- sería un modo de que estas iniciativas gozaran de la mínima credibilidad exigible en nuestra sociedad.