Miguel Sebastián anuncia el cierre de la central nuclear de Garoña para el 2013

El Gobierno de Zapatero desafía a la sociedad civil

Ignora los llamamientos de su propio partido, de empresarios públicos y privados, de la totalidad de las patronales y hasta de organizaciones sindicales

Alberto Valverde.– Se consumó el dislate, por no decir el disparate. El Gobierno de Zapatero -al pleno, según proclamó ayer Miguel Sebastián- ha preferido antes aplicar el programa electoral del PSOE, aunque sea a medias, que hacer caso a la lógica económica, más lógica si cabe en tiempos de crisis. El ministro de Industria, cada vez más temeroso y distante de su jefe de filas, se encargó de dar las malas nuevas. La central nuclear de Garoña, una perla tecnológica de los años sesenta que lleva 40 años funcionando a la perfección y a la que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le reconoce diez años más de "vida útil" sin riesgos de seguridad, cerrará forzosamente el 5 de julio de 2013, dentro de cuatro años exactamente. Sebastián admitió que en la decisión han primado más los argumentos políticos de coherencia con el programa electoral socialista que los económicos e incluso los de seguridad, ya que hasta un organismo independiente y tan riguroso como el CSN no veía riesgos en su operatividad y sí perjuicios económicos en su cierre. Mal momento para comenzar a dejar de contar -aunque sea filosóficamente- con la energía nuclear en el país energéticamente más dependiente de Europa y que apuesta por sustituirla paultinamente con alternativas limpias pero muy caras. Un cálculo independiente cifra en cerca de 6.000 millones de euros el coste directo del cierre, entre el lucro cesante y el coste de la sustitución por otras energías subvencionadas, sin hablar del efecto social en la zona de emplazamiento, cerca de Trespaderne (norte de Burgos). Pero la cifra real e inducida puede ser muy superior.

Se puede afirmar que Zapatero ha desafiado a la sociedad civil que sustenta en este país la coherencia económica y abogaba por la prolongación de su funcionamiento. Ha ignorado sin rubor alguno a las fuerzas políticas y sociales que demandaban una solución positiva para Garoña en medio de la profunda crisis sistémica, de modelo y de aumento de costes que atraviesa la economía española. Se puede incluso llegar a pensar que el presidente del Gobierno -nacido y crecido física e intelectualmente en una zona minera como León que siempre consideró a lo nuclear y eléctrico como el enemigo número uno del carbón como fuente energética, pese a haber dejado de ser competitivo hace decenas de años-, ha preferido anteponer supuestos y muy dudosos intereses electorales a los de la realiad económica de un país que nunca ha tenido independencia energética y que cuenta con los coste variables de combustibe más caros de su entorno geográfico. Ni siquiera ha tenido en cuenta las fuertes presiones dentro del propio Partido Socialista que reclaman mayor coherencia y responsabilidd ante la crisis actual. O de las organizaciones empresariales que le suplicaban, al menos, aplazar la decisión hasta la apertura y cierre de un debate esclarecedor sobre la energía nuclear.

Hay algún político del PSOE que dice en privado que fueron precisamente esas impresionantes presiones -especialmente las de Felipe González, un político flexible que entró en Moncloa como anti nuclear y anti OTAN y salió de ella como un firme atlantista y un convencido defensor de la energía nuclear- lo que más ha irritado al actual secretario general del PSOE. Bien es cierto que Zapatero, probablemente por clara conveniencia política (en cinco años estaremos a punto de entrar en unas legislativas en las que, si continúa en Moncloa, podrá presumir de cumplidor y de coherencia programática), ha prorrogado en tres años el funcionamiento de la central, ya que la vida útil anterior finalizaba el año que viene. Pero es precisamente esta prórroga parcial la que más molesta a sus críticos, ya que de hecho Zapatero ni cumple a rajatabla su promesa electoral ni admite las recomendaciones del CSN que, tras imponer ciertas mejoras y actualizaciones técnicas a la central por motivos de seguridad, consideraba seguro que Garoña funcionara diez años más.

Otro punto vulnerable de la solución finalmente aceptada es que no se han tenido en cuenta, de hecho, los perjuicios económicos provocados por la decisión y no precisamente nos referimos a los de las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, que a través de la sociedad explotadora Nuclenor ya han anunciado que reclamarán daños y perjuicios. La potencia instalada de la primera central nuclear que funcionó en España es de 450 MW y al coste del kilowatio actual, se estima que el lucro cesante provocado por su cierre es de más de 2.600 millones de euros en diez años, que es precisamente lo que dejarán de ingresar las dos empresas a los precios que hoy tiene la electricidad. Es cierto que estas pérdidas se reducirán en unos 420 millones por la prórroga de dos años en la vida útil, pero eso sólo hace incrementar la falta de lógica de su decisión ya que cabría preguntarse por qué dos o tres años más y no los diez demandados por el CSN.

Pero, además, habría que considerar el coste de sustitución en el sistema eléctrico de sus 450 MW de potencia instalada. Inicialmente, y dada la crisis existente en consumo y producción eléctrica, derivada de la caída de la demanda, no habrá grave problemas de desabastecimiento al sistema. Los generadores fotovoltaicos, los autogeneradores y los ciclos combinados, prácticamente parados en la actualidad, sustituirán de inmediato cuando cierre Garoña. Pero gran parte de ese tipo de energía -todos lo saben- es cara, está subvencionada y depende de las condiciones climáticas en los dos primeros casos. Hasta se podría decir que, dentro de cuatro años, cuando se materialice el cierre, habrá más posibildidades de sustitución aunque habrá que analizar entonces a qué coste, ya que incluso puede ser muy superior. Con todo, un cálculo aproximado del sector estima ahora en más de 10.000 millones de euros la factura. Pero, sin duda, el dislate se produce en la ignorancia de las consideraciones globales para el futuro de la competitividad española que sugiere el abandono paulatino de la energía nuclear. Será en total una cifra más que respetable que en estos tiempos de escasez de liquidez y de proyectos industriales rentables puede resultar hasta obscena.

¿Tan sobrados estamos en este país para pagar un precio tan elevado por un "capricho" electoral? Y, lo que es peor, ¿podemos estar hoy en una España sin rumbo y sin modelo al margen de la energía nuclear? Zapatero debería preguntárselo a Sarkozy. No creo que la respuesta le vaya a gustar mucho.