Monitor ibérico

S&P re­baja tam­bién la pers­pec­tiva de la deuda pú­blica lusa

Obstáculos administrativos y financieros entorpecen las grandes obras en Portugal

La opo­si­ción con­ser­va­dora exige a Sócrates cau­tela y dis­ci­plina fiscal

Lisboa
Lisboa

La ri­va­lidad entre el Partido Socialista (PS) de José Sócrates, que se quedó sin la ma­yoría ab­so­luta tras las elec­ciones del mes de sep­tiem­bre, y el Partido Social Demócrata (PSD) de Manuela Ferreira Leite, que li­dera la opo­si­ción, man­tiene un clima de in­cer­ti­dumbre en torno al fu­turo de los grandes pro­yectos de in­fra­es­truc­turas pro­gra­mados por los so­cia­lis­tas. Y eso no es todo: además de la opo­si­ción del PSD di­ri­gida prin­ci­pal­mente contra la cons­truc­ción de los tramos lusos del AVE Lisboa Madrid, ahora es tam­bién la ad­ju­di­ca­ción de media do­cena de nuevas au­to­pistas la que está siendo cues­tio­nada por el Tribunal de Cuentas (TC). En ambos los ca­sos, las obras pre­vistas cuentan con una fuerte par­ti­ci­pa­ción es­pañola, de cons­truc­toras y con­ce­sio­na­rias. Los pro­blemas fi­nan­cieros del país salen tam­bién a flote, tras la de­ci­sión to­mada por Standard and Poors (S&P), que re­bajó el "outlook" de la deuda pú­blica lusa de "estable" a "negativo", que es lo mismo que pasa a la deuda es­pañola.

Al margen de los problemas relacionados con la construcción de los dos tramos lusos del AVE Lisboa-Madrid (entre Lisboa y Poceirao y entre Poceirao y la frontera española de Caya), cuyos procesos de adjudicación tuvieran que ser aplazados durante la última campana electoral pero que volvieran a la "normalidad" tras la victoria del PS, es principalmente la construcción de las nuevas autopistas planeadas por el gobierno de José Sócrates la que está muy comprometida. Y en este caso, la culpa la tiene el Tribunal de Cuentas (TC), que ya denegó su imprescindible y previo visto bueno a cuatro proyectos, todos ellos ya adjudicados por la concesionaria publica Estradas de Portugal (EP), y algunos de los cuales están ya en una fase avanzada de construcción, y que podrán tener así ahora serios problemas de financiación bancaria.

Lo que dice el TC es que no es de recibo que las obras hayan sido adjudicadas a las grandes  constructoras lusas y españolas como Mota Engil, Soares da Costa, Edifer, Somague (Sacyr) y Dragados a un precio superior al previsto inicialmente en los contratos firmados con EP.  Y eso no es todo. El TC critica también que la concesionaria publica no haya accionado el mecanismo legal del "comparador público", que es necesario para determinar que la obra adjudicada a una constructora privada no podía ser ejecutada directamente por la administración en condiciones de precio más favorables para las finanzas publicas. Con el sistema actual, EP es la concesionaria exclusiva de la red de carreteras y autopistas, y lo que hace es firmar sub-concesiones con las constructoras privadas,  que asumen así los riesgos financieros de la operación y que solo al término de un plazo de cinco años empiezan a cobrar del Estado una renta anual por la inversión realizada, la gestión y el mantenimiento de las autopistas.

Los fallos negativos del TC afectan hasta ahora los concursos públicos adjudicados a las constructoras nacionales Mota-Engil y Soares da Costa y al consorcio luso-español formado por Edifer y Dragados, este último con tres autopistas contratadas, Transmontana, Douro Interior y Algarve Litoral. Para el nuevo ministro de las Obras Publicas Antonio Mendonça, la reacción del TC no afectara gravemente el desarrollo de los proyectos, algunos de los cuales están ya en una fase avanzada, y intenta desdramatizar la situación hablando de "simples contratiempos". Así, EP y el ministerio de las Obras Publicas tienen ya tienen preparados sendos recursos contra la decisión del TC, explicando principalmente que los  cambios a la alza de los precios finales de las obras adjudicadas están justificados por la crisis financiera mundial, que provocó un incremento de los costes de financiación de las obras.

Sin embargo, las constructoras afectadas por las decisiones negativas del TC no esconden su preocupación. El consorcio luso-español Edifer/Dragados, por ejemplo, previene que a falta de una solución rápida y positiva no tendrá más remedio que paralizar la construcción ya iniciada de la autopista Baixo Alentejo y aplazar las obras de la autopista Algarve Litoral que tenía previsto iniciar en próximo mes de Enero. Lo mismo que Mota Engil y Soares da Costa, Edifer-Dragados tiene las manos atadas: la financiación de las obras, por centenares de millones de euros, pasa por sindicatos bancarios internacionales, los cuales condicionan la concesión de nuevos préstamos a la solución de los problemas legales y así al "visto bueno" previo del TC.

La fíliale lusa de Sacyr, Somague, también desarrolla una infraestructura viaria de gran calado, la perforación del túnel del Marao (350 millones de euros de inversión), en la cual trabajan casi un centenar de empresas, y que pese a no estar afectada por los fallos negativos del TC enfrenta igualmente dificultades: la obra lleva paralizada ya un par de semanas, pero por cuestiones ambientales, que según los responsables del proyecto quedarán solucionados rápidamente.  Sin embargo, Somague tiene adjudicada igualmente la construcción de la autopista Litoral Oeste, y lo más probable es que tampoco tendrá el visto bueno del TC, por los mismos motivos apuntados a los proyectos de Mota-Engil, Soares da Costa y Edifer-Dragados.

Así, aunque Antonio Mendonça tenga razón al hablar de "simples contratiempos" que no pondrá en peligra la construcción de los 1.500 kilómetros de nuevos carreteras y autopistas previstos para los tres próximos años, y que según el gobierno va a crear más de 70.000 empleos, la idea que queda es que las grandes obras nunca es un tema pacifico en Portugal. Inclusive cuando han sido ya adjudicadas, como ocurre con las nuevas autopistas o con los concursos abiertos para la construcción del AVE Lisboa-Madrid.  Y ahora, ante los fallos negativos del TC, es también la imagen de Portugal que queda en entredicho, sobre todo entre la gran banca internacional que financia los proyectos y que tiene ahora un motivo más para reconsiderar su intervención: la idea transmitida por S&P de que Portugal en crisis y con más de 8% de déficit tiene un problema con su deuda pública, que ya casi alcanza el 100% del PIB.

 

 

 

 

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