ENERGÍA

Convalido el Decreto Ley sobre el défcit tarifario con la abstención del PP

El Pleno del Congreso de los Diputados con­va­lidó hoy con los votos fa­vo­ra­bles de PSOE, CiU y PNV y la abs­ten­ción del PP el Decreto Ley que per­mi­tirá la eli­mi­na­ción del dé­ficit ta­ri­fario y la crea­ción de un bono so­cial para los clientes más des­fa­vo­re­ci­dos, al tiempo que re­chazó su tra­mi­ta­ción como pro­yecto de ley, so­li­ci­tada por el grupo par­la­men­tario de ERC-IU-ICV. La nueva norma pros­peró con 181 votos a fa­vor, 147 abs­ten­ciones y seis votos en con­tra, mien­tras que la tra­mi­ta­ción como pro­yecto de ley fue re­cha­zada por 180 votos en contra y 139 abs­ten­cio­nes. Sólo 15 dipu­tados la res­pal­da­ron.

Emplazamiento al PP

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró que el déficit tarifario, cifrado en más de 14.000 millones de euros, supone un problema de Estado "irracional e insostenible" que pone en peligro el suministro energético, lo que justifica el carácter "extraordinario y urgente" del Decreto Ley que avala su solución y el lanzamiento del bono social.

   Sebastián aseguró que se garantiza la sostenibilidad y competitividad del sector, reconociendo de "manera equilibrada" cuestiones reclamadas por las eléctricas, al tiempo que las "compromete" con la minoración de determinados costes de la tarifa y la puesta en marcha de las inversiones necesarias.

   "Es responsabilidad del Gobierno garantizar que la restricción del crédito no perjudique las inversiones del sector energético en el medio y largo plazo", señaló el ministro, quien recordó que la entrada en vigor a partir del 1 de julio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) hacía necesario acelerar la solución a estas cuestiones para "proteger a los consumidores".

   Según Sebastián, el déficit ponía en riesgo incluso el 'rating' de las compañías eléctricas y repercutía muy negativamente en las más de diez mil pymes proveedoras de las grandes compañías. En este sentido, defendió que las medidas anteriores para la solución del déficit eran "insuficientes" en la coyuntura actual de los mercados financieros.

PP DICE QUE EL DÉFICIT CON AZNAR ERA "MUY PEQUEÑO"

   Por su parte, el portavoz adjunto de Economía del PP, Álvaro Nadal, recordó que en la etapa 'popular' de Gobierno el déficit era "muy pequeño", y lamentó que el Gobierno no haya tomado medidas para reducir los costes, en lugar de cargarlos "en los bolsillos" de contribuyentes y consumidores.

   En este sentido, señaló que las condiciones de las titulizaciones son más favorables para las eléctricas que las que se pusieron "para los avales de la banca". "No tiene ni el más remoto parecido, esto se da gratuitamente", incidió Nadal, quien lamentó además el régimen "draconiano" aplicado a las renovables.

CIU: "QUEDA EN EL AIRE EL BONO SOCIAL".

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, expresó el apoyo de su grupo a una norma que aborda un aspecto "urgente" del sector energético, aunque lamentó que quede "un poco en el aire" la distribución del bono social, así como en lo referente a la energía nuclear y su vinculación con la vida útil de las centrales, por lo que ofreció el apoyo de su formación "para el desarrollo reglamentario" del texto.

   El representante del PNV, Pedro Azpiazu, lamentó que el Decreto se haya transmitido a la norma sin consenso con los grupos parlamentarios, aunque valoró en términos positivos el acuerdo con las eléctricas para solventar el "endémico" déficit tarifario, del que hizo responsable tanto a los Gobiernos del PP como los del PSOE, "que tuvo tiempo para resolver un problema pequeño en sus inicios".        El diputado de ICV Joan Herrera fue el único que utilizó el turno en contra de la convalidación del Decreto, que a su juicio es un "cheque para las eléctricas" que "castiga" a las energías renovables, al tiempo que invade competencias, por lo que recalcó la necesidad de que se tramitara como proyecto de ley.

   Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas reiteró su rechazo a la norma por sus "sin sentidos" que la convierten en un "auténtico serruchazo" al desarrollo eólico en el archipiélago canario, si bien valoró las correcciones introducidas en lo referido a la extrapeninsularidad, aunque mostró sus reservas hasta que se pase por la "prueba del algodón" de los Presupuestos Generales del Estado para 2010.

   El diputado del BNG Francisco Jorquera se sumó a la posición expresada por Joan Herrera, y aunque se abstuvo en la votación al considerar acertado el bono social, solicitó la convalidación como proyecto de ley, ya que considera que se tiene que cambiar la legislación del sector y la urgencia del decreto no está justificada.

   Por último, el portavoz del PSOE, Jesús Alique, celebró el final del "perverso" déficit financiero, y apeló a la responsabilidad del resto de grupos para apoyar una "medida de Estado". "Esta medida es coherente con los principios básicos de la política energética y el nuevo modelo de crecimiento económico", remachó.  

UNA COMISIÓN INTERMINISTERIAL GESTIONARÁ LA TITULIZACIÓN

   El texto del decreto estima que las medidas aprobadas "deben permitir reactivar y relanzar las inversiones en el sector energético", ya que solucionará "no sólo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema".

   El decreto fija el 1 de enero de 2013 como la fecha en la que se satisfará la totalidad de los costes regulados y se dejará de generar déficit 'ex ante'. Hasta ese momento, el déficit no podrá superar los 3.500 millones en 2009, los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012.

   La financiación del déficit se realizará a través de un nuevo Fondo de Titulización, que se creará con informe previo del Ministerio de Economía y que asumirá derechos de cobro de hasta 10.000 millones de la deuda anterior a 2009. Su gestor se decidirá a través de una Comisión Interministerial. Además, durante este ejercicio aportará avales por otros 10.000 millones como máximo.

   El decreto aprovecha para reformular el peso proporcional de las empresas que se encargan de financiar el déficit. Gas Natural y E.ON entran en la lista, de la que sale Elcogás, con lo que la distribución queda de la siguiente forma: Endesa (44,16%), Iberdrola (35,01%), Unión Fenosa (12,84%), Hidroeléctrica del Cantábrico (6,08%), E.ON (1%) y Gas Natural (0,91%).

**BONO SOCIAL **

   El Gobierno tiene previsto fijar "un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar" para delimitar los consumidores con derecho a percibir el nuevo bono social eléctrico, cuya financiación correrá a cargo de una docena de compañías eléctricas y se revisará al menos cada cuatro años.

   El bono social cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y un valor de referencia que se llamará "tarifa reducida". La financiación será "compartida" por doce empresas, pero la mayor carga corresponderá a Endesa (36,7%), Iberdrola (34,9%), Unión Fenosa (10%), Gas Natural (3,5%) e Hidroeléctrica del Cantábrico (3,5%).

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, había emplazado el miércoles al Partido Popular para que apoye la convalidación del Decreto Ley con medidas para el sector energético que, según el Gobierno, permitirá "poner fin" al déficit tarifario (estimado en más de 10.000 millones de euros), ya que evitará que las tarifas eléctricas "graven a las generaciones futuras". Sorprendentemente,   los 'populares' se han resistido a dar su apoyo y  han denunciado el incremento de la factura que supondrá la entrada en vigor de la norma, que será votada hoy en el Congreso para su necesaria convalidación.

Durante su segunda intervención ayer ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Salgado aseguró que el Decreto Ley sobre el régimen tarifario que hace dos semanas aprobó el Consejo de Ministros, es "muy recomendable" ya que incorpora además la puesta en marcha del llamado "bono social" para cinco millones de familias.

En respuesta, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, incidió en que habrá un "incremento de tarifas" detrás del bono social, al tiempo que coloca a las energías renovables en una "inseguridad completa". Asimismo rechazó que se ampare con esta norma las plusvalías de las empresas que han invertido en el sector eléctrico.

Sin embargo, el PP aún no ha clarificado su postura en la votación de hoy, así como si votará a favor de su tramitación como proyecto de ley del decreto, que fija el 1 de enero de 2013 como la fecha en la que se satisfará la totalidad de los costes regulados y se dejará de generar déficit 'ex ante'.

Hasta ese momento, el déficit no podrá superar los 3.500 millones en 2009, los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012.

FONDO DE TITULIZACIÓN PARA EL DÉFICIT.

La financiación del déficit se realizará a través de un nuevo Fondo de Titulización, que se creará con informe previo del Ministerio de Economía y que asumirá derechos de cobro de hasta 10.000 millones de la deuda anterior a 2009. Además, durante este ejercicio aportará avales por otros 10.000 millones como máximo.

El decreto aprovecha para reformular el peso proporcional de las empresas que se encargan de financiar el déficit. Gas Natural y E.ON entran en la lista, de la que sale Elcogás, con lo que la distribución queda de la siguiente forma: Endesa (44,16%); Iberdrola (35,01%), Unión Fenosa (12,84%), Hidroeléctrica del Cantábrico (6,08%), E.ON (1%) y Gas Natural (0,91%).

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