Dos ase­gu­ra­do­ras, una co­rre­duría y dos bancos son cas­ti­gados

La fiebre sancionadora de Hugo Chávez en Venezuela llega a Mapfre

Multa al grupo es­pañol con 41.300 bo­lí­vares "por haber in­cum­plido con la pres­ta­ción del ser­vi­cio" en una ope­ra­ción qui­rúr­gica

Mapfre
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La mejor prueba de cómo se las gasta Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela es la Gaceta Oficial, el equi­va­lente al BOE es­pañol. En su nú­mero 39.594 pu­blica san­ciones a dos com­pañías de se­gu­ros, entre ellas la fi­lial del grupo Mapfre; una co­rre­du­ría; y a dos ban­cos. Más la in­ter­ven­ción sobre una casa de Bolsa, una em­presa y dos so­cie­dades mer­can­ti­les. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora san­cionó a Mapfre La Seguridad por 41.300 bo­lí­vares "por haber in­cum­plido con la pres­ta­ción del ser­vicio de carta aval, con oca­sión de una in­ter­ven­ción qui­rúr­gica" a la que sería so­me­tida la hija de una ciu­da­dana ve­ne­zo­lana en el año 2009.

A Seguros Ávila, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora le impone una multa de 20.650 bolívares por el retraso "en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales" frente a otra ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. También ha sancionado a Corretaje 76 por una duración de tres meses por incumplir con la obligación establecida en el artículo 160 del Reglamento general de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Esa norma indica que "los productores de seguros sólo podrán usar para el cobro de primas los recibos emitidos por las empresas aseguradoras" y que "las sumas recaudadas deberán ser entregadas a las empresas aseguradoras al contado dentro de un plazo de 15 días consecutivos siguientes al último día del mes que se hubiere efectuado el cobro, en el caso de las sociedades de corretajes de seguro".

Por su parte, la Superintendencia de Bancos (Sudaban) resolvió multar al Banco Sofitasa y al Banco de Guayana por "incumplimiento del porcentaje dedicado a los créditos destinados al sector agrícola". Un argumento que ha ido utilizado en varias ocasiones para castigar al BBVA Banco Provincial. Ese porcentaje, establecido en el artículo 5 de del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, del 31 de julio de 2008, es cambiado cada mes y estaba entre el 20% y el 22% en el período que va de mayo a agosto de 2010. Sofitasa dedicó entre el 7,62% y el 9,90% de su cartera a los créditos agrícolas esos meses, mientras que en el caso del Banco de Guayana fue de entre 16,36% y el 15,82% en el mismo tiempo.

Las multas fueron del 3% del capital desembolsado de Sofitasa, que se traduce en 1,8 millones de bolívares fuertes, y del 2,5% en el caso del Banco Guayana, que supone 2,2 millones. Los bancos tienen 15 días hábiles para pagar la multa.

Además, la Gaceta Oficial 39.594, fechada el 14 de enero, incluye una resolución por la que se interviene la sociedad mercantil General Rent A Car**, **nombrando a los "ciudadanos y ciudadanas" que actuarán como interventores. Esta sociedad, dedicada a la compra, venta y alquiler de vehículos, era propiedad de Luis Alberto Cruz Guarenas, empresario que presidía la junta directiva de Baninvest Banco de Inversión. También era accionista del Grupo Empresarial Tamanaco y de Industrial La Raisa, empresas sobre las cuales pesan medidas extraordinarias de aseguramiento de bienes. Baninvest fue intervenido con cese de intermediación financiera en diciembre de 2009 y liquidado en enero de 2010, "producto de una brecha negativa entre los activos liquidables y pagos exigibles, lo que evidenció su imposibilidad de cubrir sus obligaciones", según el Gobierno de Hugo Chávez.

Sudeban ordenó también la intervención de Servicios Costa Afuera, una empresa dedicada a la instalación, mantenimiento y demás requerimientos en taladros, plataformas, gabarras, naves, buques, entre otros. Esta compañía pertenece a la sociedad mercantil Argyle Leisure Fund, presidida por Arné Chacón Escamilla, que Baninvest hasta mayo de 2009 y luego el Banco Real, y sobre sus bienes pesa una medida de aseguramiento.

Otra resolución informa de la intervención del Grupo de Inversiones Canarias. Sudeban ordenó esa medida debido a que está relacionado con el Banco Canarias de Venezuela, institución cuya liquidación fue ordenada en noviembre de 2009.

Y una cuarta resolución que no sólo supone la intervención de Cedel Casa de Bolsa, sino que implica el cese de sus operaciones propias en el mercado de valores. La medida obedece a la detección de "presuntos incumplimientos del manual de contabilidad y plan de cuentas, y otras situaciones que podrían implicar incumplimiento a las normas sobre actividades de intermediación de corretaje y bolsa". La Superintendencia determinó que tales irregularidades apuntan a que la casa de bolsa "podría encontrarse en una situación difícil de la cual se podría derivar un perjuicio grave para los accionistas, acreedores y clientes".

El 5 de mayo de 2009, "por incumplimiento a los afiliados con respecto a la entrega de sus vehículos siniestrados", el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios aplicó una medida "preventiva" de "cierre por 48 horas" de las oficinas de Mapfre y de Proseguros en el municipio de San Felipe, y de la de Seguros Nuevo Mundo en Independencia, todos en el estado de Yaracuy.

Entonces, el ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán, explicaba que, hasta esa fecha, la mayoría de las denuncias que llegaban al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se debían al incumplimiento de las compañías de seguros tanto en las reparaciones de los vehículos como en el pago de los siniestros.

Las aseguradoras alegan que necesitan tiempo para cumplir con sus clientes, pero el Gobierno de Hugo Chávez considera que un retraso superior a los seis meses era inaceptable, adoptando la comentada medida "preventiva". Además, las oficinas de las compañías de seguros afectadas "no poseían la documentación pertinente, como el contrato de afiliación de los asegurados, la inscripción ante la Superintendencia Nacional de Seguros y ante el Registro Mercantil". Los representantes de las aseguradoras alegaron que esa documentación se conservaba en las oficinas principales.

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