ANÁLISIS

Las cajas se revuelven contra el Banco de España

Según un es­tudio fi­nan­ciado por FUNCAS la ma­yoría de ciu­da­danos cri­tica la labor de su­per­vi­sión del Banco de España

El Banco de España sigue em­pu­jando para ace­lerar al má­ximo el pro­ceso de sa­nea­miento de las ca­jas. Aunque el pre­si­dente del Gobierno de­cla­raba este lunes al Financial Times que el primer ob­je­tivo para la re­ca­pi­ta­li­za­ción de las cajas era que acu­dieran a los mer­cados pri­vados de deuda, y sólo cuando no pu­dieran con­se­guirlo in­ter­ven­dría el apoyo pú­blico, el Banco de España ya ha hecho sus pri­meros cálcu­los. Y los ha en­viado a Economía, que es el in­ter­lo­cutor na­tural de Bruselas, para que el Ejecutivo co­mu­ni­tario de el visto bueno a la re­ca­pi­ta­li­za­ción del sector que no lo pueda hacer de forma pri­vada, con ayuda pú­blica. Este pro­ceso se está lle­vando a cabo al tiempo que se ha co­no­cido un es­tudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros según el cual la ma­yoría de la so­cie­dad, el 57 %, con­si­dera que las in­yec­ciones de di­nero pú­blico no con­tri­buyen a sa­near las en­ti­dades fi­nan­cie­ras. Y más im­por­tante to­davía es el nú­mero, un 67 por ciento, de quienes cri­tican la labor de su­per­vi­sión del Banco de España.

Esta mayoría cree que el supervisor ha faltado a su deber de vigilancia y previsión, lo que ha permitido que las entidades se hayan endeudado en exceso, tal y como recogen las conclusiones del libro "Alerta y desconfiada: la sociedad española ante la crisis", presentado este lunes por el director del trabajo, el sociólogo Víctor Pérez Díaz.

Coincide la presentación del trabajo en el que se recogen las críticas abiertas de los ciudadanos a la labor de supervisión del Banco de España con la filtración de las diferencias internas que se están produciendo entre altos consejeros ejecutivos de la entidad y directivos de la misma destinados a la gestión de la Caja de Castilla La Mancha cuyo actuación han admitido investigar los tribunales.   

Pero estas críticas a la labor supervisora no exoneran a los directivos de las entidades de sus propias responsabilidades. Es más una mayoría muy amplia, el 83 %, según los datos del estudio mencionado, responsabiliza a los directivos de las propias entidades falta de prudencia en la concesión de créditos y confían poco en su capacidad para hacer frente a la crisis.

En el acto de presentación del estudio, el presidente de Caja Madrid y ex vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, Rodrigo Rato, ha sentenciado que las cajas que hayan recibido préstamos públicos son responsables de acelerar su transformación y reestructuración en entidades más viables. El objetivo es que todo el sector esté preparado para que cuando la economía crezca fluya el crédito.

Rato ha aprovechado la oportunidad para recordar tiempos mejores para la credibilidad española, cuando el bono alemán estaba a poco más de 10 puntos básicos. Era su época de vicepresidente económico del Gobierno. Pero según Rodrigo Rato las condiciones han cambiado. El diferencial entre el bono español a diez años y el ‘bund' alemán no volverá a ser de diez puntos básicos.

Repite de nuevo su idea de que la reforma de las cajas de ahorros van a un ritmo acelerado si se tiene en cuenta que la ley del sector no se ha cambiado hasta julio de 2010 y no se empezó a aplicar hasta el mes de septiembre.

El vicepresidente aprovechó para criticar a políticos y medios de comunicación. Según Rato la sociedad española no está ofuscada y quiere entender si se le explican las cosas. Pero la mayoría no se siente bien informada ni por los políticos ni por los medios de comunicación, añadió.

El estudio se basa en los datos de dos encuestas distanciadas en el tiempo un año. La primera fue realizada en septiembre/octubre de 2009 y la segunda en octubre de 2010, a 807 personas en la primera ocasión y 811 en la segunda. La edad de los encuestados oscila entre 18 y 75 años y se ha realizado en toda España, incluidas Canarias y Baleares.

En cuanto a la hora de asumir responsabilidades, más de tres de cada cuatro ciudadanos consideran prioritario reducir el déficit público, pero no está claro como conseguirlo, salvo en una partida, la reducción de gastos de personal. Siete de cada diez apoyan recortar gastos de personal de las administraciones públicas. En cambio no aprueban reducir la inversión en infraestructuras, recortar el gasto social o aumentar los impuestos.

Una mayoría aceptaría la intervención. Hasta el 84 % está de acuerdo con que la Unión Europea ejerza cierto control sobre el presupuesto público de un país que no sea capaz de recortar su déficit público en un tiempo razonable.

 

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