El PP con­si­dera un 'desatino' el re­ciente Real Decreto apro­bado en el úl­timo Consejo de Ministros

Rajoy reformará el Fondo de Garantía de Depósitos modificado por Salgado hace una semana

Promoverá la fi­nan­cia­ción ma­yo­rista y las en­ti­dades apor­tarán re­cursos de acuerdo con su nivel de riesgo

Mariano Rajoy y Elene Salgado
Mariano Rajoy y Elene Salgado

El Partido Popular trata de dejar claro que las úl­timas mo­di­fi­ca­ciones del Fondo de Garantía de Depósitos, rea­li­zadas en Consejo de Ministros el pa­sado vier­nes, se han hecho al margen de su pro­yecto. El di­seño de la vi­ce­pre­si­denta eco­nó­mica del Gobierno, Elena Salgado, nada tiene que ver con el mo­delo que llevan en su pro­grama elec­toral y con los di­versos es­tu­dios en­car­gados a los ex­pertos que ser­virán para llevar a cabo su re­forma. La pri­mera sos­pecha con la que tra­bajan los po­pu­lares es que el Real Decreto Ley (RDL) por el que han creado el Fondo de Garantía de Depósitos de en­ti­dades fi­nan­cie­ras, trata de fi­nan­ciar las nuevas ope­ra­ciones del FOB II ante la in­ca­pa­cidad de ob­tener re­cursos en el mer­cado. Y se pre­guntan a quién se le ocurre fi­nan­ciar de esta forma el del­ciado res­cate de bancos y cajas en di­fi­cul­ta­des.

Recuerdan que las ayudas al FROB I se concedieron a cinco años prorrogables a siete, lo que ya ha supuesto un coste. Los expertos del PP advierten de que el primer problema llegará cuando cumplan los vencimientos de las emisiones. Algo que se va a producir en enero del 2014, cuando venza la segunda emisión. Para el PP, no puede haber mayor desatino que el que ya han generado desde el PSOE. Si las ayudas se conceden a cinco años, prorrogables a siete, ¿cómo se les ocurre endeudarse a tres?

El segundo problema se producirá cuando las primeras ayudas se puedan devolver y para eso hay que ir más allá del 2015. La conclusión es clara, el Real Decreto se ha decretado ahora porque no hay dinero para las entidades víctimas del RDL de recapitalización el 2/2011.

También se habla de pérdidas netas ocasionadas por operaciones del artículo 9 del RDL 9/2009, relativas a las SIP o fusiones viables. La viabilidad la determinó a lo largo del 2010 el Banco de España y el propio FROB, cuyo presidente, conviene recordar, es el subgobernador, Francisco Javier Aríztegui. Si esas operaciones, se preguntan los populares, eran viables en el 2010 ¿cómo es posible que ya no lo sean en el octubre del 2011?

Populismo caro para los constribuyentes

Según la documentación manejada por el Partido Popular es un argumento populista decir que el sistema financiero debe pagar sus propias pérdidas, pero no puede ser la justificación de un Real Decreto Ley. Y lo explican porque el sistema financiero no tiene personalidad jurídica y por lo tanto no puede ser responsable de nada.

Segundo, porque si el Estado se resarce de las pérdidas del FROB con las aportaciones futuras al último FGD, lo van a pagar los que las han generado y los que no, que también contribuyen al FGD. Si realmente se quiere que quien lo haya hecho lo pague, deben exigir responsabilidades a los gestores que se están yendo de rositas con indemnizaciones multimillonarias.

Así, los expertos consultados por el Partido Popular entienden que la señal que se ha enviado al mercado de capitales por la decisión de Elena Salgado no es nada buena. Primero porque la cantidad de la que dispone el Fondo de Garantía de Depósitos es muy pequeña y con las aportaciones anuales se tardarán 20 años para que el Estado pueda recuperar todas las pérdidas del FROB. Segundo, porque nuevamente se vuelven a improvisar soluciones alternativas a las que se están preparando o aplicando ya en toda Europa.

Los consultores consideran que el mercado no va a interpretar que hay problemas de consolidación fiscal, sino que España va a su aire sin concertar las medidas. Recuerdan que esto es lo que precisamente conducirá al fracaso, como ocurrió con la última emisión en julio pasado, emisión de la que sólo se cubrieron 1.750 millones de los 3.000 solicitados.

Los populares concluyen que resultaba necesario reformar el FGD, pero no en el sentido en el que se ha hecho. Le reforma, reiteran, tendrá que buscar amplia financiación mayorista y ponderando el riesgo de las entidades.

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